Mucho ruido y pocas nueces. La Corriente Federal denuncia los aumentos de tarifas, pero mantiene la tregua con el Gobierno

El 10, 11 y 12 de mayo empiezan las audiencias públicas para tratar los aumentos en las tarifas de luz y de gas, que regirán a partir del 1° de junio. El nuevo esquema tarifario que el Gobierno busca implementar, se sumará al aumento del 20% que ya sufrieron todos los usuarios de gas y luz en el mes de marzo. Por otro lado, esta nueva iniciativa, que apunta a la reducción de los subsidios, es parte de las medidas que impuso el FMI, en el acuerdo de facilidades extendidas.

El oficialismo quiere encubrir esta medida de ajuste, hablando de una segmentación de los aumentos. En el esquema ideado por Martín Guzmán, los hogares que hayan registrado ingresos superiores $ 314.000 en marzo quedan excluidos de todo tipo de subsidios -no estamos hablando precisamente de gente rica.

Pero esto no empieza hoy: la realidad es que el conjunto del pueblo trabajador viene perdiendo año tras año, mientras las empresas privatizadas siguen ganando sin invertir un solo dólar siquiera en mejorar los servicios. Durante el macrismo, se soportaron aumentos de más de 3000% en las tarifas y en lo que va del mandato del Frente de Todos, lejos de retrotraer esos aumentos, continúan incrementándose las tarifas.

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Este lunes, un día antes del comienzo de las audiencias, la Corriente Federal de Trabajadores de la CGT y la CTA (kirchneristas) difundió una solicitada exhortando “al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano”.

Además, denuncian que “el conjunto de las y los argentinos hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI. Ese endeudamiento con el Fondo es el que utilizaron las principales empresas del sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial que emitiera en el 2020 el BCRA. Financiaron la fuga de capitales con el préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto”.

Esta afirmación del sector sindical kirchnerista es -al menos- contradictoria. A pesar de exponer muy claramente que la deuda se tomó (entre otras cosas) para financiar la fuga de capitales y no en beneficio del pueblo, los diputados y dirigentes gremiales Hugo Yaski (CTA) y Sergio Palazzo (bancarios, Corriente Federal), lejos de rechazar el acuerdo con el FMI en el Congreso, se abstuvieron.

Recordemos que la Corriente Federal dirige importantes sindicatos, como el SMATA (metalmecánico) y Asociación Bancaria y está presente en otros gremios; sin embargo, esta solicitada, no viene acompañada de poner en juego la fuerza de los trabajadores para enfrentar los aumentos.

El escrito difundido en los medios de comunicación, parece servir mucho más para diferenciarse en la disputa de poder interno del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, que para organizar una verdadera fuerza social que enfrente estas medidas antipopulares. Qué distinto sería si convocaran a asambleas en los lugares de trabajo para votar medidas de lucha contra la suba de las tarifas y contra todas las medidas de ajuste. En cambio, estos sectores se mantienen dentro de la coalición de Gobierno sin convocar acciones de lucha que lo enfrenten, y avivan este tipo de denuncias, para despegarse, pensando en la próxima disputa electoral.

Por otro lado, hablan de buscar un "equilibrio" donde las empresas privatizadas de servicios públicos -que denuncian como fugadoras- puedan tener ganancias "justas y razonables" y no "ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los últimos años". ¿Qué puede haber de justo y razonable en las ganancias de un sector que se enriqueció a costa de la privatización de los servicios públicos durante el menemismo? Y que, luego, se benefició durante años con subsidios millonarios por parte del Estado, y con cada nuevo aumento de tarifas, sin invertir mejorar los servicios prestados.

Es necesario que las centrales sindicales rompan la tregua con el Gobierno y convoquen a los trabajadores a poner en pie un verdadero plan de lucha que enfrente los nuevos aumentos y el ajuste en curso. Por otro lado, para tener servicios públicos de calidad y accesibles a todos los hogares del puebo trabajador y de las mayorías populares, se necesita pelear por quitar los recursos energéticos de las manos de privatizadas como Edesur, Edenor, Metrogas, y otras, reestatizarlos y mantenerlos bajo control de sus trabajadores y usuarios populares.