Un fallo del Tribunal Superior del Trabajo este lunes declaró “abusivas” las huelgas contra las privatizaciones. El partido judicial, otra vez al servicio de la entrega de las empresas estatales y los recursos de Brasil al imperialismo.
Jueves 14 de febrero de 2019 02:50
La decisión del Tribunal Superior del Trabajo (TST) es escandalosa. Es un violento ataque al derecho de huelga, al derecho a huelga, al derecho de organización de los trabajadores. Quieren que los trabajadores subterráneos, petroleros, de las compañías de electricidad, bancarios, queden impedidos de luchar contra la privatización de las empresas estatales estratégicas. Con esta decisión, el poder judicial quiere restringir el derecho de organización de los trabajadores, e incluso antes de cualquier resistencia, intimidar a los trabajadores para que acepten las privatizaciones.
La decisión tuvo como pauta el juicio de huelga de los trabajadores de luz y fuerza ocurrida en junio pasado contra la privatización de Eletrobras. El reaccionario juez Ives Gandra Martins fue responsable por el voto ganador decidió el juicio con un 6 a 4. El juez que dijo antes que Bolsonaro que los trabajadores debían que elegir entre empleos o derechos dijo en el juicio:
"El Estado es quien decidirá si se va a privatizar o no, el Congreso Nacional. Son los representantes del pueblo. Entonces la huelga se transforma en manifestación política, como grupo de presión o lobby sobre el poder legislativo".
O sea, el ejercicio político de un sector de trabajadores estaría prohibido en la interpretación interesadamente clasista del magistrado. Con eso quieren imponer descuentos automáticos de salario a los huelguistas, castigos a los sindicatos y a los trabajadores. Pero detrás de la decisión hay toda una "filosofía": hay personas que pueden hacer política y otras que no.
Los empresarios pueden usar su dinero para comprar a diputados como hizo extensamente la minera Vale, o pueden interferir ilegalmente en el pleito como hizo el súper bolsonarista Luciano Hang de la cadena de tiendas de departamentos Havan, los políticos al servicio de los capitalistas pueden hacer política, los jueces pueden hacer política, los curas y pastores pueden usar sus púlpitos e exenciones impositivas para hacer políticas, los periodistas de los noticieros pueden hacer política. Pero otras clases de personas, o mejor dicho, personas de otra clase social, no pueden tener posicionamientos políticos colectivos, especialmente no pueden hacer política como clase, como sector de trabajadores, aquellos que pueden afectar el proyecto privatista y el funcionamiento capitalista, los trabajadores.
Se trata de una fina sintonía del TST con los intereses políticos de los capitalistas, el motivo por el que en última instancia adhirieron al gobierno de Bolsonaro, continuidad del golpismo. Además, También sintoniza con la visión de mundo que tiene parte del gobierno de Bolsonaro que ve que hay partes de la población para la que la política "no es natural".
El presidente del partido de Bolsonaro, el PSL, dijo que no es muy natural que las mujeres hagan política.
Es prioridad del mercado financiero y del gobierno de Bolsonaro privatizar todo lo que sea posible. El ministro de Economía, Paulo Guedes, quiere vender a precio de banana al imperialismo todas las empresas estatales. Entregar todo lo que se pueda a las manos sedientas de Trump: las reservas petroleras del pre sal, parte de Petrobras, Eletrobras, Infraero y otras estatales. También están en la mira de gobernadores, como Romeu Zema de Minas Gerais la gigante de eléctrica CEMIG, o del gobernador de Rio Grande do Sul Eduardo Leite el banco estatal Banrisul, y del gobernador de San Pablo, João Dória, la compañía de aguas y cloacas Sabesp y el subte paulista. Es evidente que la privatización costa vidas humanas, alcanza con mirar las catástrofes de Mariana y Brumadinho, responsabilidad de la minera Vale.
Mientras los medios y el gobierno de Bolsonaro están en frenesí con las distintas versiones y filtraciones de la reforma previsional para hacer que todos trabajen hasta la muerte y para desvincular beneficios al os más pobres, la toga muestra los indispensables servicios del poder del bonapartismo judicial no solo para dictar los ritmos de la política en Brasil, como hizo con la prisión y proscripción de Lula, sino tomando decisiones que abren el camino a los ataques a los derechos de los trabajadores, como en la aprobación de la tercerización irrestricta, de la legalidad de la reforma laboral esclavista, y ahora intentando impedir el derecho a huelga.
Mientras todo esto ocurre, las centrales sindicales guardan un silencio sepulcral. Prefieren sentarse con Mourão como hizo la CUT, apoyar la reforma previsional como hace la UGT, impedir la lucha de los trabajadores del subte contra la privatización y despidos como hizo la CTB, que a través del PCdoB apoyó a Rodrigo Maia en la Cámara, y en conjunto no organiza ninguna resistencia frente a semejantes ataques.
Las centrales sindicales convocaron a una "asamblea nacional" para el 20 de febrero, y no construyeron absolutamente nada en las bases. Están dandole una tregua a Bolsonaro y a todo el golpismo judicial.
Los trabajadores de Brasil tienen planteado derrotar esta tregua, imponer un plan de luchas para derrotar la reforma previsional y todas las privatizaciones, todo el golpismo judicial, civil y militar. Es imprescindible organizar a los trabajadores en cada lugar de trabajo y estudio para imponer a las direcciones de los sindicatos y a las centrales ese plan de lucha y pelear para recuperar los sindicatos para la lucha de clases.
El Movimiento Revolucionario de Trabajadores, organización política de trabajadores que impulsa Esquerda Diário en Brasil, pone toda su energía para contribuir a esta batalla.
