Fue a propuesta del oficialismo. También se fijó la fecha de las elecciones provinciales el 12 de mayo.
Miércoles 12 de diciembre de 2018 21:37
En una sesión que duró hasta las 21, la Legislatura convirtió en leyes tres convenios firmados entre la Provincia y el Ministerio de Seguridad que habilitan el trabajo conjunto entre fuerzas provinciales y nacionales. Los proyectos fueron aprobados por Unión por Córdoba y Cambiemos y rechazados por la izquierda y el bloque kirchnerista.
Este año, el gobernador Schiaretti rubricó junto a la ministra Patricia Bullrich la creación del Comando Unificado Córdoba (CUC), que permite que Gendarmería, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y la Policía Provincial trabajen en conjunto en el control de rutas y en las ciudades más grandes del territorio cordobés. El convenio, enmarcado en el programa “Barrios Seguros”, busca, con la excusa del combate al narcotráfico aumentar la presencia represiva en barrios con “alta conflictividad social”. Por el momento, Gendarmería estuvo buscando a los grandes narcos en los colectivos, como se pudo ver en un video que se viralizó en octubre.
El ministro de Gobierno, Carlos Massei, justificó así el envío de los proyectos a la Unicameral: “Los convenios están en ejecución, pero el gobernador Juan Schiaretti y yo decidimos, como política de Estado, que sean ley para que tenga continuidad en otras gestiones. De esa forma, esas leyes nos van a acompañar en el proyecto del trabajo de las políticas de seguridad y contra el narcotráfico”.
En cuanto a la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad, que habilita a las fuerzas represivas disparar a matar, Córdoba no adhirió. “Nuestra Policía debe actuar con una ley en una mano y la Constitución en la otra”, dijo Massei. Hipocresía a dos bandas: en primer lugar, porque el protocolo rige a las fuerzas federales, que ya están en las calles de Córdoba; y en segundo lugar porque la Policía de Córdoba nunca necesitó ningún protocolo para asesinar a jóvenes de las barriadas populares
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La legisladora del PTS-FIT, Laura Vilches, rechazó los proyectos del oficialismo, planteando que “estas políticas securitarias tienen el objetivo de perseguir a la juventud de los barrios populares, con los casos brutales de gatillo fácil que denunciamos hace años en la Marcha de la Gorra, y su correlato a nivel nacional que es el aval a la ‘doctrina Chocobar’”. Vilches agregó que también se usarán “contra quienes salgan a manifestarse contra las políticas de ajuste del gobierno nacional y el gobierno provincial: el propio convenio establece que las fuerzas represivas trabajarán en las zonas de mayor conflictividad social”. Por último, se refirió a la excusa de la “guerra contra el narco”. “Se trata de trasladar la hipótesis de conflicto hacia el interior del país, como hicieron cuando inventaron el mito del ‘terrorismo mapuche’ y el ‘terrorismo anarquista’. Y para ello usan una hipótesis que no es nueva acá ni en el resto del mundo, que es la ‘guerra contra el narcotráfico’. Pero la ‘guerra contra las drogas’ fue diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como una forma de represión social, como confiesan sus ideólogos. Se trata además de sembrar sospechas sobre cada uno de nosotros, cuando son la justicia, los gobiernos y las fuerzas represivas las principales garantes de todo el delito organizado”.
Elecciones recargadas
Con 40 votos afirmativos y 19 negativos, se aprobó también suspender solo por el año 2019 el artículo del Código Electoral que fija la fecha de los comicios entre dos y seis meses antes de la finalización del mandato, que es el 10 de diciembre. En el mismo proyecto se estableció la elección el 12 de mayo. Este proyecto fue aprobado por el bloque de Unión por Córdoba y los legisladores Franco Saillen (kirchnerismo), Martín Fresneda (kirchnerismo) y Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico).
