Es la primera vez que se autoriza contra un presidente en ejercicio. Se investigan sobornos y supuesto fraude en un decreto sobre el sector portuario que benefició a la empresa Rodrimar.
Martes 6 de marzo de 2018 10:19
El magistrado de la Corte Suprema (CS) de Brasil, Luís Roberto Barroso, autorizó el levantamiento del secreto bancario que protege las cuentas del presidente golpista, Michel Temer, como parte de una investigación abierta en su contra por supuesto fraude en un decreto del sector portuario.
La investigación apunta a dilucidar si un decreto sancionado por Temer, y que alteró la ley de puertos, benefició a la empresa Rodrimar a cambio de sobornos pagados al partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), que lidera el actual jefe de Estado.
Es la primera vez que la justicia brasileña solicita el levantamiento del secreto bancario de un presidente en el ejercicio de su mandato, que en el caso de Temer comenzó a mediados de 2016 luego del golpe institucional y concluye el próximo 1 de enero de 2019.
El juez Barroso, autorizó prorrogar por dos meses más la investigación, abierta en septiembre del año pasado a petición del entonces fiscal general de la República, Rodrigo Janot, quien ya denunció a Temer en otras ocasiones durante 2017 por otros asuntos relacionados con la corrupción.
Temer envió un comunicado en el que informa que "solicitará al Banco Central los extractos de sus cuentas bancarias" referentes al periodo solicitado por el magistrado de la CS, el cual abarcaría entre 2013 y 2017. En el comunicado, el presidente golpista, señaló que "dará a la prensa total accesos a esos documentos" y resaltó que no tiene "ninguna preocupación" en relación a la información que contienen sus cuentas bancarias.
La decisión del juez Barroso difiere de la opinión de la actual fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, que pidió el levantamiento del secreto bancario solo para algunos de los investigados, entre los que no se incluía a Temer.
El caso se basa en las declaraciones de Joesley Batista, uno de los dueños del grupo JBS, entre otros ejecutivos de la compañía que firmaron un acuerdo de colaboración con la Justicia en el que implicaron a cientos de políticos brasileños de todo el arco parlamentario.
En base a esos testimonios la Fiscalía presentó en 2017 una primera denuncia por corrupción pasiva y una segunda por obstrucción judicial y asociación ilícita contra Temer, quien se convirtió en el primer jefe de Estado en la historia del país en ser acusado por un delito penal en pleno ejercicio del poder.
Sin embargo, en esa ocasión, los cargos fueron rechazados por el Congreso, que debía autorizar o no la apertura de un proceso penal contra un presidente en ejercicio. En aquella ocasión fue notorio como el presidente golpista logró un voto a su favor a cambio de la aprobación de diversos decretos, como la venta de aeropuertos y la flexibilización del trabajo esclavo, convenciendo a aquellos diputados que aún estaban presionados a votar favorablemente a la investigación, a cambiar sus votos.
