AUTORITARISMO JUDICIAL EN BRASIL. La Corte Suprema brasileña negó otra vez la libertad a Lula

La Segunda división de la Corte Suprema brasileña (STF) trató dos pedidos de habeas corpus presentados por el expresidente Lula da Silva, que se encuentra preso arbitrariamente hace 444 días.

En el primer caso, el pedido de libertad fue rechazado por 4 votos contra 1. Este resultado casi unánime fue un aval a la decisión del juez Félix Fischer, del Superior Tribunal de Justicia (STJ), cuestionada por su carácter unipersonal y “monocrático”.

En el segundo caso, la iniciativa del juez supremo Gilmar Mendes que pedía la libertad “provisioria y liminar” de Lula mientras se evalúa la actuación del juez Sérgio Moro, también fue rechazada, con un resultado más ajustado, 3 a 2.

La Corte no decidió sobre el “mérito” de la parcialidad de Moro en el juicio de Lula, y su tratamiento se postergó por lo menos al segundo semestre.

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Estas decisiones ponen manifiesto que la Corte Suprema sigue blindando el autoritarismo judicial actuado hasta ahora, a pesar de las críticas a la operación Lava Jato.

Divisiones en la Corte Suprema brasileña

Por un lado, la Corte Suprema tiene alas favorables a disminuir los poderes de la operación Lava Jato y de los fiscales, con relaciones con el “gran centro” parlamentario, actuando para que sea la propia Corte Suprema la avanzada del autoritarismo judicial, como prefiere el juez Gilmar Mendes.

Otros sin embargo actúan para blindar la operación Lava Jato y ubicarla como punta de lanza de la escuadra del golpismo.

También hay jueces como Celso de Mello que oscilan entre las dos alas.

En momentos decisivos actuaron todos en favor del autoritarismo y para garantizar los intereses del proyecto golpista, como promover ataques a los derechos laborales, garantizar la prisión de Lula y quitarle al pueblo el derecho de votar a quien quiera proscribiendo autoritariamente su candidatura.

Las decisiones de esta jornada

En el caso de la decisión compacta y uniforme que blindó al STJ, los jueces criticaron la actuación monocrática del juez, pero mantuvieron íntegramente su voto golpista. En el segundo caso, hubo más señales críticas a la Lava Jato, pero el resultado final fue mantener el blindaje.

Estas advertencias críticas a la operación Lava Jato emitidos por Mendes y Mello señalan que una vez más se trata de decisiones políticas que buscan posicionar sus intereses golpistas, por momentos en confluencia y por momentos con roces con la Lava Jato y otros actores.

Los jueces Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski votaron a favor de la libertad de Lula, mientras Carmen Lucia, Edson Fachin y Celso de Mello votaron en contra. Sin embargo, Mendes y Mello no votaron la parcialidad de Moro, solo la libertad provisoria.

Según relataron los medios presentes en el recinto, Gilmar Mendes habría dicho que "Tengo dudas sobre la exención del juez en este proceso". Gilmar habría destacado que la Procuraduría General de la República (PGR), habría informado a la Corte Suprema la semana pasada, que solicitó una investigación policial sobre la autenticidad de los mensajes filtrado por el sitio The Intercept. La PGR concluyó en su parecer, según Gilmar, que "ante la fundada duda jurídica" sobre los mensajes, ellos no deben servir para basar una anulación del proceso de Lula en este momento.

Es decir, Gilmar Mendes quiere que el caso siga y quiere un laudo de la investigación. Pero ¿quién va a investigar la autenticidad de las filtraciones? ¿A quién responde la Policía Federal? A Moro. Se trata de un absurdo que muestra que esa crítica no busca conocer ninguna veracidad sino posicionarlo en su roce con Moro y otras fuerzas del golpismo, que él y toda la Corte Suprema contribuyeron a poner en pie.

Acuerdos y diferencias entre las distintas alas de la Corte Suprema

Las distintas apreciaciones en los dos casos y las señales críticas a la operación Lava Jato no se deben a interpretaciones jurídicas sino a intereses políticos divergentes en la Corte Suprema y sobre cómo conducir el país.

Todos los jueces de la Corte compartieron con Moro, con Bolsonaro, con el presidente de Diputados Rodrigo Maia y con los capitalistas el interés de entregar el país al imperialismo, en una escala superior a la que hizo el PT. Lo mismo con respecto al ataque a los derechos de los trabajadores. La Corte Suprema de conjunto, e incluso los ministros hoy críticos de Moro y de la Lava Jato, actuaron con decisión a favor del golpe, de la prisión arbitraria de Lula y de su proscripción electoral. El propio Mendes fue autor de decisiones monocráticas fundamentales para el avance de la destitución de Dilma Rousseff, como el impedimento de la designación de Lula como Jefe de Gabinete, mientras el entonces juez Sérgio Moro filtraba escuchas entre Dilma y Lula.

El cimbronazo que produjo la divulgación de The Intercept sin dudas debilitó la Lava Jato y contribuyó a que los jueces retomen la discusión del caso del expresidente Lula. Sin embargo, son cuestionables los propósitos que están por detrás de la divulgación selectiva de los mensajes, con la estrategia de minar de a poco a Moro y tal vez preservar parcialmente el resto de la Lava Jato. La trama de jueces y fiscales para la articulación del golpe institucional y el avance sobre los derechos de los trabajadores tiene que hacerse pública.

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Los compañeros del Movimiento Revolucionario de Trabajadores, que impulsan Esquerda Diario en Brasil, defienden "la inmediata libertad a Lula, sin darle ningún apoyo político al PT, que apuesta y confía en la Corte Suprema y el Poder Judicial y abrió camino al golpe institucional con sus alianzas con la derecha tradicional y los sectores más nefastos de la política brasileña". También consideran que "para combatir la reforma previsional hoy y defenderse de todos los ataques impulsados por los mercados, las privatizaciones y otros ajustes neoliberales hay que tener una política independiente de la reaccionaria Lava Jato y el autoritarismo judicial, pilar del golpe institucional y de la agenda neoliberal".