La Generalitat recibió las alegaciones de la empresa y luego de estudiarlas abrió un expediente sancionador a la compañía.
Guillermo Ferrari Barcelona | @LLegui1968
Miércoles 23 de noviembre de 2016
Este martes se ha reunido la “Taula d’emergència” entre administraciones, empresas y entidades sociales. A la salida, Joan Aregio, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat realizó varias declaraciones sobre el caso de Gas Natural.
Aregio aclaró que las alegaciones de la empresa son insuficientes y que en relación a los cortes de suministro la ley plantea que antes se debe avisar a servicios sociales. Por tanto el Govern decidió continuar con el expediente sancionador hacia la empresa. Sanción que podría ascender como máximo a 1 millón de euros.
El problema que plantea ésta situación es que la Generalitat siempre actuará después de que el problema llega a mayores. No es posible controlar a las compañías. Y si estas no avisan puede pasar como el caso de Rosa, la vecina de Reus. Pero, incluso, cabe preguntarse cuando un corte sí es lícito.
En los años que llevamos de crisis, se han triplicado las familias españolas que se encuentran en situación de “pobreza energética”. Actualmente son 1,8 millones aproximadamente. Durante estos años las facturas de la luz y del gas han subido un 76% y un 35% respectivamente, afectando más a las familias de rentas bajas. Si a esto sumamos las ganancias de las empresas del sector da una ecuación brutal.
Es esta situación que hace preguntarnos, ¿cuántos casos más ha habido similares al de Rosa y que han quedado en la oscuridad?, ¿Cuántos más habrán? ¿Por qué si las empresas ganan miles de millones de euros, estas pueden cortar la luz, el gas o el agua? Lo único que las mueve es una sed ganancias ilimitadas. Y mientras, ¿cuántas familias sin servicios habrá?
Por ello, no se puede andar con medias tintas. No es posible que las empresas ganen miles de millones de euros mientras millones de personas hacen lo imposible por pagar los servicios básicos y aun así no pueden.
En primer lugar, la Generalitat (y el Gobierno central) deben prohibir cualquier corte de suministro. Mucho más aun en esta época del año en que comienzan las temperaturas frías. En segundo lugar, las empresas deben dar gratuitamente los suministros en aquellos hogares donde hayan parados. Esto es un mínimo plan de urgencia imprescindible. Que la pobreza energética se acabe reduciendo las ganancias de los pulpos empresariales.
Sin embargo, esto no es suficiente. Las empresas privatizadas como los servicios de luz, agua, gas, telefonía, etc. siguen funcionando como monopolios. Acuerdan precios o se dividen el territorio entre ellas para ejercer un poder dictatorial sobre los hogares de los trabajadores y el pueblo.
Por ello, lo que hay plantear es la nacionalización de estas empresas para que el control lo puedan realizar los mismos trabajadores y los usuarios organizados en comités. No hay otra forma de pararlo. Ya vemos que la Generalitat y el Gobierno Central solo se mueven antes los casos más escandalosos.
Una nacionalización así evitará la corrupción en las empresas públicas como pasaba bajo los gobiernos socialistas y conservadores, puesto que serán los más interesados quienes la controlarán: trabajadores y usuarios. Y, por supuesto, después del robo de años, la nacionalización debe ser sin pago.
No hay otra forma de resolver los graves problemas de pobreza energética, que no pase por este camino de fondo. Podemos, la CUP, Izquierda Unida, Bildu, Compromís, Las Mareas tienen la posibilidad de iniciar una campaña de movilizaciones sociales para imponerlo. Está claro que el PP, PSOE, Ciudadanos y la derecha nacionalista del PNV y el PDC catalán no lo harán.
