Jueves 18 de diciembre de 2014
En su tesis sobre “defección estratégica”, la politóloga norteamericana Gretchen Helmke sostiene que “cuando un gobierno en ejercicio comienza a perder poder y debilitarse”, los jueces “se ven estimulados a incrementar las medidas contrarias al gobierno a fin de poner distancia con respecto a él”, y por ende acercarse al próximo postulante. En efecto, la Justicia argentina parece no escapar a esa regla; los ánimos de reelección de Carlos Menem recién se vieron truncos cuando los magistrados tuvieron certeza del triunfo de La Alianza. Análogamente, después de acompañar al kirchnerismo proporcionándole impunidad, la Justicia asoma los dientes en el fin de ciclo ubicándose como un árbitro de reserva, con el aditivo de suplir a una oposición desflecada y dispersa.
En este sentido, el juez Claudio Bonadío elevó a juicio oral al vicepresidente Amado Boudou por la compra ilegal de un auto mediante la falsificación de documentos públicos, cuando aún era un joven liberal de la UCeDé bajo las huestes del general Álvaro Alsogaray. La causa en sí resulta insignificante en comparación con otra decena de causas que arrastra como la apropiación ilegal de la imprenta Ciccone Calcográfica, los fraudes de The Old Found (la restructuración de la deuda pública de Formosa por $7,8 millones) y el astronómico incremento de su patrimonio por el cual termino imputado por enriquecimiento ilícito. Si bien es la primera vez en la historia argentina que un vicepresidente resulta procesado, también constituye el último capitulo de la llamada “guerra judicial”, atravesada por la reciente sanción del Código Procesal Penal, pero que tuvo su bautismo en el proyecto de reforma judicial, trabado por la jueza María Servini de Cubría, infelizmente recordada por censurar al genial cómico Tato Bores para gracia del menemismo.
Mientras los magistrados levantan la cabeza, el kirchnerismo se ve obligado a defender a Boudou, aunque sectores importantes del PJ están dispuestos a ofrendar su cabeza como prenda de negociación en beneficio de Cristina, y así evitar su impacto en la campaña electoral. No es de subestimar que Bonadío pidió las declaraciones juradas de la familia Kirchner y puso la lupa sobre los negocios de Néstor y Cristina, particularmente la sociedad hotelera Hotesur SA., que presuntamente contrataba Lázaro Baez y su constructora de obra pública Austral Construcciones, fraguando el alojamiento de sus empleados en el hotel Alto Calafate, para encubrir maniobras de lavado de dinero. El escándalo fue amortiguado sacándolo de escena por el momento con una ridícula multa de $3000 por no haber entregado los balances de los últimos años.
El kirchnerismo acusó a Bonadío por “golpista” y acumular más de 60 denuncias y 10 pedidos de juicio político. A instancias del secretario de Justicia, Julián Álvarez, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura lo sancionó con una multa equivalente al 30% de su sueldo ($30.000) por “demora” y “mal desempeño” en dos causas vinculadas con la privatización de Tandanor y el fraude en la otorgación de millonarios créditos a la ex curtiembre Yoma, aunque no prosperó la solicitud de juicio político por no contar con los dos tercios exigidos.
Obviamente, el kirchnerismo oculta que este corrompido y emblemático “juez de servilleta” del menemismo que respondía directamente a Carlos Corach le prestó grandes favores, sin nada que envidiar a su colega, el juez Norberto Oyarbide (que cerró raudamente la investigación sobre el aumento del patrimonio de Cristina). En 2011, Bonadío sobreseyó a Fabián Gutiérrez, Isidro Bounine y Daniel Muñoz, secretarios privados de Cristina que incrementaron su patrimonio casi cien veces. El debe y el haber de Gutiérrez estaba en manos de Víctor Manzanares, titular contable nada menos que de Hotesur. En 2012, tras la masacre de Once, Bonadío limitó el procesamiento a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, salvando el pellejo del ministro de Infraestructura Julio De Vido, el máximo responsable de las políticas de infraestructura, como señalaron los familiares y amigos de las 51 víctimas fatales. Como si fuera poco, Bonadío carga a cuestas con una causa por su tramitación sobre la falsificación y adulteración de remedios contra la hemofilia, encubriendo a varios dirigentes sindicales, vinculados con el gobierno y la CGT de Hugo Moyano.
En realidad, Bonadío comenzó haciendo alarde contra el kirchnerismo por motivos de autopreservación. En una clásica jugada de toma y daca, el derechista Joaquín Morales Solá reveló que hace unos meses el kirchnerismo ofreció a los radicales las cabezas de Bonadío y Oyarbide a cambio de la destitución del juez Daniel Rafecas, quien abordó las primeras investigaciones sobre Boudou, sobre todo las que más lo complican en la apropiación ilegal de la imprenta Ciccone.
Transformado en un paladín de la “república”, Bonadío recibió la solidaridad de la oposición, la Asociación de Magistrados y del presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien aseguró “la independencia del Poder Judicial”, vinculado hasta por lazos de sangre con terratenientes, banqueros y genocidas de la dictadura. En la reciente “cena de los magistrados”, Bonadío fue ovacionado por esa corporación aristocrática y vitalicia con salarios de $150.000 que encima no paga impuesto a las ganancias.
Los kirchneristas de Justicia Legítima de ningún modo cuestionan los intereses corporativos de esta casta que integra la burocracia jerárquica del más anti democrático y conservador de los poderes del Estado. Sólo se proponen la integración a ese poder, apoyados sobre las facultades de la procuradora Alejandra Gils Carbo para designar próximamente a 1.633 funcionarios y 17 fiscales generales, que garanticen impunidad post 2015. Un programa democrático por la ampliación de derechos exigiría cuanto menos la disolución de la Corte Suprema como una rémora feudal, la elección por voto popular de todos los jueces y fiscales, que tengan carácter revocable y ganen el salario de un trabajador medio, así como la extensión de juicios por jurados y la separación de todos los magistrados y funcionarios vinculados con la dictadura, de los cuales se estiman más de 400. Esa bandera democrática, inspirada en la que los niveladores ingleses y el jacobinismo francés alguna vez flamearon contra los privilegios del antiguo régimen feudal, está separada por un abismo de este progresismo tan decadente como la burguesía de nuestros tiempos.
