Debido a los variados casos de brutal represión policial, específicamente hacia el movimiento estudiantil y el pueblo mapuche, es central dejar de manifiesto la total impunidad de la que gozan las fuerzas represivas del Estado, donde sus integrantes no solo golpean, violentan y asesinan a quienes se movilizan y cuestionan, sino también cuentan con órganos judiciales propios que amparan la violencia cometida.
Martes 19 de septiembre de 2017
Los casos de represión policial hacia la juventud, pueblo mapuche, trabajadores, pobladores y hacia todos aquellos que se movilizan y cuestionan al régimen político, suman y siguen, en un Chile pinochetista que aún defiende a las Fuerzas Armadas y de Carabineros, pese al rechazo de la población y a las múltiples protestas contra la violencia policial que se han desarrollado en estos últimos días.
Lo más vergonzoso es que además de que el Estado de Chile mantiene blindados e impunes a los represores y asesinos de los luchadores, en el país sigue rigiendo la Justicia Militar como método para “condenar” a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros que cometan algún delito. Claramente, una “justicia” absurda, estéril que solo se burla de las miles de personas que vivieron la represión y la violencia en los tiempos de la Dictadura Cívico Militar y que hasta el día de hoy no obtienen reparo ni justicia alguna.
Esta Justicia Militar continúa riéndose de la familia de Manuel Gutiérrez, de Luciano Villanueva, de José Vergara, y de todas aquellas personas que han visto cómo sus familiares y seres queridos han sido asesinadas a manos de integrantes de las fuerzas represivas, o desaparecidas, los que permanecen en la impunidad.
Esta Justicia Militar que juzga a los miembros de las fuerzas represivas del Estado que hayan cometido un delito, incluso si este involucra a civiles, es la que permite que al carabinero Miguel Millacura, asesino de Gutiérrez, le hayan rebajado su condena a unos miserables 461 días, y con firma, no en cárcel común, bajo el argumento de que el policía disparó “al aire”, “sin intención de impactar al estudiante”.
Este invento del Estado burgués es el que también permite que cientos de militares y carabineros no hayan sido juzgados ni condenados por los miles de casos de violaciones a los derechos humanos durante la Dictadura, y los que sí fueron “condenados” se encuentran prácticamente vacacionando en cárceles “vip”, donde obtienen variados beneficios, incluso algunos han sido vistos en espacios públicos como fue el caso del torturador Miguel Krassnoff hace unos años atrás. ¿De qué justicia hablan las autoridades?
En el año 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) le exigió al Estado de Chile reformar el proceso penal militar, sin embargo, “la reforma a la justicia militar solo ha permitido la exclusión de civiles imputados de su ámbito de jurisdicción; militares que cometen delitos comunes y civiles afectados por dichos delitos siguen estando bajo esta. Todavía funciona con la estructura procesal y orgánica de antaño, que hizo posible la ocurrencia de abusos a los derechos humanos” (Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile, 2012, Universidad Diego Portales).
En marzo del 2014 la ONU volvió a criticar al Estado de Chile debido a la muerte de Jorge Aravena Retamales, quien falleció en un furgón policial el 17 de febrero de dicho año, por lo que la Justicia Militar y no la Civil sería la que investigaría el caso. Ante esto, el Representante Regional del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra, manifestó que “el Estado chileno ha asumido el compromiso internacional de revisar y modificar el sistema de Justicia Militar, a fin de establecer límites a su competencia y excluir a los civiles de dicha jurisdicción”. ¿Cómo podrían ser juzgados y condenados militares y carabineros si están amparados por una “justicia” propia, donde son investigados por sus mismos pares?
Los gobiernos post Dictadura han permitido que hoy siga existiendo la Justicia Militar como otra forma más de amparar a los asesinos y represores. Mientras que decenas de jóvenes y niños han sido violentados, torturados o asesinados, militares y carabineros pueden impunemente violentar, reprimir y asesinar a quienes se movilizan, ya que cuentan con órganos judiciales que no dudarán en protegerlos y además están apoyados en un Estado que protege a los violadores de derechos humanos.
