Desde este Lunes 22 de Julio se reanudaron las audiencias del VI Tramo en los juicios conocidos con el nombre de uno de los mayores centros clandestinos de detención de la región, “La Escuelita”.
Lunes 22 de julio de 2019 22:15
Durante este mes escucharemos los testimonios de compañeras y compañeros de
militancia, familiares, amigos y amigas de víctimas de la región. Uno de ellos, Juan
Carlos Herman, estudiante de abogacía secuestrado en el invierno de 1977, en la
Ciudad de Bariloche y que aún continúa desaparecido.
El día lunes se escuchó el testimonio de su hermano, Horacio Herman y su
pedido de justicia, luego de más de 40 años de no saber qué hicieron y dónde esta su hermano.
Su caso continuará el martes por la mañana junto a testimonios sobre el secuestro de Enrique Esteban y María Laura Oliva, trabajadores de prensa secuestrados ambos en el año 1978 en la ciudad de Neuquén.
La mayoría de las víctimas, en los casos que se juzgan en este tramo, eran estudiantes militantes de agrupaciones universitarias, jóvenes de entre 22 y 25 años al momento de sus secuestros, trabajadores y trabajadoras de prensa de la región y delegados de la fruta en la provincia de Río Negro.
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En este nuevo tramo, se vuelve a evidenciar lo que tantas veces se ha intentado tapar. Se vuelve a ver claramente que lo que se llevó adelante en los 70 fue un plan conscientemente pensado, dirigido a disciplinar a una clase obrera que, junto a la juventud secundaria y universitaria se venía organizando, mostrando su fuerza en
hechos como el Cordobazo y el Rosariazo.
Y, que estamos ante los mismos empresarios que en la década del ´70 apoyaron
activamente el golpe genocida y que festejaron el endeudamiento con el FMI, como
parte de un nuevo plan contra la clase trabajadora y la juventud.
Iniciado luego de dilaciones inexcusables, este juicio se da en un momento en el que el plan de ajuste del FMI, del Gobierno de Macri y los Gobernadores que lo aplican
obedientemente, muestra una de sus peores caras y mientras ellos siguen aumentando sus ganancias y privilegios, hoy continúan pretendiendo hacernos pagar, a costa de hambre y miseria una deuda fraudulenta e ilegitima.
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Por ello, la gran importancia de retomar las lecciones que nos dejaron las grandes
gestas que dio en aquel momento la clase trabajadora junto a la juventud.
Y aún más en un momento donde los gobiernos muestran un plan de disciplinamiento y ataque hacia las y los trabajadores y hacia la juventud, como lo muestra claramente el intento de implementar el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, dándole intervención directa en este plan a la Gendarmería Nacional, una de las fuerzas que, como quedo demostrado en los juicios de “La Escuelita” jugo un rol trascendental en el genocidio de los 70, tanto a nivel regional como nacional y que, a pesar de ello se sostiene con la mayoría de sus miembros impunes. Estamos hablando de la misma fuerza que desapareció y mato a Santiago Maldonado.
En este tramo, se encuentra en el banquillo de los acusados Emilio Sacchitella, el ex
comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, volviendo a poner en evidencia el papel innegable de esta fuerza en la represión.
Con organización y lucha
El inicio de los procesos contra los genocidas se logró con amplias movilizaciones, organización y una lucha de conjunto contra las leyes de obediencia debida y punto final, contra los indultos y, por no conformarse con los “juicios a las Juntas”.
Durante el gobierno kirchnerista, a pesar de ser el gobierno durante el cual se logró dar inicio, no fueron menores los escollos que hubo que sortear para darle continuidad a estos juicios. Por parte de víctimas, familiares y organismos de derechos humanos, conscientes de que estos procesos son una conquista y no un regalo, se fue haciendo frente a todos los impedimentos que venían del mismo gobierno y del propio estado.
Durante sus doce años de gobierno se negaron sistemáticamente a abrir los archivos de la dictadura, a enjuiciar a los responsables empresarios, eclesiásticos y funcionarios del poder judicial que actuaron en los 70, con absoluta conciencia del plan genocida.
E incluso los mantuvieron en funciones en las distintas fuerzas, policías, juzgados,
fiscalías y defensorías del Estado y, por supuesto, también sostuvieron los privilegios
de aquellos grandes empresarios.
Descolgaron el cuadro de Videla pero sostuvieron a su lado, como Jefe del Ejército, a
Cesar Milani, hoy enjuiciado por delitos de lesa humanidad.
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Y claro que, para el gobierno de Macri, hay “herencias” de las que no conviene
renegar. Con un discurso negacionista, reviviendo la teoría de los dos demonios,
tratando de llenar aún más de privilegios a los genocidas y negando el número de
desaparecidos el macrismo profundizo todo aquello.
Al día de hoy sólo 891 genocidas, en todo el país, están procesados, y casi 600 de ellos han fallecido durante el proceso o incluso antes de que el mismo llegue a debate oral. Y, en la actualidad solo 89 causas han sido elevadas a juicio.
Por ello el Ceprodh no se cansa de denunciar la manera, nada inocente, de cómo
se iniciaron y se llevan adelante estos juicios. Lentos, segmentados, tardíos, sin los
archivos de la dictadura sobre la mesa, con el paso del tiempo jugando siempre a favor de la impunidad, con pactos de silencio cubiertos por defensores oficiales y jueces y, pretendiendo que cada caso se juzgue aislado como si, hubiese sido contra “algunos” y no contra una clase y una juventud que se levantaba y organizaba fuertemente.
