El abogado del Estado ha solicitado al juez Llarena que también acuse a Puigdemont de desórdenes públicos, mientras respeta la orden emitida anteriormente de buscar y arrestarlo por desobediencia y malversación agravada, solicita que se juzgue al ex president de la Generalitat con la modalidad más grave de desórdenes.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 18 de enero de 2023
Foto: EFE/EPA/JULIEN WARNAND
El abogado del Estado ha objetado una orden emitida la semana pasada por el juez del Tribunal Supremo, quien está a cargo del caso contra el ex presidente catalán Carles Puigdemont y otros líderes independentistas actualmente fuera del Estado. La Fiscalía ha solicitado que el juez Llarena también acuse a Puigdemont de desórdenes públicos, en su versión más grave, mientras respeta la orden emitida anteriormente de buscar y arrestarlo por desobediencia y malversación agravada.
El juez del Tribunal Supremo ha decidido seguir adelante con la acusación de malversación y desobediencia, pero no acusar al expresidente catalán de desórdenes públicos, incluso en su versión agravada, debido a la reforma legal que elimina el delito de sedición. La Abogacía del Estado ha criticado esta decisión, argumentando que esta exclusión impide que el proceso judicial continúe en relación a los delitos que no han sido incluidos.
En resumen, la Abogacía del Estado está en desacuerdo con la decisión del juez del Tribunal Supremo de no acusar al expresidente catalán y otros líderes independentistas de desórdenes públicos, ya que esto impide que se les acuse de este delito en el proceso judicial. Esta decisión, a juicio de la Abogacía del Estado, limita indebidamente el derecho de las acusaciones a presentar una acusación basada en los delitos que consideren adecuados a los hechos que se estén juzgando.
Además, la Abogacía del Estado sostiene que la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el principio de retroactividad favorable de las normas penales respalda la aplicación del nuevo delito de desórdenes públicos agravados a los hechos que antes podrían ser perseguidos como sedición, ya que esta aplicación es más favorable tanto en términos generales como en las circunstancias específicas del caso.
En otras palabras, el Estado argumenta que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se debe aplicar la norma penal más favorable para los acusados, y en este caso, se entiende que el nuevo delito de desórdenes públicos agravados es más favorable que el antiguo delito de sedición.
Sumado a esto, la Fiscalía se sí avala la tesis de Llarena, que interpretando la última reforma del Código Penal, insiste en procesar a Puigdemont y al resto de líderes políticos del procés por el tipo agravado de malversación de caudales públicos, que puede llegar a comportar penas de hasta 12 años de prisión.
La reforma del Código Penal pactada por el gobierno y ERC ya era limitada en su alcance, y además contenía puntos totalmente liberticidas, como es precisamente el punto de desórdenes públicos agravados, que permitiría encarcelar a activistas y militantes políticos por acciones de protesta legitima, si así lo considera la o el juez de turno.
Es decir, un refuerzo cualitativo en toda regla del engranaje legislativo represor al servicio del Estado y sus instituciones.
Este es el penúltimo embite de la Judicatura y el Estado, a través de la Fiscalía, contra el movimiento independentista catalán, que continua, tanto a niveles de líderes políticos como de los centenares de activistas que a día de hoy están en medio de procesos judiciales por las jornadas del 1 de octubre y las protestas que siguieron los meses y años posteriores.
