Fue acompañada por los bloques mayoritarios y se excluyó el capítulo procedimental. El FIT presentó un proyecto en disidencia que pedía la adhesión integral a la Ley.
Jueves 2 de junio de 2016 12:49
Ayer, luego de un año de conformada la Comisión de Equidad y Violencia de Género y dos días antes de una nueva movilización por Ni Una Menos, la Unicameral aprobó adherir a la Ley Nacional 26485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contras las mujeres.
El tratamiento del proyecto enviado por el Ejecutivo comenzó con la bancada de Unión por Córdoba prácticamente vacía, aunque luego fueron varios legisladores y legisladoras de dicha fuerza quienes hicieron uso de la palabra. De conjunto elogiaron la ampliación de perspectivas que contempla la ley 26.485, que fue aprobada en el 2009, como si recién la descubrieran. El esfuerzo que realizaron para equilibrar esas loas con la defensa cerrada de la ley provincial, que tiene 10 años y contempla la violencia hacia la mujer como un asunto “doméstico”, fue realmente notable. En repetidas oportunidades se hizo referencia a que el ministro de justicia de la Nación, Germán Garavano, ponderó la legislación delasotista como “innovadora”.
El resto de los bloques opositores se dedicó básicamente a lo mismo. Aunque no faltaron algunas chicanas entre los distintos bloques, a lo sumo hubo un par de recriminaciones por la casi nula ejecución de las partidas presupuestarias que la Provincia tiene destinadas a distintos programas contra la violencia machista. La falta de adhesión a los procedimientos administrativos y judiciales de la ley nacional sólo cosechó tibios reclamos, al igual que algunas exigencias a la Justicia.
La legisladora Laura Vilches atribuyó la falta del capítulo de procedimientos en la adhesión a la defensa de la “Sagrada Familia Judicial” que realiza el gobierno de Unión por Córdoba. “Una Justicia que no actúa en tiempo acorde, porque revictimiza cuando desoye las denuncias, porque aletarga sin necesidad las audiencias. Esta misma Justicia acaba de condenar en Tucumán a 8 años a Belén una joven que tuvo un aborto espontáneo, en un juicio fraguado. Es la misma cantidad de años que le dieron a Minicucci, un ex general del ejército que formó parte del Plan Cóndor. La misma justicia que durante 4 años dejó dormir la causa que impide la aplicación del protocolo no punible en Córdoba”.
Respondiendo a los planteos del kirchnerismo, les recordó que hasta seis meses atrás eran gobierno, “un gobierno que le destinó cero presupuesto a la aplicación de esa ley. El presupuesto asignado para este año, de $ 4,50 por mujer, es realmente una ‘herencia’ del gobierno anterior. Pero Cambiemos no se queda atrás, ya que recortó presupuesto de áreas relacionadas con la asistencia de mujeres víctimas de la violencia”.
“Por eso los responsables son el Estado y los distintos gobiernos, el actual y el anterior, el gobierno provincial que también empezó el año despidiendo trabajadoras de Violencia Familiar y Trata de Personas y que le da $ 3.000 a las mujeres sufren violencia para que se vayan de su casa, o les paga un hotel alojamiento”, agregó.
Para finalizar, Vilches expresó: “El 3 de junio volveremos a exigir que se declare la emergencia contra la violencia de género para que haya partidas presupuestarias para, para viviendas, refugios, subsidios para las víctimas de la violencia machista. Vamos a exigir Ni Una Menos por femicidios, por crímenes homolesbotransfóbicos, por aborto ilegal, por redes de trata y ni una trabajadora menos por ajustes y despidos”.
Desde la UCR, la legisladora Caffaratti destacó que este “no es un logro del gobierno ni de la legislatura, sino de las agrupaciones de mujeres en su conjunto. Pero votar una ley sin voluntad política la vacía de contenido. En el primer trimestre, en muchos programas de asistencia a la mujer, se ejecutó menos del 1% del presupuesto asignado”.
La legisladora Soher El Sukaría del PRO, suscribió las palabras de su compañera de interbloque. Por supuesto que no faltó la respuesta de Unión por Córdoba pidiendo a El Sukaría que gestione el envío de fondos desde el gobierno nacional para implementar la ley.
Gente olvidadiza
Desde el kirchnerismo, la legisladora Liliana Montero exigió al gobierno provincial un “mea culpa” por no haber adherido antes a la ley, lo cual, por supuesto, no llegó. También habló del tema del presupuesto, sin hacerse cargo de que el gobierno de Cristina Fernández jamás asignó fondos a la ley 26.485. Quizás debería pensar en un “mea culpa”. Montero presentó además un proyecto para solicitarle al ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que será la autoridad de control de la ley) que “establezca como prioridad elaborar las propuestas normativas para compatibilizar los procedimientos administrativos y judiciales para la adhesión de la ley nacional”. Una verdadera lavada de cara para Unión por Córdoba.
Ante las críticas que se realizaron desde el Frente de Izquierda a la forma en que se realizaba la adhesión, Martín Fresneda dijo celebrar “que más tarde que temprano, todas las fuerzas políticas puedan comulgar y construir las herramientas para dejar atrás la violencia machista”. Según el ex Secretario de Derechos Humanos de la Nación, de nada sirve denunciar en la Legislatura (ni en ningún otro lado, tal vez) a fuerzas que, como Unión por Córdoba, nunca movieron un dedo por los derechos de las mujeres.
La Iglesia también estuvo representada
Capítulo aparte merece Aurelio García Elorrio, de Encuentro Vecinal. Este legislador es el responsable directo de que en Córdoba no se aplique el protocolo de aborto no punible, ya que presentó la medida cautelar en representación de la Asociación Portal de Belén, de la cual es integrante. Fiel representante de la Iglesia católica, declaró que nunca le rendirá tributo a la “teoría de género”, y que “no hay que legislar para distintos sectores sino en favor de la familia, el núcleo fundamental de la sociedad”. Inclusive osó citar al revolucionario León Trotsky como “defensor de la familia”.
Despacho en disidencia del Frente de Izquierda
Los legisladores Eduardo Salas del PO y Ezequiel Peressini de IS, junto con la legisladora Laura Vilches del PTS, presentaron en conjunto un despacho en disidencia que contemplaba la adhesión integral a la ley 26.485 pero además declaraba la emergencia contra la violencia de género en todo el territorio provincial.
Salas hizo referencia al proyecto del FIT planteando que la emergencia permite disponer de los fondos de manera inmediata.
Peressini, por otro lado, expresó que en la justicia de Córdoba hay 600 denuncias de violencia machista por día. Hay que aclarar que en una reunión de la comisión de equidad, el legislador de IS había elogiado el proyecto de declaración de la emergencia del kirchnerismo, cuando tanto el PTS como el PO tenían proyectos presentados en el mismo sentido.
