UNA LEY ESCANDALOSA. La “Ley Antibloqueo” de Maduro: un infame salto adelante en el entreguismo nacional y las privatizaciones

El Gobierno de Maduro ha presentado la llamada “Ley Antibloqueo”. Un aparatoso nombre para dar toda una cobertura “legal” a una política más ofensiva en el plano aperturista que viene teniendo el Gobierno que lejos está de cualquier medida contra las sanciones de Estados Unidos, incluso plantea la reversión de “nacionalizaciones” llevadas adelante durante el período de Chávez. Y para “protegerse” le dan rango de ley al secretismo en los negocios de la entrega nacional.

En esta nueva “Ley” al que le dan rango constitucional, como ya es costumbre en el Gobierno, en los preámbulos la presentan con frases al estilo de “la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales”, “el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano” y el “goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores”. Justamente todo lo contrario en sus objetivos reales. Fue lo mismo que se hizo cuando lanzaron el brutal paquetazo de agosto del 2018 que significó un ataque en toda la línea contra la clase trabajadora y las mayorías populares bajo el nombre de “el Plan de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad”.

La misma ha sido presentada ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, donde el poder real lo tienen el Gobierno, pues es un lugar donde no se delibera absolutamente nada y se vota todo lo que determinan las altas camarillas del chavismo gobernante junto a las Fuerzas Armadas, y por tanto se sabe con antelación su aprobación.

Esta “Ley” ni es “antibloqueo” menos aún que defienda “la plena soberanía”, estando en las antípodas de cualquier medida antiimperialista contra las sanciones de Washington, pero que se usa como pretexto para todo un curso entreguista y privatizador que ya vienen tomando desde hace algunos años, y que entre sus principales leyes iniciadoras está la llamada “Ley de Inversiones extranjeras”, para abrirse luego con una serie de leyes en el sector petrolero de entrega a transnacionales. Y en esto justamente comparten con la oposición, solo que unos en clave de ser el que controla la entrega para buscar una sobrevida y el otro de apertura abierta de la mano del imperialismo.

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En la nueva “Ley”, que no pretendemos aquí tomar en su totalidad sino en sus puntos más gruesos, en su Capítulo II referido a “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones”, ya arranca afirmando que “Cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños que las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas generan (…) el Ejecutivo Nacional autorizará la desaplicación de determinadas normas legales, para casos específicos”. Agregando que se hará cuando “tal desaplicación es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica, la protección e impulso de la economía nacional, la estabilidad del sistema productivo y financiero locales, la captación deinversión extranjera, sobre todo a gran escala” (negritas nuestras). ¿Qué es lo que se quiere indicar con la “desaplicación de normas legales”? No puede dejar de entenderse como la abierta anulación de normas y leyes preestablecidas (incluyendo las orgánicas), incluso contenidas en la propia Constitución del país, para su avanzada económica eliminando todo tipo de obstáculo “legal”. Lo que de paso, es bien decirlo, no es nuevo, solo que ahora le dan “rango constitucional” a la anulación de facto a un sin número de leyes cuando bien le convenga a las camarillas gobernantes, como explicamos más adelante.

Acelerando el curso aperturista y entreguista

En la parte referida a la “Optimización de la gestión empresarial” de dicha Ley, es partir donde salen a relucir los verdaderos objetivos. En el Artículo 24 se indica que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior (…)”. Para intentar “cubrirse” de cierta “constitucionalidad” para este salto agregan que esto se hará “sin prejuicio del artículo 303 de la Constitución”. Un artículo que indica que “Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera (…)”. Pero es que PDVSA como empresa puede seguir existiendo y lo será seguramente, pero ya siendo una empresa irrelevante en manos del Estado frente al paso de la explotación y producción petrolera a manos de transnacionales y operadores locales; así “cumpliendo” supuestamente con dicho dictamen constitucional, pueden avanzar en una mayor privatización real de la industria petrolera nacional. En otras palabras, lo de “sin prejuicio” no pasa más que de un eufemismo del mayor de los descaros.

Para complementar, en su Artículo 25 se indica en cuanto a “Operaciones de administración” que “(…) se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos, así como de administración de activos, mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales (…)”. Y en su Artículo 26 que “(…) el Ejecutivo Nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación, compra y pago de bienes y servicios (…)”. Aunque el Gobierno de Maduro ya viene avanzando desde hace varios años en eso de “modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas” (como lo hemos explicado aquí), lo nuevo está, como lo hemos venido afirmando, es que lo elevan a rango constitucional y de Ley abriéndose el camino para sus políticas económicas.

Como hemos explicado, en medio del colapso económico Venezuela se ha transformado en la gran oportunidad para aumentar el saqueo por parte de las grandes transnacionales, e incluso de grupos económicos locales, en todo un proceso que se ha abierto hacia lo que no puede llamarse sino la privatización de la industria petrolera, solo que ahora buscan dar saltos mayores. En un extenso artículo de inicios de febrero hemos dado cuenta toda una serie de iniciativas y leyes que en los últimos seis años han venido marcando este curso aperturista en el sector petrolero, gasífero y petroquímico.

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Un camino más abierto a la privatización y reversión de empresas “nacionalizadas”

En lo que dice respecto a “Impulso a la inversión privada”, es donde se concentra ya no solo en el curso aperturista sino también privatizador, incluyendo la vuelta atrás de medidas que se habían tomado previamente en el marco de “nacionalizaciones” o “expropiaciones”. En las primeras líneas del Artículo 27 reza que el Ejecutivo “(…) podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional (…)”, y pasa a determinar que “Cuando dichas medidas impliquen la gestión u operación de activos se encuentren bajo administración del Estado venezolano como consecuencia de alguna medida administrativa o judicial restrictiva de alguno de los elementos de la propiedad, se respetarán los derechos de quien demuestre ser su legítimo propietario conforme a la legislación vigente, procurando priorizar su participación en la respectiva alianza o a través de acuerdos con el Estado para la restitución de sus activos cuando ello implique la pronta puesta en producción de dichos activos mediante un plan debidamente sustentado.” (Subrayados nuestros).

Con todas las letras establecen directamente el camino a “restituir” a “su legítimo propietario”, empresas que incluso fueron pagadas hasta con creces en períodos anteriores. Pero en este Capítulo de la Ley no es que se refiera a aquellas pequeñas empresas que de una u otra forma fueron afectadas por alguna determinación gubernamental, es el camino abierto a la privatización de grandes empresas que fueron “nacionalizadas” o “expropiadas” pero que fueron indemnizadas. Pudiendo ser retomadas por empresarios extranjeros y locales en ese proceso que llaman “restitución de sus activos”, con la sola estipulación de que “implique la pronta puesta en producción”, sin hacer mención alguna a los fuertes pagos que se hicieron cuando se compraron las mismas.

Para esto seguramente empezando por las transnacionales petroleras que han demandado al Estado nacional cuando se avanzó en el régimen de las empresas mixtas. Pero no solo esto, sino también con empresas de gran calado como la industria siderúrgica, sectores eléctricos, y otras compañías de gran calado hoy bajo la órbita estatal. Dicho sea de paso, esto es algo que ya se viene operando, como ha sido el caso de los establecimientos de cadenas de supermercados, como “Éxito”, y que hoy son entregados al sector privado, sin saberse ni en qué marco ni condiciones, pero que pasan al sector privado.

Para complementar esta parte, y de manera que se establezca el principio de “la mano del mercado”, se tiende a eliminar o se elimina directamente, la interferencia del Estado en la economía. Así en su artículo 28, se dictamina que “(…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional (…)”. Se sabe que con el término de “determinadas categorías” entrarían las que consideren a bien establecer. En otras palabras, la vía al laissez faire para los negocios de las grandes empresas transnacionales o de capitalistas nacionales.

Y hasta la propia jurisprudencia nacional en lo que se refiere a la cuestión de eventuales litigios con empresas internacionales van desapareciendo. En la parte referida a las “Garantías para la inversión”, en el Artículo 31 se dictamina que “La República y sus entes podrán acordar con sus socios e inversionistas, por el plazo establecido contractualmente, cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad.” Agregándose que “Siempre que se hayan agotado los recursos judiciales internos disponibles y se haya pactado previamente, la República Bolivariana de Venezuela podrá participar y hacer uso de otros mecanismos de solución de controversias.” Es decir, ni si quiera se hace mención ni se especifica en todo este artículo, a fin de que los llamados “inversionistas” (las transnacionales que vienen a hacer sus negocios) tengan “confianza y estabilidad”, que eventuales “controversias” serán resueltas en tribunales venezolanos, sino abiertas a serlo en el rapaz arbitraje internacional, como los que se determinan dirimiendo en Nueva York, por ejemplo.

Una descarada e insólita garantía “legal” del “secreto” para la entrega, privatizaciones y la corrupción

Y para darles mayor “seguridad” a los negocios a los capitalistas, se establece en la parte referida al “Régimen transitorio sobre reserva, confidencialidad y de divulgación limitada de información”, el mayor de los secretos de las negociaciones que se establezcan o véngase a acordar, abriendo el camino, ya no solo de corrupción como indican muchos observadores críticos de esta Ley, sino al curso entreguista sin el más mínimo control, siendo que se trata de riquezas del Estado o de activos existentes en el territorio nacional o en el extranjero, u otros negociados oscuros, cuando se supone que deben ser de la mayor “transparencia pública”. Se busca amparar con una “Ley” la opacidad en todo lo que hace a la entrega nacional. En otras palabras, se establecen leyes, para hacer “legales” todo tipo de entreguismo y componendas, ventas de activos en forma oscura, y a la corrupción.

Así vemos que en el Artículo 34 se dictamina que “Se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el Poder Público venezolano (…)”, y se agrega que “Las máximas autoridades de los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, central y descentralizada, por razones de interés y conveniencia nacional, podrán otorgar el carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente, documento, información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo, en aplicación de esta Ley Constitucional”. Rematando en el Artículo 35 con que “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada, así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma”.

Ni en la década de los 90, de mayor avance neoliberal, se tomaban tanta “prevenciones” elevándolas a “Ley”. El argumento de que Washington no se “entere” no es más que un burdo argumento e insólito subterfugio. De manera “silenciosa”, y hay que aclarar, para usar esa expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación bajo el mayor de los secretismos, solo que ahora legalizan el secretismo para los grandes negociados. Y es que hay que tomar en cuenta que ya no se trata solo de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económico empresarial y capitalista de todo linaje, sino decisiones que implican grandes cambios que llevan a una mayor dependencia del país.

Anulando Leyes orgánicas anteriores de un plumazo

Y para que no quede ningún espacio abierto a Leyes anteriores que contravengan el actual curso político y económico, pasan a abolir de facto las preexistentes. Así en lo referente a las “Disposiciones transitorias”, en la segunda disposición se dictamina directamente que “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta Ley Constitucional, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones, aún ante el régimen derivado del Decreto mediante el cual se acuerda el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio Nacional”.

Es decir, todas las otras Leyes orgánicas existentes, como la Ley de Hidrocarburos entre muchas importantes del país, son eliminadas de un zarpazo por simple orden gubernamental, pues sabemos que la actual Asamblea Nacional Constituyente, órgano más fraudulento si los hay, no es más que un instrumento de las camarillas gobernantes para sus fines políticos, y carece en absoluta de la más mínima deliberación de cualquier parlamento burgués aunque sea para cubrir las apariencias.

Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo, nuevo saqueo y curso privatizador

Como vemos, en este rápido recorrido de esta “Ley”, se trata de una de las leyes más antinacionales que hasta el momento el Gobierno de Maduro ha venido estableciendo, y que deja al país a la deriva de la rapacidad capitalista internacional y nacional, y de una burocracia estatal –incluyendo la militar- antiobrera y antipopular con intereses materiales propios. Es un andamiaje al entreguismo y al curso privatizador como no se había visto. Por eso, no por casualidad, titulábamos un artículo a principios de año como que estábamos en la puerta de “Nuevo “gran viraje” donde solo ven la apertura depredadora como “salida” a la catástrofe y ruina del país.

En fin, con esta Ley, y usando de pretexto las sanciones imperialista –que hay que rechazar con todas las fuerzas–, mientras la arrolladora catástrofe continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial.

En el país hay un colapso brutal, una destrucción de industrias claves, que tienen que ver con las propias políticas del Gobierno y que las sanciones imperialistas han venido a agravar ahogando más la situación, pero la salida pasa por tomar toda una serie de medidas antiimperialistas y anticapitalistas ante esta ruina haciéndose realmente el país soberano de todos sus recursos y rompiendo todas las ataduras y compromisos que mantienen al sujeción del país a intereses de potencias extranjeras, y no el mayor de los entreguismos y curso privatizador que toma el Gobierno de Maduro que seguramente la oposición de derecha debe estar aplaudiendo. Esto implicaría claramente sustentado en una gran movilización obrera y popular donde los trabajadores tomen el destino del país en sus manos.

La clase obrera, así como las grandes mayorías populares deben rechazar con todas las fuerzas esta ofensiva. Es clave luchar y enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como por la de la oposición de derecha. Es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador.