La legislatura deberá tratar el desafuero del legislador Ricardo Bussi, acusado de abuso sexual por la joven de 26 años. En Tucumán el desafuero es condición para iniciar una investigación judicial contra un funcionario.
Domingo 23 de agosto de 2020 11:07
En los próximos días la Legislatura de Tucumán deberá tratar el pedido de desafuero contra el legislador de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, acusado de abuso sexual y robo de identidad contra "Lupe", una joven de 26 años que trabajaba para su fuerza política y que asegura que a principios de marzo Bussi la habría encerrado en su despacho para abusar de ella. Además, denuncia que sus datos personales habrían sido usados para abrir una cuenta bancaria donde se giraron abultadas sumas de dinero.
De acuerdo al abogado de Lupe, se han presentado las pruebas suficientes que demuestran la presencia de la joven en el despacho del legislador y pruebas de las comunicaciones entre ambos, negadas en un principio por Bussi.
Sin embargo, la Legislatura de Tucumán, a cargo del vice gobernador Osvaldo Jaldo, informó a la justicia que borró los videos del día en que Lupe estuvo en el despacho del legislador. Así lo constató su abogado, Salvador Iovane, quien advirtió que la Justicia “está siendo un poco lerda”.
Que la Legislatura de Tucumán explique porque borraron las grabaciones del día que Lupe fue víctima de abuso por parte del legislador Ricardo Bussi. ¡BASTA DE COMPLICIDAD!#JusticiaParaLupe #DesafueroABussi pic.twitter.com/byLB1i5UTl
— Agus (@SantoAgustina) August 20, 2020
"Estamos a la expectativa de que la Jueza que interviene en la causa requiera el desafuero a la Legislatura. Y desde ese momento dependeremos de la discrecionalidad política de los legisladores. Es una situación muy particular, porque la Legislatura condiciona la actuación judicial y la investigación de un proceso, situación que hemos denunciado como inconstitucional porque entendemos que la justicia no puede ser condicionada por el poder político de manera alguna", manifestó Salvador Iovane.
La denuncia hace referencia al nuevo código procesal de Tucumán, que establece que cuando un legislador o funcionario de gobierno es denunciado por algún delito, se abre una investigación jurisdiccional sumaria a los fines de determinar si corresponde o no el desafuero. Y el resultado de esa investigación determina si la justicia puede iniciar una causa normal.
“Seguimos insistiendo en las medidas probatorias, tanto del caso por abuso sexual como de otros hechos que hemos denunciado y que surgieron a raíz de la denuncia de la víctima”, aseguró el abogado de Lupe.
Y es que desde que la joven realizara la denuncia se han producido una serie de hechos intimidatorios, mensajes de texto amenazantes, el saqueo de su casa y el hostigamiento de los familiares de Lupe por parte de personas que identificadas con Fuerza Republicana.
Mientras tanto, desde el colectivo #Ni Una Menos se conformó un espacio para el abordaje de manera conjunta de las causas abiertas por abuso sexual y violencia de género contra los funcionarios José Alperovich, José Orellana y Bruno Romano.
Hasta el momento Ricardo Bussi no ha sido siquiera interpelado por la Legislatura de Tucumán. Y es que el poder político tiene de aliado al hijo del fallecido genocida en su campaña contra los derechos de las mujeres. El pacto de impunidad queda sellado en nuestra provincia con un código procesal que directamente pone a la justicia a merced de las fuerzas políticas que controlan Legislatura.
La lucha del movimiento de mujeres debe abrirse paso con independencia política del Estado, los partidos régimen, y en las calles, a la conquista de todos los derechos.
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