MEDIO AMBIENTE Y CAPITALISMO. La “Lei de Depredación de Galiza”: un duro ataque a la clase trabajadora y al medio ambiente

Tal y como informa la Alianza Rural Galega, que agrupa entidades ecologistas y sindicales, esta ley modifica normas importantes como la Ley 8/2009 de aprovechamiento eólico, la Ley 3/2008 de minería o la Ley 7/2012 de Montes.

Esta nueva legislación reduce a los empresarios los requisitos de declarar sus proyectos como industriales estratégicos. Algunos de los requisitos modificados son los siguientes; se requiere un mínimo de 20 millones de euros de inversión frente a los 50 millones de la norma anterior y 100 puestos de trabajo frente a los 250 antes requeridos. De este modo los empresarios se beneficiarán de un menor control urbanístico, y de un uso prioritario del suelo frente a cualquier otro uso. Los municipios pierden todo control sobre la situación. También pueden recibir adjudicaciones directas de suelo y mayores subvenciones por parte del gobierno. Esto además será agravado por una opacidad absoluta por parte de las empresas, que determinarán que es secreto comercial en sus explotaciones, siendo casi invulnerables a informes o controles por parte de la Administración una vez iniciada su actividad.

Megaminería

Se modifica la Ley 3/2008 de minería de Galicia, reduciendo los trámites de nuevos proyectos y dando a la Consellería de Industria capacidad para aprobar la solicitud de derecho minero sin tener en cuenta las consideraciones de municipios y otros departamentos administrativos, como Medio Ambiente, Patrimonio o Urbanismo. El promotor podrá solicitar la expropiación o la utilidad pública sin esperar por la aprobación del proyecto. Los informes de Medio Ambiente o de Augas e Costas dejarán de ser determinantes. Una norma que encaja a la perfección con el proyecto de reapertura de la mina de cobre de Touro, a escasos kilómetros de Santiago de Compostela, que ha recibido autorización recientemente para retomar su actividad con una multinacional suiza.

Para recuperar los suelos contaminados y el drenaje ácido de mina que contaminó las aguas colindantes se había puesto en marcha un ambicioso programa de recuperación ambiental. Durante 10 años la aplicación de distintos suelos artificiales consiguió exitosamente la creación de un humedal y bosques con una alta diversidad. Todo un ejemplo de restauración ambiental que se tirará por la borda debido a los intereses económicos de una minoría.

Residuos

Se prevé la creación de una planta de compostaje en SOGAMA, que producirá compost (un fertilizante orgánico artificial) con los residuos de los municipios próximos. Sin embargo, esto es insuficiente, ya que no se plantean iniciativas similares para el resto de los municipios.

Es necesario recordar la nefasta gestión de residuos liderada por SOGAMA en los últimos años. En el 2009 se descubrió que SOGAMA no estaba incinerando los medicamentos que la Xunta necesitaba eliminar de forma correcta. Su horno era demasiado pequeño y las temperaturas que se alcanzaban no eran suficientes para eliminar todos los compuestos potencialmente tóxicos. Toneladas de residuos, algunos de ellos se encontraron en vertederos al aire libre, contaminando cursos de agua. De hecho diversas fuentes afirmaron que SOGAMA no había incinerado ninguno de los medicamentos recibidos desde el 2002.

Por aquel entonces, como siempre, las responsabilidades políticas y de las empresas fueron mínimas, casi nula. Pero el gobierno del Partido Popular sigue confiando en esta empresa fraudulenta para realizar la gestión de residuos. Lo más indignante, es que esta empresa de gestión privada tiene un 51 % de propiedad directa de la Xunta.

Expropiaciones forzosas

Se considerarán los proyectos de producción de energía renovable (eólica, biomasa, hidroeléctrica, etc.) como de “especial interés”, lo que permitirá que se realicen expropiaciones sistemáticas en favor de los empresarios, ya que tendrán prioridad sobre otras actividades por Ley. Además se suprime el artículo 34 de la Ley 8/2009 que fijaba criterios, como los de menor afectación ambiental o el compromiso de repotenciamiento de parques ya instalados. Ahora estos criterios no se tendrán en cuenta. De hecho las empresas podrán solicitar la expropiación incluso antes de ser aprobado el proyecto, lo que deja indefensos a los miles de pequeños propietarios.

Una Ley al servicio de las multinacionales y contra la clase trabajadora y el pueblo
En definitiva, esta nueva norma supone una desregulación de los requisitos ambientales que necesitan las empresas en Galicia para llevar a cabo su actividad. Una norma hecha a medida del tratado de libre comercio con Canadá, el CETA, que entró en vigor de forma provisional el 22 de septiembre. Un aviso de la desregulación que acabará con cientos de miles de puestos de trabajo y generará devastación ambiental. Una Ley también hecha para los intereses de la papelera ENCE, favoreciendo la plaga del eucalipto, ya que permite las talas masivas y permite la extracción de madera en espacios protegidos. Una situación que facilita los incendios, elimina la biodiversidad, y empobrece a la población rural. El gobierno gallego está a la cabeza de esta barbarie.

Pero lleva tiempo pensando su plan. En 2013, el gobierno estrenaba un nuevo lema “Galicia é una mina”, para defender su proyecto de megaminería de extracción de oro. Pero tuvo que dar marcha atrás tras la derrota sufrida a manos de los vecinos de Corcoesto, A Coruña, donde se iba instalar la primera mina. Sin embargo, el plan del PP gallego sigue siendo el mismo. Un tipo de minería que contamina el suelo con arsénico y otros elementos tóxicos impidiendo el cultivo, y afectando gravemente a la salud. También intentaron aprobar la Ley de Acuicultura Intensiva, que fue parada por decenas de miles de trabajadores del mar en Santiago de Compostela.

Si la “Lei de Depredación” se llega a aplicar, las consecuencias ambientales y en materia de empleo serían funestas para la población. Se crearían unos escasos puestos de trabajo durante unos pocos años, pero se destruirían muchos más, y se dejaría la tierra inutilizable para el cultivo, la ganadería, el turismo o cualquier otra actividad económica. Se condenaría a la población gallega a mayores cotas de emigración, paro y miseria.

Para parar esta demencial “fiebre del oro” gallega, es necesario un gran movimiento de la clase trabajadora y el pueblo, que tumbe esta Ley mediante una gran movilización social. La plataforma Contraminacción ya está dando pasos con la realizando una recogida de firmas en change.org. Se realizó una concentración el 6 de octubre a las 12:00 delante del Parlamento de Galicia y el 22 de octubre está prevista una manifestación en Santiago de Compostela. Sin embargo, estas acciones no son suficientes. Es necesaria la difusión generalizada a la población de los ataques que esta Ley supone, la convocatoria de charlas y asambleas locales, de concentraciones y acciones en las distintas ciudades. Y sobre todo, es necesaria la implicación del grueso de la clase trabajadora, industrial y de servicios.

La CIG, sindicato mayoritario en Galicia se ha posicionado contra esta norma. Pero como exponíamos en un anterior artículo, una verdadera respuesta a los ataques del gobierno y la patronal, exigiendo todas las demandas sociales y democráticas, solo puede ser efectiva con un plan de lucha que incluya la preparación de una huelga general. En este sentido, la “Lei de Depredación de Galiza” es un motivo de peso, a los que se suman otros como la Ley Mordaza, las reformas laborales, la LOMCE o los recortes en Sanidad o la actitud represora contra el pueblo catalán.

Asimismo, los estudiantes también debemos tomar partido en esta lucha, ya que seremos los jóvenes los que veremos más claramente la devastación ambiental en el futuro, que nos afectará más directamente que en la actualidad. No queremos vivir en una tierra infértil y contaminada, con un clima cada vez más seco y cálido, con mayores problemas de salud, condenados al paro y la emigración. Queremos construir una sociedad que nos permite desarrollar nuestras potencialidades, disfrutar de una vida digna y establecer un equilibrio con el medio natural, que permita un desarrollo económico y social. Una sociedad sin desigualdades y sin clases. Porque la conservación del medio ambiente y el bienestar social es incompatible con el capitalismo.