Pidió al Gobierno mayor presupuesto para programas nutricionales.
Viernes 21 de septiembre de 2018
Una misión de la Organización de las Naciones Unidas recorrió durante diez días Chaco y provincia de Buenos Aires para elaborar un informe sobre el acceso de los argentinos a los alimentos. El resultado final de este trabajo será presentado en marzo de 2019.
Días antes de que Mauricio Macri participe de la Asamblea Anual de la ONU, la comitiva presentó sus conclusiones preliminares. A través de un documento de más de 70 páginas, refirió a un grave problema nutricional el país y pidió al Gobierno nacional que aumente el presupuesto para programas alimentarios.
Hilal Elver, relatora especial sobre el derecho a la alimentación, advirtió que “en Argentina casi cuatro millones de personas enfrentan una seria inseguridad alimentaria”. “El modelo de desarrollo agrícola del país que se basa en una producción comercial intensiva orientada a la exportación, siendo la soja y el maíz transgénicos sus principales productos, no es beneficioso para el derecho a la alimentación en la Argentina”, decretó la experta.
El informe, que luego pasará al alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, plantea que el Gobierno busca aprovechar la crisis actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar. En este sentido, denuncia el despido de 500 trabajadores y expertos del Ministerio de Agroindustria.
Para Elver, “Argentina debería atender la brecha que existe entre la producción interna y el mercado de commodities donde queda desprotegido un amplio sector de la sociedad”. Además, criticó que los programas estatales de alimentación no se ajustaron en función de la devaluación de la moneda y recalcó que debe aumentarse el presupuesto en la materia.
La relatora remarcó que, aunque el país constituye una de las economías más grandes de América Latina y existen “abundantes recursos naturales para la generación de energía y para la agricultura”, prima la desigualdad.
Por último, los enviados de la ONU pidieron al Gobierno que priorice el diseño y la implementación de políticas destinadas a los pueblo originarios y su acceso a la tierra.
