Desde los primeros días en que en México se iniciara las medidas contra la propagación del Covid-19, se hizo un llamado a tomar lo que después fue llamado "Susana Distancia", no salir de casa y evitar los eventos masivos o aglomeraciones de más de 50 personas.
Jueves 23 de abril de 2020
Sin embargo, en un país marcado por la desigualdad económica y social, tomar estas medidas no estaba al alcance de la mayoría de la población. Y es que es fácil que estas medidas no se cumplan: muchas personas, incluso al día de hoy, tienen que seguir asistiendo a sus trabajos con riesgo de despido y tienen que viajar en un transporte público deficiente.
Otros lugares dónde se hace imposible tomar las medidas de salud indispensables es en las cárceles y reclusorios pues es bien sabido que en decenas de centros penitenciarios hay sobrecupo de hasta el 40 % -estás cifras han sido difundidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), registrando incluso cifras de 84 % de sobrepoblación-.
El organismo nacional también aseguró que toda persona debería ser tratada con respeto y dignidad, e hizo un llamado a las figuras políticas de "hacer un acto humanitario”.
¿A quiénes toma en cuenta la amnistía?
Así, con la necesidad frente a la pandemia de "evitar aglomeraciones", se aprobó la Ley de amnistía que liberaría presos con delitos menores. Es decir: se tomaría en cuenta liberar a personas con delitos a los que sus condiciones de precariedad económica y estrato social les orilla a delinquir y a las que tuvieron inconsistencias en su proceso -como a mujeres y personas gestantes que fueron encarceladas por abortar, jóvenes encerrados por portación de drogas con fines recreativos o los campesinos pobres que carecen de otra oportunidad más que la de cultivarlas, y personas acusadas de robos menores-.
Si nos ponemos a pensar en esos delitos, nos daremos cuenta de que quién marcó el destino de esas personas es el sistema de justicia en donde vivimos, el capitalismo. Pues si todos tuviéramos las mismas oportunidades, no habría quién robara celulares o carteras para poder llevar la comida a sus familias ni campesinos que si no siembran drogas, no tendrían cómo tener sustento; si el uso de las drogas con uso médico y recreativo fuera legalizado y regularizado -además de tener un acceso a la cultura-, millones de jóvenes no se verían hundidos en ellas y tendrían conocimientos de un uso consciente; o si el aborto fuera legal, seguro y gratuito, las personas gestantes no tendrían que ir a arriesgar su vida, o su libertad, a un centro de abortos clandestino. Pelear por derechos como el aborto o la legalización del uso de drogas son cosas fundamentales y posibles para la salud pública.
Sin embargo, los gobiernos y los grandes empresarios se han encargado de desmantelar el sector, ese sector que hoy no puede contener ni atender a esta crisis que significa el Covid-19.
Esta medida jurídica, por un lado, no es suficiente para enfrentar la pandemia y, por eso, es necesario luchar para que el resto de los hacinados cuenten con utencilios de uso sanitario como cubrebocas y guantes e incluso pruebas de detección del virus, garantizando así que puedan mantener una sana distancia, y también, para que haya capacidad de atención por la enfermedad, centralizar todos los centros de salud -estatizando los privados- y destinar más presupuesto al sector salud, dejando de financiar la fraudulenta deuda externa o al sanguinario Ejército; y por otro lado, la amnistía no disminuiría el índice delictivo que existe en el país -al menos, por robo-, es necesario expropiar las empresas que no cumplan con los lineamientos sanitarios de la cuarentena y para que así podamos garantizar que todo mundo tenga trabajo, controlando el reparto de horas laborales por los mismos trabajadores.
