Luis Rogers, intendente de Lonquimay por el peronismo, está acusado de amparar prostíbulos. Otro caso de complicidad del poder político con la explotación sexual de jóvenes.
Martes 23 de mayo de 2017
En el año 2009 se desataron una serie de denuncias sobre el prostíbulo Good Night, ubicado en la localidad pampeana de Lonquimay sobre la vera de la Ruta 5. Ese año se abrieron tres causas. Una originaria, con la intervención al teléfono de su propietario. La segunda, cuando una joven santiagueña que era explotada sexualmente en el lugar y retenida contra su voluntad, logró escapar y dar su testimonio. La última causa tomó lugar luego de que una empleada administrativa de la comisaría de Lonquimay, quien fue testigo de conversaciones comprometedoras, denunciara a varios responsables y cómplices de trata ligados al establecimiento.
El amparo explícito de jueces, policías, empresarios y el poder político, logró paralizar las investigaciones. Recién luego de ocho años, con las causas unificadas, comenzará el juicio. En los próximos días, el intendente Luis Rogers y el ex subcomisario Carlos Adrián Alanis (ambos procesados por incumplimiento de deberes de funcionario público) así como el dueño de Good Night, Carlos Javier Fernández, pasarán al banquillo de los acusados. A la vez, dos encargados serán juzgados como partícipes.
Rogers, un veterinario que cumple su tercer mandato frente a la Intendencia de Lonquimay, accedió al cargo por el Partido Justicialista. En 2009, interrogado por los medios, había realizado una serie de declaraciones que ilustran la impunidad con la que se maneja: “No voy a cerrar el cabaret, es un lugar de contención y esparcimiento para jóvenes y camioneros”. Incluso llegó a afirmar que “el cierre del local podría fomentar prostitución callejera, descontento social y hasta una epidemia infecciosa”. Abiertamente aseguró que un comisario amigo lo asesoró sobre la “inconveniencia” de la clausura e hizo hincapié en que el edificio “estaba habilitado”.
No sólo el funcionario, los proxenetas y los agentes policiales estuvieron involucrados en el encubrimiento. En 2014, el entonces juez federal subrogante Marcelo Piazza negó varias veces el pedido de indagatoria a los acusados con argumentos inconsistentes. Piazza fue precandidato a senador por el GEN.
Durante las últimas décadas, la explotación sexual de mujeres se convirtió en una de las industrias más importantes a nivel mundial. Según datos de la ONU, se estima en 2,5 millones el número de víctimas de la trata. Al mismo tiempo, advierten que, por cada víctima conocida, existen alrededor de 20 sin identificar. La mitad son menores de 18 años y se calcula que dos tercios son mujeres, en su amplia mayoría, obligadas a explotación sexual, mientras un 18% es sometida a trabajos forzosos. La trata de mujeres, niñas y niños genera más de 32 mil millones de dólares anuales en ganancias para los explotadores.
