Grave. La Legislatura porteña aprobó mecanismos para aumentar la criminalización de la pobreza y la protesta

A partir de un proyecto presentado por el Jefe de Gobierno porteño, la legislatura aprobó con los votos de Vamos Juntos y Libertarios la modificación de algunos artículos del Código Procesal Penal de la Ciudad referidos a la situación de personas extranjeras imputadas de haber cometido algún delito; a las condiciones de allanamientos; y a las causales que justifican una prisión preventiva. El Frente de Izquierda y Unión por la Patria votaron en contra y denunciaron la gravedad de estas modificaciones.

La legisladora Alejandrina Barry, al comienzo de la sesión denunció “Es un proyecto que viola todas las garantías constitucionales, van contra el principio de inocencia, osea es contra toda la población, pero el objetivo principal que tiene es dar herramientas para encarcelar a los que viven de su trabajo como los vendedores ambulantes y particularmente a los manifestantes”.

Esta votación se dio mientras seguían detenidos los manifestantes que repudiaron la aprobación de la Ley Bases frente al Congreso y mientras el fiscal Stornelli, pidió la prisión preventiva para ellos, un adelanto de para que será utilizada la llamada Ley de Reiterancia que esta legislatura aprobó. La Legislatura en manos de Jorge Macri pasa a ser una sucursal del Ministerio de Seguridad nacional a cargo de patricia Bullrich.

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Que significa este salto en la criminalización de la pobreza y la protesta. Hasta hoy, como en todo el país, las causales de prisión preventiva eran ante el “peligro de fuga” y el “peligro de entorpecimiento del proceso” de parte del procesado. A partir de hoy, y con esta aprobación en la legislatura, se puede detener a cualquier persona que tenga dos causas abiertas sin pruebas, sin juicio y sin condena por el simple hecho de haber sido arrestado en una manifestación o por estar vendiendo mercaderías en la vía publica o por el simple hecho de ser una persona en situación de calle. Este es el significado de la llamada “reiteración delictiva”.

Barry lo explicó “Defienden esta ley hablando de delitos graves como robos con armas o incluso denunciando la puerta giratoria de la Justicia, pero esos son delitos tramitados por la justicia nacional. Con esto queda demostrado con no combaten el delito, sino que es para pegar un salto en la criminalización de la pobreza y la protesta”.

Varios legisladores denunciaron que el proyecto original presentado por Jorge Macri tenía un sinnúmero de flagrantes violaciones a la Constitución nacional y de la Ciudad. Buscando adhesiones al proyecto, el oficialismo “rosqueó” con algunos otros bloques y aceptó incorporar cambios en el texto. Uno de esas incorporaciones es la aclaración de que la “reiteración delictiva” no será aplicable en el caso de “hechos investigados en el marco del ejercicio de la libertad de expresión, a manifestarse o a peticionar frente a las autoridades”.

Pero esa “aclaración” va seguida de una advertencia: “siempre y cuando no concurran con delitos contra las personas o daños a la propiedad”. Y ahí está la trampa. Porque cada vez que hay detenciones y se abren procesos contra quienes participan de movilizaciones y otras acciones de protesta, tanto la Policía como los fiscales y los jueces suelen hacer encajar sus acusaciones en figuras que contemplan esos supuestos.
Sin ir más lejos este mismo jueves el fiscal Stornelli pidió prisión preventiva para los 35 manifestantes detenidos al boleo mientras se retiraban de la concentración, mientras se solicita acusar de delitos contra el orden constitucional, daños y atentados contra la autoridad. Todas causas que con la Ley de reiterancia, en caso de tener otra causa sin condena, se le aplicaría de forma inmediata la prisión preventiva.

“Una nueva y flagrante demostración de que el objetivo de estas modificaciones aplicadas por la Legislatura porteña, llegando al extremo de que algunos de los legisladores del oficialismo fueron categóricos a ligar estas modificaciones a las detenciones de este miércoles” definió Alejandrina Barry.

Otra de las modificaciones aprobadas es la ampliación del poder de fiscales y policías para la realización de allanamientos sin orden judicial formal en cualquier casa, departamento, negocio, comedor e incluso en un local sindical o partidario. Quedaría eliminada la obligatoriedad de mostrarle la orden judicial a quien habita el domicilio a allanar hasta que todo lo actuado conste en actas. La simple orden de un comisario habilitaría a estos llamados “allanamientos de urgencia”. De esta forma se habilita el atropello policial sin más. Una de las legisladoras trajo a mención el caso del asesinato por parte de la policía de la Ciudad de Lucas González “una policía que planto pruebas para encubrir el asesinato de Lucas tendría el poder para allanar la casa de los padres de Lucas. Uds se imaginan qué podrían hacer”.

Estas modificaciones lo único que persiguen es endurecer la criminalización de la pobreza y la protesta, como así también darles rango legal a las ilegalidades cometidas por la policía de la Ciudad y a los fiscales que responden al Jefe de Gobierno.

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Antes de la sesión se realizó una conferencia de prensa para hacer publica la denuncia es lo que se iba a votar más tarde. La misma surgio como propuesta resuelta este lunes pasado en una audiencia publica convocada por los tres legisladores del Frente de Izquierda, Alejandrina Barry, Celes Fierro y Gabriel Solano. De la misma participaron importantes organismos de DDHH como la APDH con Gisela Cardozo, CELS con Fabio Vallarelli, Carlos “Sueco” Lordkipanidse del Encuentro Militante Cachito Fukman y el EMVyJ, la exjueza Maria Laura Garrigós de la Asociación Americana de Juristas (AAJ), Charly Platkowski por el CeProDH, la Red socialista por los DDHH y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, Victoria Montenegro de la UxP, entre otros.

Esto es el comienzo de una campaña de concientización y denuncia para frenar este avanza contra las libertades democráticas, el derecho a la protesta y en defensa de los sectores populares.