Municipales de Derechos Humanos y Políticas de Género en estado de alerta, movilización y asamblea permanente, rechazan el despido de una trabajadora. El viernes realizarán una concentración en 7 y 50.
Jueves 21 de abril de 2016
Desde hace tres años María Victoria Santos trabaja en la Dirección de Políticas de Género realizando tareas administrativas bajo la figura de mensualizada. Hace un mes se le había pedido que pasara prestar funciones en la Dirección de Derechos Humanos, bajo promesa de que luego del 31 de marzo se haría efectivo su pase a esa área.
Según detallaron los trabajadores, el jueves 7 de abril Victoria estaba finalizando su jornada laboral en Derechos Humanos cuando fue citada a solas al despacho privado de la encargada del área, donde las funcionarias Elva Aranda (DDHH) y Valeria Venturín (DPG), le manifestaron que su “contrato” no había sido “renovado” y que debía retirarse de la dependencia (ubicada en el Pasaje Dardo Rocha).
Desde la Junta Interna de ATE señalaron que este hecho se dio “en una situación de amedrentamiento a la trabajadora” antecedido por el “juzgamiento ofensivo” de las tareas que realizaba en el sector.
En contradicción con los dichos de las funcionarias, la Dirección de Personal desmentía que hubiera sido “dada de baja”. Los trabajadores expresaron su repudio a las maniobras de las autoridades del área para hacer efectivo un despido encubierto. La Junta Interna de ATE rechazó el procedimiento de las funcionarias Aranda y Venturín, quienes se negaron a explicar los motivos del supuesto despido y a notificarlo por escrito, situación denunciada como un intento de que “la trabajadora abandonara su puesto de trabajo, para justificar luego el despido”.
En los días siguientes Victoria certificó su asistencia en Políticas de Género, hasta que el jueves 14 la Directora del área le prohibió firmar la planilla de asistencia manifestando que la decisión de “baja de contrato” había sido tomada el miércoles 6 de abril y que de esa decisión había participado tanto ella como Elva Aranda y Ciro Pace (Dirección de Derechos Humanos). Ambas Direcciones dependientes del Secretario General del municipio Javier Mor Roig (Coalición Cívica).
Ataque a las políticas públicas sobre problemáticas sensibles
La Dirección de Políticas de Género del municipio resonó en varios medios de comunicación durante la gestión de Bruera por el escandaloso cierre del refugio municipal destinado a mujeres en situación de riesgo por hechos de violencia de género. Garro continúa sin reabrir el dispositivo, por lo que somete al desamparo a las mujeres que concurren buscando acompañamiento y medidas de protección. La gran movilización del “Ni una menos” no parece haber hecho mella en el nuevo gobierno.
En el comunicado difundido, trabajadores y trabajadoras de Políticas de Género y de Derechos Humanos repudiaron “el maltrato reiterado y la descalificación de las tareas que realizamos todxs lxs trabajadorxs de estas dependencias”, así como “la intención de efectuar cambios de tareas arbitrarios y las exigencias de cumplir doble tarea”.
El menosprecio a este tipo de tareas de las autoridades del PRO/UCR/Coalición Cívica también se materializó a través del cierre de áreas y de programas en otras dependencias del municipio.
Pero esta situación no es patrimonio exclusivo del municipio. A más de cuatro meses de haber asumido el actual gobierno, trabajadores del estado nacional, provincial y municipal junto con organizaciones sociales, políticas y sindicales, vienen denunciando y enfrentando los despidos, los intentos de vaciamiento, la reducción de presupuesto y el cierre de programas sociales dirigidos a sectores en situación de riesgo por distintas problemáticas sociales.
Alak y Bruera los precarizaron, Garro los despide…
La gestión de Julio Garro en la Plata comenzó con una salvaje represión frente a la Municipalidad contra trabajadores precarizados despedidos que reclamaban por su continuidad laboral. Las diez balas de goma en la espalda de una trabajadora despedida fueron la síntesis de las brutalidades a las que se encontraba dispuesto el nuevo gobierno.
La precarización garantizada por Alak y Bruera permitió que más de 2000 trabajadores pertenecientes a la planta temporaria mensualizada (una forma precaria de relación laboral con la que los municipios de la provincia mantienen a gran parte de su personal en situación de inestabilidad laboral, sin reconocimiento de antigüedad ni posibilidades de ascensos y sujetos a “renovaciones” eternas) quedaran en la calle. En la misma situación se encontraron cientos de trabajadores de cooperativas que realizaban a diario tareas de mantenimiento en la ciudad, en las peores condiciones laborales y, en muchos casos, con meses de cobro adeudados por la gestión Bruera.
A la estigmatización como “ñoquis” y “vagos” (o “empleados de papel”, en palabras de Mor Roig) con la que quisieron justificar miles de despidos, se sumó el despido claramente arbitrario y transfóbico de Valentina Pereyra, despedida sin mediar explicaciones el 5 de enero, después de dos años y medio de un contrato laboral precario que la llevó a trabajar en diferentes áreas administrativas de la municipalidad.
…y los precariza
Tanto en sus acciones como en sus declaraciones públicas, la nueva gestión municipal no ha dejado lugar a dudas de su intención de profundizar la situación de precarización laboral.
Desde las redes sociales y a través de los medios de comunicación Julio Garro y Javier Mor Roig repitieron hasta el cansancio que no se trataba de “despidos” sino de la “renovación” de “contratos” de 4500 trabajadores, ratificando sus intenciones de darle continuidad a la precarización en el municipio. En la actualidad esta modalidad alcanza a más de la mitad de los trabajadores municipales de La Plata, algunos de ellos con más de 14 años de antigüedad.
Ya en diciembre, mediante decreto 2373/15, Garro anuló 605 pases a planta permanente. El resultado de esto fue que trabajadores de hasta 14 años de antigüedad fueron despedidos para luego (en el “mejor” de los casos) ser incluidos bajo la figura de mensualizados. Por otra parte, desde el 31 de diciembre el municipio volvió a la vieja dinámica de “renovaciones” trimestrales, dejando a la mayoría de los municipales sin obra social durante días o semanas.
El decreto de Macri de emergencia administrativa y las declaraciones de su Ministro de Modernización; así como la batería de leyes y decretos presentados por Vidal en la provincia (que incluyen cambios en la ley 10430 que regula las relaciones laborales de los trabajadores de la administración central), demuestran que el camino que intentan seguir será el de profundizar la precarización laboral y empujar al desempleo a miles de trabajadores. La gestión de Julio Garro se presenta dispuesta a hacer bien los deberes atacando a los municipales, el sector del empleo público más precarizado de la década ganada.
En este marco, la asamblea conjunta de trabajadores y trabajadoras de Políticas de Género y Derechos Humanos se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente. El próximo viernes realizarán una retención de tareas y convocan a una concentración, a partir del mediodía, en 7 y 50.
