En el marco de una investigación judicial abierta por la realización del referéndum y la campaña que anima a la participación de los catalanes residentes en el exterior el próximo 1 de octubre, la Guardia Civil está realizando interrogatorios a funcionarios catalanes.
Miércoles 28 de junio de 2017
Foto: EFE / Andreu Dalmau
Estos interrogatorios a trabajadores públicos de los Departamentos de Difusión y Exteriores se están llevando a cabo desde hace dos semanas. También han sido citados a declarar trabajadores externos, contratados por estos departamentos para la campaña de difusión.
La consejera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, se ha expresado en estos términos: "No me sorprende y lo lamento mucho". Y refiriéndose a los trabajadores investigados sostiene que pueden tener la "tranquilidad absoluta porque las cosas se están haciendo correctamente".
En solo cinco meses de haber sido abierta la causa judicial, se ha ampliado y ha pasado a examinar diversos aspectos tanto del proceso en Catalunya así como de la propia convocatoria del referéndum.
Carles Puigdemont, al frente de la Generalitat, ha calificado a la Fiscalía de "asustafuncionarios" una vez conocidos los interrogatorios llevados a cabo por la Guardia Civil. A su vez, en sus declaraciones también se ha lamentado de las presiones sufridas sobre las empresas que debían suministrar las urnas que serían utilizadas en el referéndum, lo que ha dejado desierto el concurso que se había lanzado para garantizar esta cuestión clave.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña exigió a las compañías que se presentaron a la licitación—a través de la Guardia Civil— información exhaustiva sobre sus planes de colaboración con la Generalitat. Incluso la propia Meritxell Borràs fue querellada por la fiscalía Superior de Catalunya por haber iniciado el intento de compra de las urnas.
Esto deja al proceso, a tres meses del realizarse el referéndum, sin urnas para que se pueda votar y aun sin resolver la cuestión de cómo votarán los catalanes residentes fuera de Catalunya. Lo que ha aumentado las tiranteces dentro de Junts pel Sí entre el PDeCAT y ERC con reproches mutuos.
Este fracaso del equipo encargado de organizar la consulta ha despertado las críticas de la CUP, que ha expresado su “más absoluta perplejidad”. La CUP, en las palabras de su diputado Carles Riera ha expresado su " máxima preocupación por las debilidades y carencias que detectamos en la organización del referéndum".
Esta crisis abierta llevó a una reunión de urgencia en el Palau de la Generalitat a la que han asistido, entre otros, Puigdemont y Oriol Junqueras, representantes de Junts pel Sí, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, así como de tres representantes de la CUP.
En la misma, Puigdemont se ha comprometido a resolver este problema y a buscar alternativas entre las que se baraja la posibilidad de que él mismo y Junqueras firmen un decreto de compra, por lo que asumirían una posible responsabilidad penal que hoy el gobierno central les recuerda a las empresas que pretendan suministrar las urnas para la realización de la consulta.
Se puede compartir con Meritxell Borràs, que nada de esto sorprende. La negativa del Estado y el accionar de la judicatura están garantizados antes, durante y después del referéndum si este se celebra. Sin embargo no compartimos lamentarse. Se deberían organizar las fuerzas sociales para enfrentarlos, lo único que puede garantizar un referéndum y que su resultado sea vinculante. Se ha perdido un tiempo precioso para esta tarea durante todos estos años.
Y la razón última de que esto sea así, es que los que se han puesto a la cabeza de este proceso y han marcado su “hoja de ruta” temen desatar esas fuerzas, incluso más que las reprimendas del Estado español.
El verdadero “choque de trenes”, el de las ilusiones y los anhelos de importantes sectores de masas, es con la inconsecuencia de sus direcciones que llevarán al derecho a decidir a un callejón sin salida y una derrota segura.
No por nada los dirigentes a la cabeza de este movimiento llevaron adelante los peores recortes de la historia de Catalunya, y la extinta Convergència i Unió apoyó todas y cada una de las medidas de los gobiernos del PP y el PSOE para hacer que la crisis la paguen los trabajadores y los sectores populares.
Una Catalunya que pueda ejercer su derecho a decidir, e incluso ser independiente si así lo decidiese, solo podrá ser fruto de la movilización de los trabajadores y los sectores populares en una pelea contra este régimen y el sistema capitalista al que sostiene. En este camino, los pueblos y los trabajadores del Estado son aliados necesarios contra un enemigo común.
Es necesario impulsar esta movilización. Para esto la nueva izquierda debería abandonar su posición “constitucionalista” que la ubica junto a la casta del PSOE, el PP y Ciudadanos, negando su apoyo al referéndum, mientras que la izquierda independentista debe romper su sumisión a la hoja de ruta de los partidos de la burguesía catalana.
La perspectiva de verdaderos procesos constituyentes en todo el Estado sobre las ruinas de este régimen, donde poder discutir democráticamente una salida de los trabajadores y los sectores populares a los grandes problemas sociales y democráticos como el paro, la precariedad, la relación entre los pueblos o la monarquía, es la única que puede bloquear un intento del régimen de restaurarse bajo la suerte de una segunda transición. Haciendo una vez más algún cambio (esta vez prometen menos) para que en lo fundamental nada cambie.
