Derecho a la vivienda. La Patagonia y la extensión de tierras

La toma de tierras es una cuestión de clase.

Según los datos revelados por el Registro Nacional de Tierras Rurales en 2015 , entre las provincias que conforman la Patagonia Sur: Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, la cantidad de superficie rural total ocupada por empresarios extranjeros y nacionales, es de 3.584.394 (ha) el equivalente en Km2 a la provincia entera de Misiones más el Gran Buenos Aires.
¿Sabés quiénes son algunos de los dueños de esas tierras?
Grupo Benetton: 900.00 (ha)
Familia Menéndez: 750.000 (ha)
Lázaro Baez: 470.000 (ha)
Familia Pérez Companc:290.000 (ha)
Gold Corp: 130.000 (ha)
Familia Goodall-Bridges-Lynch 80.000 (ha)
Joseph Lewis 38.000 (ha) además de haberse adueñado del Lago Escondido.

Muchas de estas tierras fueron apropiadas ilegítimamente a partir del genocidio de los pueblos originarios o compradas a precios irrisorios, beneficiados por las autoridades gubernamentales.
Desde la “Conquista del Desierto” (1878-1885), cuando comenzó el arrebato a las tierras ancestrales a los pueblos Mapuches, Ahonikenk , Selknam, Kaweskar y Yaganes, existe la desigualdad que llevó a otra cruenta masacre, conocida como La Patagonia Rebelde (1920- 1921 en Santa Cruz), donde fueron fusilados 1500 peones rurales huelguistas. Los motivos de las ejecuciones fueron, realizar una huelga contra la explotación despiadada que sufrían los trabajadores del campo, viviendo en la miseria más absoluta, sin derecho a un poco de tierra donde vivir, ni poder traer a sus familias desde otras latitudes. Por supuesto los fusilamientos estuvieron a cargo del ejército argentino, por orden del Estado Nacional.

En la actualidad, el Estado sigue beneficiando a los grandes terratenientes, que van apropiándose de las tierras, perjudicando a los pueblos originarios, que se quedan con pocas extensiones de tierras o con territorios áridos que los lleva a padecer hambrunas. No les queda otra posibilidad que salir a luchar por recuperar sus tierras saqueadas. Dos de los casos más resonantes, en 2017, fueron la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante la lucha por tierras en la zona de Cushamen (Chubut) o el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en la zona del Lago Mascardi, por el grupo Albatros de la prefectura Naval Argentina.
La historia de la Patagonia está escrita con sangre de los pueblos originarios, de los trabajadores rurales y de los descendientes que luchan por sus derechos, contra la impunidad de unos pocos, siempre beneficiados por el Estado argentino ya sean peronistas, radicales o de los partidos provinciales.

Para algunos es ilegal y para otros…

Hoy, a partir de la toma de Guernica, que no es la única, se ve reflejado el gran déficit habitacional que atraviesa Argentina. Como venimos manifestando en La Izquierda Diario, se trata de un problema estructural y social, que lleva años. Sin embargo, la crisis se profundizó con la llegada de la pandemia, no solo a nivel habitacional sino también, a nivel económico y social. Un hubo políticas concretas o mejor dicho, no hay interés en resolver el problema habitacional y la apropiación de tierras, por parte del Frente de Todos es la que empuja a los sectores más empobrecidos a la extrema vulnerabilidad. Una política que militarizó la cuarentena y que terminó con la desaparición forzada de Facundo Castro, una política que cedió a la extorsión de la bonaerense, una política que deja en banda al sector de salud que viene enfrentando la cuarentena desde el primer día.

El accionar de la Intendenta del Partido Presidente Perón, Blanca Cantero junto al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ambos del Frente de Todos, fue la de levantar, rápidamente, la bandera de la ilegalidad ante el asentamiento de Guernica.

Como revelamos más arriba, los grandes terratenientes de la Patagonia (eso que solo pusimos algunos porque la lista es bastante grande) se adueñaron de miles de kilómetros de tierras que no les pertenecían pero, ¿eso no es ilegal?. O qué pasa con los countries que mencionó Kicillof en la conferencia de prensa del 29 de septiembre “(...) tierras ocupadas por un sector que no es siempre las familias con menos recursos, sino de un sector que se aprovecha del vacío legal o mediante coimas para hacer negocios (...) muchos de los countries o clubes de campo y barrios privados no tienen los títulos de propiedad porque no está regularizado el emprendimiento”. Lo que dejó ver en esta conferencia es la especulación inmobiliaria que existe en convivencia con los Intendentes y que se trata de un problema estructural. Entonces, ¿para quiénes es ilegal la toma de tierras?

Y recordemos que quienes reclaman las tierras de Guernica no tienen papeles legales que certifiquen que esas tierras efectivamente les pertenezcan.
El déficit habitacional, como hemos dicho, es estructural. Es decir, no afecta solo a la Provincia de Buenos Aires, sino a todas las provincias del país además, de que es histórica.

La toma de tierras no es el problema de un sector de la sociedad.

El problema es, con qué vara se mide cada uno de los problemas.
Tierras para las grandes mayorías populares hay, y de sobra. Una de las soluciones al problema habitacional podría ser la expropiación de las tierras que están en manos de los terratenientes usurpadores no solo de la Patagonia sino, de toda la Argentina. Son grandes extensiones de tierras ociosas, para el beneficio de unos pocos empresarios.
Que, según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de Argentina (35% del territorio Nacional) figura como propiedad de 1.250 terratenientes. Chubut, por ejemplo, registra que 193 terratenientes concentran 7,25 millones de ha y no pagan el impuesto rural desde 2003.O Tierra del Fuego, donde solo 148 terratenientes concentran 1 millón de ha.
Extractivismo, ese es el gran negociado que hay detrás de las tierras patagónicas: petróleo, pesca, minería, agua y turbales camuflados bajo la explotación agropecuaria y ganadera.

Y, ¿presupuesto habrá?

El último censo ya revelaba la problemática habitacional: 1.5 millones de personas en el país no cuentan con vivienda propia y 4 millones viven en condiciones de precariedad y hacinamiento.
Guernica, hoy, es la foto de la crisis que se está viviendo.
El 30 de septiembre el INDEC dio a conocer los índices de pobreza e indigencia del primer semestre del 2020: la pobreza subió cinco puntos y medio en un año y afectó a 40,9% de los argentinos en el primer semestre del año, el más golpeado por la profundización de la crisis económica impulsada por las medidas para contener a la pandemia. En el primer semestre de 2019 había alcanzado a un 35,4% de la ciudadanía. La indigencia saltó casi tres puntos y golpea a un 10,5% de la población.
En Argentina hay 18,5 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes.
Mientras tanto el gobierno nacional de Alberto Fernández y Cristina Kirchner pagan a los bonistas, reciben a los representantes del FMI mientras presentan un presupuesto cargado de ajustes. Tratan de presentarlos como amigables, sensibles y aliados a las necesidades del pueblo, pero simplemente intentarán exprimir aún más a los que menos tienen en el país.

No son solo números, es la fotografía de la desigualdad. Mientras unos son empujados a vivir en la miseria y en la precariedad, otros viven de la exorbitancia terrenal. Y como si fuera poco, para el gobierno esa desigualdad es un delito para los que menos tienen.

Que todas las tierras en manos de unos pocos sea expropiada y se ponga al servicio de las mayorías populares que no tienen acceso a la vivienda.
Es necesario un programa en donde la vivienda, la salud, el impuesto a las grandes fortunas y el NO pago de la deuda sean el programa que discuta la clase trabajadora