La represión del Estado en la educación continua, esta vez atacando a un instituto de Sant Andreu de la Barca.
Pere Ametller @pereametller
Miércoles 27 de diciembre de 2017
El director y 12 profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca han sido citados a declarar. En principio será la propia Guardia Civil la que, en funciones de policía judicial, les hará declarar los días 4, 5, 8 y 10 de enero para aclarar si alguno ha podido cometer un delito de odio. En ese caso la Fiscalía presentaría una querella o una denuncia ante el juez, según Europa Press.
Todo empezó con la queja de 18 familias al Ayuntamiento por los comentarios hacia los hijos de la Guardia Civil del instituto y una manifestación de 200 alumnos el jueves 5 de octubre a las puertas del instituto pidiendo respeto a los hijos de los Guardias Civiles. Posteriormente, el alcalde de la localidad, Enric Llorca del PSC, convocó una reunión con la dirección de los Servicios Territoriales de la Conselleria de Enseñanza en el Baix Llobregat y con familias que habían realizado quejas por el trato recibido por alumnos hijos de guardias civiles.
Vilaweb señala que el día posterior al referéndum los alumnos pidieron debatir el tema del 1-O en las aulas y a las 12 del mediodía se hizo una concentración en el patio a favor de la paz en la que no se hizo ningún discurso ni se mencionó la actuación policial. Estos hechos fueron calificados el jueves 8 de octubre , por la Asociación Española de Guardia Civil (ARGC), como un “atropellamiento”. En las paredes del centro educativo, muy cerca del cuartel de la Guardia Civil, se pudieron ver pintadas en defensa de la Guardia Civil y proclamas como ’Stop adoctrinamiento’.
Fuentes de Ensenyament consultadas por la Agencia Catalana de Noticíes explicaron que no existía ninguna queja formal de ningún padre ni de la AMPA y lamentaban que señalara los maestros por unos hechos que no se habían producido.
En un comunicado colgado en la web del instituto el equipo directivo ha negó los hechos, y aseguró que en los 40 años de vida del centro "nunca ha habido ninguna situación que pudiera alterar la nuestra pacífica convivencia " y que "Manifestamos nuestro rotundo rechazo sobre algunas informaciones publicadas en los últimos días en algunos medios de comunicación que cuestionan la práctica profesional de los docentes de este centro."
La represión policial y judicial del Estado español no tiene freno. A través del 155, e incluso antes de su aplicación, la comunidad educativa catalana ha sido atacada y está en el punto de mira. Se trata de un plan que va más allá de la represión al 1-O y que pretender dar una salida recentralizadora y autoritaria a la crisis catalana. En este contexto las libertades democráticas están siendo atacadas sin ningún tipo de pudor para amedrentar a los que luchan por la autodeterminación de Catalunya.
