SANIDAD PÚBLICA. La Junta de Andalucía del PP destinará 734 millones para derivar pacientes a clínicas privadas andaluzas y no andaluzas

La Junta de Andalucía (PP) anuncia que destinará 734 millones de euros para concertar operaciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas con clínicas privadas durante un periodo máximo de cuatro años. El objetivo es “desatascar” las listas de espera de la sanidad pública y cumplir los decretos de garantía de la Junta de Andalucía. Listas de espera que no son públicas desde junio del año pasado. De fondo continúa una operación de privatización de la sanidad pública andaluza al mismo tiempo que se despiden trabajadores sanitarios en la pública.

En concreto, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha sacado a licitación dos acuerdos marco que fijan las condiciones para derivar a la sanidad privada a miles de pacientes en listas de espera para operarse en la Sanidad Pública y para trasladar las pruebas diagnósticas pendientes El primero por valor de 533 millones y el segundo por 201 millones. La novedad de la medida, pues ya existían conciertos con la sanidad privada durante los gobiernos del PSOE, es que la licitación para el sistema de externalización de operaciones y consultas quirúrgicas pasa de ser provincial a ser autonómico.

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Por tanto, una clínica privada en Sevilla podría concursar en otras provincias y asumir pacientes de la lista de espera de sus hospitales. Algo que hasta ahora no permitían los acuerdos vigentes con las empresas privadas. Es más, esto se extiende a provincias limítrofes que pertenezcan a otras comunidades autónomas por lo que clínicas de Extremadura, Castilla-La Mancha o Murcia podrán concursar también. Una forma de compensar que ciertas provincias tienen una menor oferta de clínicas privadas. El traslado de paciente en ambulancia estará asegurado por el SAS en caso de intervención quirúrgicas invasivas y que requieran un tiempo de hospitalización. En el resto de los casos, no han aclarado si el gasto de transporte tendrá que cubrirlo el usuario.

Una de las justificaciones para esta operación es que se carecen de medios propios suficientes para las distintas actividades y procedimientos quirúrgicos. Estas intervenciones se habrían dividido en 39 lotes para que las distintas empresas participen en el concurso y ganen durante dos años (prorrogable hasta cuatro) el acuerdo. Se externalizarían aquellas intervenciones pendientes más habituales en listas de espera excepto la cirugía y pruebas oncológicas debido a ser un procedimiento multidisciplinar. El caso de las pruebas diagnósticas seguirá un razonamiento similar externalizando las más comunes en las listas de espera.

El criterio de selección de las empresas tendrá dos fases. En la primera, el baremo dará hasta un 80% según la calidad del servicio y un 20% según el precio siguiendo los límites de la orden de precios del SAS. En la segunda fase, el precio pasa a ser el 49% de la posible puntuación mientras que la calidad del servicio se valora tan solo en un 51%.

Al mismo tiempo que se siguen vendiendo trozos del sistema sanitario a la empresa privada, más de 12.000 sanitarios contratados como refuerzo durante la pandemia serán despedidos de la Sanidad Pública. Una vez más, el PP andaluz avanza a pasos agigantados por el camino de la privatización de servicios públicos que ya practicó el PSOE durante décadas de gobierno en Andalucía.