El operativo, llevado adelante violentamente por la Policía Bonaerense en el asentamiento ubicado en 155 y 518, tuvo lugar durante la tarde de ayer y condujo al desalojo de más de 25 familias y sin dejar que retiren de sus casas sus pertenencias personales, ya que al intentar hacerlo, fueron reprimidos de forma brutal.
Domingo 30 de junio de 2019 21:02
Según testimonios de los damnificados, el procedimiento fue violento y de imprevisto, nunca informaron el desalojo.
Cuentan también que tuvieron una reunión con Raúl Cadáa, el secretario de Desarrollo Social, con Defensoría del Pueblo y con la Subsecretaría Provincial de Tierras, desde donde sostuvieron que nunca hubo un previo aviso de desalojo.
Las familias damnificadas le pidieron a la Municipalidad una pronta solución y se encontraron con una irrisoria propuesta: colchones sin lugar físico para ponerlos. Finalmente, pudieron asistir a una mesa de gestión en la Defensoría del Pueblo, compuesta por, entre otros, el Director municipal de Tierras, El Consejo Local de Tierras e Inés Iglesias, directora de políticas sociales de la UNLP, y pidieron que se anulen los cargos de usurpación y coacción agravada que le hicieron a algunas familias, que les dejen retirar sus pertenencias y que los puedan reubicar rápidamente.
Desde la Mesa de Gestión, sólo les aseguraron poder resolverles la urgencia habitacional a tres familias y que el resto debía esperar.
A su vez, les mencionaron la posibilidad de localizarles en las tierras provinciales que están en Ruta 36 donde podría alojarse a la totalidad de las familias pero para eso el Estado Provincial debería reconocer esta problemática y brindar las tierras a las familias que hoy se encuentran en la calle.
Esta situación deplorable generada por todos los gobiernos provinciales que antecedieron a María Eugenia Vidal, se agrava aún más teniendo en cuenta que el ajuste ,la desocupación y la falta de viviendas seguirán existiendo y se profundizarán producto del acuerdo con el FMI, pactado entre oficialistas y opositores.
La próxima gestión presidencial deberá afrontar pagos de deuda por un total de U$S 166 mil millones en cuatro años, a un promedio de U$S 41.513 millones anuales, dinero que se podría destinar a la construcción de 415 mil viviendas.
