Negando el genocidio y minimizando el número de desaparecidos. ¿Qué busca el Gobierno con este nuevo relato de la dictadura militar del ‘76?
Martes 14 de marzo de 2017
Macri declaró "no importa si fueron 9.000 o 30.000", llamó Guerra Sucia a la última dictadura, al mismo tono en qué habló Gomez Centurión (ex carapintada) refiriéndose a "22.000 mentiras y 8.000 verdades". Desde el inicio del gobierno de Cambiemos, el ajuste económico con despidos, tarifazos en servicios, inflación y paritarias a la baja fue acompañado de medidas que refuercen la capacidad represiva del Estado. Además de mayor presupuesto y presencia de las fuerzas de seguridad, con el protocolo para reprimir la protesta social de Bullrich, y poder lograr esto necesitan rebajarle el precio al terrorismo de Estado de la última dictadura militar.
Volver a poner en la mesa un relato que justifica el genocidio de 30.000 detenidos-desaparecidos, y los crímenes de lesa humanidad perpetrados como un plan sistemático contra trabajadores y juventud, es con el objetivo de poder avanzar en la reconciliación con un aparato represivo que quedó absolutamente desprestigiado. Este desprestigio, continúa y salta a la luz en cada momento donde se muestra su rol de represión cuando los trabajadores se organizan por sus derechos, como en los noventa, como en el 2001, y como en las represiones en la Panamericana de Lear.
Por eso, el gobierno de Cambiemos viendo que el impacto de las medidas económicas y políticas reaccionarias empieza a generar respuestas de los trabajadores que defienden sus derechos, como por ejemplo se mostró en las calles el 6, 7 y 8 de Marzo con el paro docente, la manifestación de centrales sindicales y trabajadores, y el paro internacional de mujeres contra la violencia machista.
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Un punto final a la organización de los trabajadores
Hagamos memoria: la familia Macri pasó de tener 7 empresas antes de la dictadura a tener 47 al finalizar la misma. Al igual que el conjunto del empresariado argentino, las empresas nacionales quisieron instaurar un nuevo modelo económico, esto fue a costa de miles de vidas de trabajadores activistas, empresas como Ford, Ledesma, Clarín, entre muchas otras que entregaban las listas negras a las fuerzas armadas para ejercer la desaparición forzada de personas. Empresarios como Blaquier fueron quienes tocaron la puerta de los cuarteles con el objetivo de que los militares se hagan del gobierno en el ’76. Ninguno de estos personajes fue condenado por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad, e incluso se mantienen como las principales empresas del país logrando cuantiosas ganancias bajo los diferentes gobiernos. Impunidad que hoy se traduce en las condiciones que viven los trabajadores y criminalizar la protesta.
La UCR ayer y hoy funcional a los militares
El radicalismo tuvo un objetivo concreto al instalar la teoría de los dos demonios como relato. Esta teoría equipara el terrorismo Estatal de la dictadura con el accionar de los grupos guerrilleros. Lo que busca ocultar es que la dictadura fue un plan sistemático ejercido contra los trabajadores y la juventud, un genocidio contra una clase, que venía de organizarse con mucha fuerza y ponía un obstáculo a los planes económicos de los sectores dominantes. Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final a fines del gobierno de Alfonsín garantizaron la impunidad a sus responsables.
La Facultad de Derecho al servicio del relato de Cambiemos
Para poder avanzar en la reconciliación y el ajuste, la Facultad de Derecho gobernada por el radicalismo y sus amigos, como Nuevo Derecho en el centro de estudiantes, mantiene un silencio cómplice frente a este debate nacional sobre la dictadura militar del ’76. Mientras tanto, en sus aulas se avala que profesores como Segret, defensor del nazismo y la dictadura genocida, siga dando clases. O que son los mismos que gobiernan realizando el ajuste, como Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de Vidal en Provincia de Buenos Aires, profesor de Teoría del Estado, que ataca a los docentes que se organizan por su salario.
Esta es la ideología y política que promueve la gestión de la facultad, la decana Mónica Pinto, que durante el conflicto educativo del 2016 justificó el recorte presupuestario a la UBA, y bajo la cual se ampara el desarrollo del radicalismo con la Franja Morada, partera de personajes como Darío Richarte, ex subjefe de la SIDE bajo el gobierno de De La Rúa. La facultad no sólo no discute esta orientación de Cambiemos, sino que con esta política de silencio la decana encubre el avance de docentes fachos que frente a los cursos dicen que no fueron 30.000 desaparecidos.
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No es sólo es Milani
Durante 12 años el kirchnerismo se autoadjudicó ser el gobierno de los Derechos Humanos, pero su doble discurso ha entrado en crisis luego de varios escándalos bajo el gobierno de Cristina, y la reciente detención de Milani.
Fue la propia Cristina Fernández de Kirchner quien puso al frente del ejército a César Milani y lo mantuvo en su puesto a pesar de las denuncias en su contra por participar activamente de la desaparición del Soldado Ledo y Olivera. Mientras bajaba el cuadro de Videla, subía a Milani. Pero no es sólo Milani el problema. A la luz de los cientos de militares y civiles que se mantienen impunes sólo se puede concluir que la política fue enjuiciar a un puñado, mientras que la no apertura de los archivos de la dictadura garantizó que no se avance con el conjunto de los responsables. Y frente a la desaparición de Jorge Julio López, silencio y desvío deliberados de la investigación.
A su vez, el excarapintada Berni ejerció las represiones a los trabajadores como en la automotriz de zona norte “Lear” y Garré orquestó el espionaje estatal llamado Proyecto X. Se mantuvo a más de 9.000 efectivos provenientes de la dictadura cívico-militar en la Policía Bonaerense. La sanción de la ley antiterrorista, la cadena perpetua a los petroleros de las Heras, mantuvo a 400 jueces cómplices de la dictadura que negaron habeas corpus a las víctimas del terrorismo estatal. Todas estas medidas implicaron que el rol de las fuerzas de seguridad fuera fortalecido para poder volver a ser usado contra la organización de trabajadores y sectores populares, cada vez más creciente frente a los padecimientos económicos.
El conjunto de estas políticas dejaron la puerta abierta para que Cambiemos retomara de forma más reaccionaria aún un discurso y política de fortalecer el aparato militar y de servicios de inteligencia contra las demandas de los trabajadores y sectores populares, rebajándole el costo a la dictadura.
Que hoy Milani este en la cárcel es gracias a la lucha y movilización durante décadas de los organismos que se mantuvieron independientes.
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¡Son 30.000! Fue un genocidio
Frente a esta situación y hacia un nuevo aniversario del 24 de Marzo, Myriam Bregman afirmó: “Celebramos este logro de la movilización, que se da en momentos en que el gobierno de Cambiemos y gran parte de los medios pretenden imponer la reconciliación con los genocidas y volver a la teoría de los dos demonios, negando también el genocidio y minimizando a las víctimas. La prisión de Milani choca contra las políticas de reconciliación que el kirchnerismo buscó con su nombramiento y que el macrismo quiere profundizar para imponer un punto final. Más que nunca ratificamos que la lucha por el juicio y castigo y por las plenas libertades democráticas debe mantenerse independiente del Estado. Este 24 de marzo marcharemos una vez más contra la impunidad, la reconciliación y el perdón y por la cárcel común y efectiva a Milani y todos los genocidas”.
La agrupación La Izquierda en Derecho propone a los estudiantes de Derecho que esta avanzada represiva no pase en el país y frente a sus representantes en la universidad, discutiendo en cada curso y pasillo, y movilizarse de manera independiente de los gobiernos para mantener bien alto la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, en defensa de los derechos humanos y junto a los trabajadores.