El tribunal de apelaciones de la OMC falló a favor de las potencias que vienen exigiendo la desarticulación de los mecanismos de control a las importaciones. La Cámara de Importadores local ya se había pronunciado en el mismo sentido.
Viernes 16 de enero de 2015
El reciente fallo del tribunal de apelaciones de la OMC obliga a la Argentina a desmontar el dispositivo de control de importaciones dispuesto por el gobierno, es decir, las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones (DJAI), la liberación de licencias no automáticas, y normativas como la que establece un porcentaje de componentes locales a los fabricantes, o la obligación impuesta a algunas empresas de exportar para poder importar.
De esta manera el tribunal da por tierra con el recurso de apelación presentado por la cancillería argentina en septiembre del año pasado y señala que "Buenos Aires tiene que cumplir con las reglas del comercio internacional", avalando el informe del grupo especial que se había pronunciado en el mismo sentido.
En aquel entonces, desde la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), saludaron esta primera sentencia asegurando que "El fallo de la OMC, que no es un castigo, es un ejemplo, es la materialización de nuestra dificultad como país para integrarnos inteligentemente al mundo" (Infobae, 28/09/2014).
Recordemos que CIRA tiene en su directorio a representantes de grandes empresas como Acindar o Dupont, y aglutina los intereses de las principales empresas de capitales nacionales y extranjeros, que a nivel local vienen presionando por una liberalización de las importaciones.
Los demandantes de la Argentina ante la OMC son Estados Unidos, Japón, y la Unión Europea y una decena más de países, entre ellos México.
La Argentina tiene derecho a pedir un último recurso de reconsideración, pero es altamente probable que sea rechazado, por lo que deberá desmontar el control a las importaciones. Caso contrario, la OMC puede autorizar a los países demandantes a adoptar medidas restrictivas contra exportaciones de origen argentino.
Creada en 1995 como una de las patas del “Consenso de Washington”, la OMC establece una serie de acuerdos que rigen el comercio internacional bregando por su liberalización en beneficio de las principales potencias. Paradójicamente las economías más débiles son las más interesadas en ingresar y quedar bajo el amparo de la cláusula de “Nación más favorecida”, ante la amenaza quedar expuestas a mecanismos más abiertamente agresivos de competencia comercial.
En este marco la estrategia de los gobiernos de las economías capitalistas dependientes y semicoloniales es llevar la exigencia de liberalización del comercio también al terreno de las materias primas, al mismo tiempo que intentan establecer débiles bloques comerciales y zonas aduaneras.
En el caso argentino, las medidas de control a las importaciones surgen más por los límites que impone la “restricción externa” y la escasez de dólares, agravados por el drenaje permanente de recursos vía remisión de utilidades y pago de la deuda externa, que por un verdadero plan de desarrollo industrial, como brega el discurso oficial.
Las burguesías latinoamericanas son más propicias a la competencia y a acuerdos bilaterales en épocas de crisis. Solo una cooperación socialista que surja de la unidad de la clase obrera latinoamericana puede empezar a cuestionar el poderío de las grandes potencias y las burguesías locales.
