La Derecha en Chile marcó un legado ordenando también nuestra cultura acorde al neoliberalismo. Se habló –o se calló- durante años de un apagón cultural que condenó a miles de artistas a la tortura y la clandestinidad. Una de las principales razones de este estado terrorífico, que opacó nuestra mirada, fue que la Junta Militar se negó a desenvolver mecanismos de financiamiento estatal a la cultura además de tener en sus manos el control completo de la producción artística.
Bárbara Brito Docente y ex vicepresidenta FECH (2017)
Martes 17 de marzo de 2015
Finalizada la década de los 80’ la Concertación plasmó en millones de carteles que la alegría ya vendría, y dispusieron de una serie de planes sociales, también en el terreno de la cultura, de los cuales el estado debía hacerse cargo. Legislaron entonces la Ley de Donaciones Culturales o también conocida como Ley Valdés. Hoy vemos que la alegría nunca llegó y es que el vuelco al fomento de la cultura se estableció como principal herramienta para embellecer los ataques neoliberales que asestaron los gobiernos de la Concertación durante 20 años, también al mundo del arte.
La Ley Valdés se elaboró en el primer gobierno de la Concertación y fue gestionada por el parlamentario demócrata cristiano Gabriel Valdés. Su objetivo: incorporar tanto el apoyo estatal como el aporte privado al desarrollo cultural vía exención tributaria que en Chile, según lo establecido por la ley, consta de un 50% menos en el cobro de impuestos –. La Concertación dio entonces el impulso vital, bajo un modelo de mecenazgo cultural, a las políticas culturales que rigen -aunque con modificaciones- hasta el día de hoy.
El gobierno de Piñera discutió llevar esta política más allá buscando seguir el modelo estadounidense de la alianza público-privada para el desarrollo tanto de las empresas como de la cultura, la llamada industria cultural. Con esto el empresario amplía su área de negocios, da plataforma a la mercantilización de la producción artística, subordina así al artista al mercado.
En esta alianza se dio un debate mayor que culminó el 2013 con una nueva modificación a la Ley Valdés que fortalecía el rol subsidiario del estado: Si antes la exención tributaria se dirigía hacia los proyectos, hoy tiene mayor posibilidad de fluir hacia las organizaciones (empresas o "personas naturales" -con plata-), aunque el sector más conservador de la derecha no ganó en este debate, reduciendo el espectro de las organizaciones que esperaban integrar como donantes con las modificaciones. No a todas las empresas se les integró, sino solo a aquellas que presentaban pérdidas con el fin de aportar a salvarle el negocio a los empresarios. Otro ejemplo del objetivo de la Ley Valdés y de sus modificaciones es el caso de los multimillonarios dueños del Teatro el Lago que hasta el día de hoy reciben, en su calidad de “personas naturales”, financiamiento estatal para llevar adelante sus proyectos culturales.
Esta alianza también se establece en el terreno político-administrativo. La llamada "Ley Valdés" integra un "Comité Calificador de Donaciones Privadas" dentro del cual está el Ministro de educación, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente de la Confederación de Producción y Comercio y un representante del CRUCH, además de sumarse un representante del ministerio de hacienda y dos de organizaciones culturales. Este organismo determina el contenido de los proyectos a financiar terminando de imprimirle el carácter empresarial a la ley y a la cultura en general. Se habla de que la dimensión cultural debe ser sometida a "reglas de racionalidad" y "control administrativo" incentivando proyectos que impulsen la identidad y el rescate del patrimonio histórico que pueda traer atractivo turístico (como todas las iglesias que se levantaron post terromoto en desmedro de miles de casas destruidas).
El hecho entonces es que, para liberar al arte de sus cadenas, que día a día someten nuestra producción artística a los avatares del mercado, no es suficiente impulsar una política hacia el fomento del arte y la cultura que le entregue al Estado el total poder de decidir la calidad de una obra artística. Debemos separar entonces, a modo imperativo, la cuestión de que el Estado se haga cargo de la cultura y las artes desde un aspecto financiero, sin subsidio a los privados; con la administración y gestión de la cultura y el arte.
El rol del Estado, a diferencia de las políticas dictatoriales y también de las políticas de la Concertación, hoy Nueva Mayoría, debe ser financiar total y completamente toda iniciativa cultural y sin ningún subsidio a los privados; iniciativas que deben ser seleccionadas no por las instituciones mohosas y represivas que dictaminan lo que es o no arte, si no por nuevas formas organizativas que no den cabida a las decisiones de negocios que el estado en alianza con los privados favorece.
