SQM realizó una gran ofensiva para incidir en el proyecto que conformó al Ministerio del Medioambiente. Esta maniobra se realizó junto a parlamentarios de la ex Concertación y la derecha, incluyendo la actual ministra del Medioambiente, Marcela Cubillos (ex UDI).
Teresa Melipal Santiago de Chile
Martes 19 de junio de 2018
El Centro de Investigación Periodística (CIPER) comparó una minuta que SQM envió a los diputados de la ex Concertación y de la derecha indicando las modificaciones de la ley de medioambiente durante el año 2008. El envío de esa minuta es dirigido hacia el actual senador Francisco Chauán (RN) y al ex diputado Ricardo León (DC) a través de correos electrónicos, donde además hubo sintonía entre el primer gobierno de Michelle Bachelet y los parlamentarios de derecha que integraban la comisión de Medioambiente. ¿Para qué? Para continuar beneficiando las ganancias millonarias de los empresarios y en especial, al yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Desde Bachelet a Piñera: las amistades que cubrían las ganancias de Ponce Lerou
El año 2008 la Comisión Nacional de Medioambiente pasa a ser ministerio junto con la creación de una superintendencia y un nuevo sistema de evaluación ambiental. Con este cambio, varios artículos consolidaron la impunidad de las empresas en relación al medio ambiente.
Desde el 2008 al 2014, SQM le entregó de forma ilegal de 14,75 millones de dólares a dirigentes de los partidos de la ex Concertación y Chile Vamos, donde hasta ahora la responsabilidad penal por los delitos tributarios y de cohecho cometidos desde las oficinas de SQM han sido asumidos por un amigo personal e histórico de Julio Ponce, el ex gerente general de la minera, Patricio Contesse González.
La maniobra de la derecha que benefició las ganancias de Ponce Lerou en materia de medioambiente
El Ejecutivo presentó dos indicaciones junto a los entonces diputados Francisco Chahuán (RN), Marcela Cubillos (ex UDI y actual ministra de Medioambiente), Eugenio Bauer (UDI), Alejandro García Huidobro (UDI, actual senador) y Roberto Sepúlveda (RN).
Uno de los objetivos de la minera era quitarle la facultad de interpretación a la superintendencia, entregándoselas al Ministro del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental para que las empresas mineras y proyectos extractivistas queden impune ante las infracciones medioambientales.
Según CIPER, SQM influenció 5 indicaciones de las 9 que presentaron distintos partidos políticos. Unas de estas fueron: la aprobación de las dos indicaciones del Ejecutivo junto a los diputados de la derecha: Chauán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda, para eliminar las letras N y Ñ del artículo del proyecto para traspasar el Ministerio y al Servicio de Evaluación Ambiental; hacer públicos con antelación los programas de fiscalización de la superintendencia y publicarlos por medios electrónicos; el Ejecutivo reemplazó el artículo original para que en la primera auto-denuncia no haya multa y que en la segunda o tercera auto-denuncia, pueda rebajarse hasta el 75% de la multa; la indicación del Ejecutivo que rebajaba limitantes para presentar un “programa de cumplimiento”, permitiendo que a las empresas que hayan cometido faltas graves y por último; la indicación que establecieron Chauán, Cubillos, Bauer, García Huidobro y Sepúlveda con el cambio de la palabra “solidaria” a “subsidiaria”.
Nacionalización de los recursos naturales sin pago a los empresarios bajo gestión de los trabajadores y comunidades
Con la creación de la Constitución de 1980 los recursos naturales han sido extraídos a precio de huevo –o mejor dicho regalados- a manos de empresarios nacionales y extranjeros, tras los acuerdos entre políticos del régimen con empresarios realizados durante los gobiernos de la ex Concertación, la derecha y ex Nueva Mayoría.
Las paupérrimas medidas hacia los derechos sociales y medioambientales que han realizado los últimos gobiernos de la ex Nueva Mayoría y Chile Vamos han sido perpetuar la herencia de la dictadura fortaleciendo decretos a favor de los empresarios, como es la Ley de Medioambiente, orquestada por Ponce Lerou a favor de acrecentar sus ganancias con el litio, yodo y varios subproductos del mineral.
A fines del año 2017, Bachelet recibe el premio más alto de la ONU llamado “Campeones de la Tierra”, en la creación de áreas marinas protegidas y por su impulso a las energías renovables, premio que selló el año en medio de proyectos energéticos como termoeléctricas y gaseoductos en el sur, junto con el polémico proyecto minero “Dominga”, proyecto relacionado con los intereses familiares de Sebastián Piñera.
Tras los movimientos sociales que han visibilizado las demandas de recuperación de las aguas y recursos naturales durante estos últimos años, se esconde un utópico proyecto que plantea la regularización del mercado hacia las grandes empresas y que, además, plantea convivir pacíficamente con quienes hoy son cuestionados por los delitos de cohecho. Es el caso del Frente Amplio, quien a través del Programa de Gobierno de Beatriz Sánchez plantea lograr cambios parciales al interior del Estado, mejorando su institucionalidad, fortaleciendo las ganancias de los empresarios nacionales y extranjeros. En su programa de gobierno, el Frente Amplio propone nueva Institucionalidad Productiva donde “el Estado pueda jugar un rol productivo mucho más importante que al que ha sido relegado, que incentive al sector privado a entrar en nuevas actividades económicas, donde el sector público y el privado puedan trabajar en conjunto para ese objetivo, y den el que se privilegie la participación internacional a través de empresas mixtas”. Es decir, no propone liquidar la estructura de dominación imperialista que lideran los grandes monopolios en post de un Capitalismo de Estado, traduciéndose en una tibia regularización fiscal a una empresa mixta. En el caso de la política nacional de litio, el Frente Amplio concibe la nacionalización con una parcial participación y gestión del Estado, donde la empresa privada continúa acaparando las ganancias del mineral no metálico sin tapujos y restricciones.
El capitalismo de Estado presenta la gran presión de los capitales privados, extranjeros y de sus propios gobiernos, es por esto que no basta la nacionalización de los recursos naturales a manos del control de una empresa nacional administrada por un gobierno cuestionado por corrupción y financiamiento ilegal a la política. Para recuperar los recursos naturales a manos de los trabajadores y el pueblo, la nacionalización a secas no puede mantenerse sin el apoyo activo de los trabajadores, comunidades locales y profesionales.
La expropiación y estatización de los recursos naturales debe realizarse sin indemnización ni compensación alguna a las empresas mineras, energéticas y extractivistas. Los capitalistas nacionales y extranjeros son responsables de la pobreza, la gran desigualdad social y los desastres socioambientales que han sido debate y palestra durante estos últimos años, como fue la movilización contra las salmoneras en Chiloé el 2016, los incendios forestales durante el verano del 2017 y la lucha por el agua en el norte de Chile que ha secado a comunidades locales completas a causa de la gran minería.
Sin embargo, tampoco basta la nacionalización de los recursos naturales sin la participación y administración de la industria bajo la gestión de los trabajadores y comunidades. Tras la gestión empresarial, fortalecida en dictadura, es necesario que el control de la industria minera, energética, pesquera y forestal pase a manos de los trabajadores.
Dauno Tótoro, candidato independiente por el distrito 10 y dirigente del Partido de Trabajadores Revolucionarios, explica los beneficios a las arcas de Ponce Lerou en contraste con los derechos sociales : “las ganancias de la minera no metálica de Soquimich se podrían beneficiar varios derechos sociales si se nacionalizaran sin indemnización y bajo gestión de los trabajadores y las comunidades. Con los 427,7 mil millones de dólares que recaudó SQM el año pasado se podrían construir 7.800 viviendas o un día completo de transporte público en todo el país.”, expresa el dirigente.
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