El protocolo de aborto no punible está frenado hace seis años por un amparo. El Tribunal Superior de Justicia ratificó ayer a los jueces que analizarán el caso.
Martes 13 de noviembre de 2018 11:30
La “Guía de procedimiento para la atención de pacientes que soliciten prácticas de aborto no punible”, dictada por el Ministerio de Salud de la Provincia, está suspendida en Córdoba por un pedido de anticonstitucionalidad presentado por la asociación antiderechos Portal de Belén desde el 2012. En estos seis años, el TSJ prometió muchas veces su pronto tratamiento, pero nunca se avanzó.
Este lunes, el TSJ ratificó quiénes serán los jueces que analizarán el planteo. La sentencia definitiva será dictada por los vocales “naturales” del cuerpo: Aída Tarditti, Domingo Sesin, Luis Enrique Rubio y Mercedes Blanc de Arabel, además de por los camaristas Claudia Zalazar, Julio Ceferino Sánchez Torres y Silvana María Chiapero. Los tres últimos fueron llamados a completar el TSJ ante las licencias o excusaciones de los vocales Carlos García Allocco, María Marta Cáceres de Bollati y Sebastián López Peña. Al mismo tiempo, el TSJ instó a las partes a evitar dilaciones y “manifestaciones litigiosas deformadas (teniendo en cuenta la expectativa social por una decisión que ha de gravitar en) derechos de la más alta jerarquía constitucional y convencional”.
Esto se debe a que el Portal de Belén planteó una serie de recusaciones respecto de los integrantes del cuerpo que analizarán la implementación de la guía. “Resulta contradictoria con la frondosa actividad recursiva desplegada por Portal de Belén (particularmente en el último tramo, a partir del decreto en que se la notificó sobre la integración del TSJ, el 8 de marzo pasado) la imputación que pretende atribuirle a los vocales ‘naturales’ del cuerpo”, dijo el Alto Cuerpo al rechazar las recusaciones a sus integrantes.
En ese marco, el TSJ concluyó: “Este Tribunal, una vez más, ratifica que el aseguramiento del más amplio derecho de defensa que en esta causa se ha garantizado meticulosamente es incompatible con el despliegue de conductas dilatorias, con mayor razón cuando la sociedad cordobesa y las otras partes están esperando una pronta resolución sobre una controversia que reviste la máxima trascendencia social e interés público”.
Hay que destacar que el mismo comunicado del TSJ confirma que la Justicia no se queda atrás si hablamos de dilaciones, ya que los nombres de los y las camaristas que tratarán el caso se confirmaron recién este año. De hecho, este comunicado no indica cuándo se tratará el pedido del Portal de Belén. José Pérez Corti, relator del tribunal, confirmó a los medios que el TSJ se pronunciará “lo más rápido posible”, ya que “la gente está esperando esta decisión”.
Por su parte, el Portal de Belén confirmó a través de sus voceros que usarán “todas las herramientas que nos da el Código de Procedimiento para defender a los niños por nacer y para que la integración del TSJ sea acorde con las normativas vigentes”. A lo largo del tiempo, esta asociación retrógrada y oscurantista ha presentado recursos de amparo contra el Dispositivo Intrauterino (DIU), contra la “pastilla del día después” y contra el divorcio. También se han opuesto a la educación sexual con perspectiva de género, pretendiendo recluir a las mujeres a un rol meramente reproductivo.
Críticas desde la izquierda
Laura Vilches, legisladora del PTS-FIT y dirigente de Pan y Rosas, declaró en un comunicado que “el TSJ debe fallar con urgencia a favor del aborto no punible y dejar de especular con los derechos de las mujeres”. Agregó que “la asociación Portal de Belén viene interponiendo trabas para la ejecución de la guía provincial para la práctica de abortos no punibles, pero esta se basa en un fallo de la Corte Suprema de Justicia y en un artículo del Código Penal de 1921. Tanto la Justicia como el Gobierno provincial hacen la vista gorda ante esta situación violatoria de los derechos más elementales de las personas gestantes”.
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Finalmente, señaló que “esta situación no es gratuita para las mujeres; ya vimos hace unos meses el caso de una niña violada de Traslasierra, que tuvo que trasladarse al Hospital de Clínicas, dependiente de Nación, para que se le garantizara esta elemental práctica. Las dilaciones del TSJ en fallar y la complicidad del gobierno provincial, que ha cedido a las presiones de los sectores más conservadores de la sociedad, han implicado seis años de prohibición ilegal del aborto no punible. Exigimos que el TSJ cese con sus cálculos oportunistas, y que luego de la marea verde que puso en debate en el Congreso la legalidad del aborto para todas las causales, se expida urgente a favor del aborto legal por causales, algo absolutamente mínimo”.
