El proyecto de Ley de Educación Ambiental provincial, presentado por una diputada del radicalismo, ya obtuvo media sanción. Como estudiantes del nivel secundario y universitario cuestionamos su contenido diseñado por los bloques políticos que en 2019 votaron contra la ley 7722 y fueron promotores de la megaminería contaminante.
Lunes 21 de junio de 2021 12:32
El pasado miércoles se votó en la Cámara de Diputados de la provincia el proyecto de Ley de Educación Ambiental, presentado por la Diputada Tamara Salomón de Cambia Mendoza (UCR). Tiene por objetivo general “la promoción de la concienciación y responsabilidad ambiental en la Provincia de Mendoza” en todos los niveles de la educación obligatoria.
El proyecto presentado adhiere a la Ley Nacional de Educación Ambiental 27.261, que fue votada el 14 de mayo de este año. Uno de los objetivos de esta legislación según la ley nacional es “Propiciar la construcción de visiones críticas y concepciones diversas respecto del modelo de relación que la sociedad moderna establece con la naturaleza”. Por lo cual crea el Consejo para la Educación Ambiental Nacional (CEAN) destinado a la formulación de la política de educación ambiental nacional y el diseño de los lineamientos. Este órgano está conformado por representantes de varios Ministerios, Comisiones, Consejos y la Administración de Parques Nacionales; mientras que los representantes de la sociedad civil serían: ONG con probada trayectoria, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones gremiales docentes, trabajadores de unidades de protección ambiental, trabajadores de recuperadores urbanos y la comunidad científica. La participación civil es uno de los puntos más progresivos del proyecto de ley ya que permite enlazar a distintos sectores de las sociedad con la aplicación de la ley.
🏛️ #MiércolesDeSesión@diputadosmza
Dimos media sanción a la adhesión a la Ley de Educación Ambiental de mi autoría ♻️ estableciendo presupuestos mínimos para la implementación de una política pública en materia de educación ambiental 📚#SeguimosLegislando 😷 @DiputadosMza pic.twitter.com/z9biYU8q5d
— Tamara Salomón (@tamysalomonOk) June 9, 2021
Sin embargo la propuesta de Salomón, que obtuvo la media sanción con 37 votos positivos y uno solo negativo, no especifica en ninguno de sus 6 artículos la participación de entidades sociales que nombramos anteriormente, quitándole el único factor potencialmente transformador. Repudiamos que se busca implementar no sólo sin tomar en cuenta a las agrupaciones civiles con reconocimiento nacional, sino también que no menciona ni tiene en cuenta a las Asambleas por los bienes comunes, las AMPAP de Mendoza, las agrupaciones socioambientales juveniles, los centros de estudiantes, es decir no incluye ni a les estudiantes para quienes está planteada la ley.
Lejos de una participación popular que garantice “la construcción de una visión crítica y concepciones diversas respecto al modelo de relación moderna que la sociedad moderna establece con la naturaleza”, la aplicación de esta ley en la provincia estará a cargo de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial.
El Director General de Escuelas Jose Thomas dice apoyar la iniciativa de la educación ambiental, es algo a destacar de parte de alguien que en estos últimos años más que apoyar ha atacado a la educación pública de forma antidemocrática con distintos dichos contra los docentes y presentando un proyecto de nueva Ley de Educación en septiembre de 2020 que intentaba legalizar la bimodalidad y los negocios de empresas tecnológicas, la precariedad y sobreexigencia a docentes, con más ajuste y persecución; un proyecto que no contemplaba ninguna de las demandas ni reclamos de la comunidad educativa.
Por otro lado la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Territorial que colaborará en el diseño de la educación ambiental está, desde la gestión de Alfredo Cornejo, a cargo de Humberto Mingorance. Un funcionario oficialista que en el 2018 fue vocero y promotor del fracking en Malargüe como actividad industrial “segura”, que también en el 2019 se manifestó públicamente a favor de las modificaciones a la Ley 7722 que hubiesen habilitado la megaminería en Mendoza con utilización de sustancias tóxicas, como el cianuro. Y que durante el presente año no ha respondido seriamente a los pedidos de informe por los desastres ocurridos en la laguna El Viboron.
Como estudiantes del nivel secundario y universitario, que nos hemos organizado en distintas agrupaciones contra la crisis climática en consonancia con la juventud alerta en todo el mundo, que en Mendoza hemos participado de las movilizaciones por la ley 7722, contra el fracking, contra las mega granjas porcinas, en apoyo a las luchas antimineras en Chubut y Catamarca, exigiendo Ley de Humedales ya, que se proteja el Sistema de Humedales Leyes Tulumaya y que el ambiente y la biodiversidad de estas tierras no sea entregado a los intereses extractivistas, cuestionamos el proyecto de Ley de Educación Ambiental del oficialismo y el PJ. Proponemos que a la hora de diseñar los planes de estudio se tenga en cuenta una perspectiva socioambiental que cuestione al modelo extractivista, que tenga en cuenta a los pueblos originarios, a les trabajadores que padecen en sus barrios la falta de agua y las consecuencias de la contaminación, a la juventud que lucha por su futuro en este contexto de emergencia ecológica, a las Asambleas por el Agua de Mendoza que hace más de 14 años vienen investigando y profundizando sobre las diversas técnicas que son agresivas con el medio ambiente que habitamos y que no sea una lavada de imagen para funcionarios que en ocasiones anteriores y en la actualidad ignoran los reclamos del pueblo y se mantienen aliados al extractivismo.
