Abusos sexuales e impunidad. La Plata: todo el arco político repudia al cura Lorenzo por sus ataques a periodistas

En la tarde de este miércoles el Concejo Deliberante de La Plata votó por unanimidad un decreto que consta de dos artículos.

El primer artículo dice textualmente “manifestar la Preocupación y Rechazo del Cuerpo por la denuncia penal por parte del sacerdote Eduardo Lorenzo contra los comunicadores sociales por su labor informativa en la causa penal en su contra, coartando el derecho fundamental de la libertad de prensa y de expresión, afectando asimismo el derecho fundamental de acceso a la información de los ciudadanos”.

El segundo, agrega “comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, a la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Así, el excapellán del Servicio Penitenciario Bonaerense y actual párroco de la iglesia Inmaculada Madre de Dios de Gonnet (donde da misa rodeado de niños y adolescentes) recibió un nuevo revés para su coartada de defensa.

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Es que apenas conocida la noticia la semana pasada de que el 11 de marzo de 2019 el cura había iniciado una causa penal contra algunos de sus denunciantes y contra periodistas que difunden el caso (como este cronista), las expresiones de repudio no se hicieron esperar. Ahora se suma este decreto municipal, votado incluso por aquellas fuerzas políticas con las que el propio Lorenzo ha estrechado intensos lazos desde los años 90.

El un texto de ocho páginas, el decreto del Concejo Deliberante fundamenta su rechazo a las acciones de Lorenzo en artículos de la Constitución Nacional, en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en todos los casos refiriéndose puntualmente al inalienable derecho a la libertad de expresión y de prensa.

“Por tales motivos y fundamentos, y ante el antecedente de la denuncia penal del sacerdote Eduardo Lorenzo contra los comunicadores sociales, que afectan los derechos y principios antes mencionados, este cuerpo sanciona el presente Decreto”, finaliza el texto votado por unanimidad de ese cuerpo legislativo.

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Amplio repudio al cura y apoyo a periodistas

Como viene informando este diario, desde que en marzo de este año se enteró de que la causa en su contra que había sido archivada con “falta de mérito” en 2009 sería reabierta, el cura Lorenzo no tiene paz. Y asesorado por sus abogados (los mismos que defienden, entre otros, a Daniel Scioli) comenzó a buscar embarrar la cancha a como dé lugar.

Por un lado, en todo este tiempo nunca se acercó a la Fiscalía 1 de La Plata, a cargo de Ana Medina, al menos a manifestar su preocupación por denuncias que él juzga “mentirosas” y a decir su “verdad”. Y como la propia Medina aún no lo llamó a hacerlo, en el expediente falta su descargo.

Y por otro lado, desde hace meses se la pasa llamando (él mismo o a través de emisarios) a las y los denunciantes y testigos para amedrentar o “sugerir”, por ejemplo, que piensen bien lo que van a declarar. Y desde hace unos días salió a la luz que inició una causa penal en la Fiscalía 6, a cargo de Marcelo Romero, por “coacción” contra algunas de las personas denunciantes, testigos y periodistas. Amenazante en toda la línea.

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Frente a tamaña embestida desesperada por rascar impunidad, en los últimos días fueron innumerables las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tanto por periodista como por Estefanía Velo de Pulso Noticias y demás trabajadoras y trabajadores de prensa, tanto de La Plata como de medios nacionales.

Ya se pronunciaron la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, el Sindicato de Prensa Bonaerense, el Concejo Deliberante de La Plata, delegadas y delegados de diversos medios, la junta interna de ATE de Radio Provincia y un amplio abanico de colegas.

Además, y con el valor que tiene, también se solidarizaron con las personas denunciadas por Lorenzo el abogado de la querella contra Lorenzo, Juan Pablo Gallego, y las organizaciones que nuclean a las y los denunciantes de curas y obispos abusadores, como la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina e Iglesia Sin Abusos (con su referente Julieta Añazco a la cabeza).

Quienes aún mantienen un silencio ensordecedor son los superiores de Lorenzo, tanto en faz eclesiástica como en su rol de funcionario público. Ni el Arzobispado de La Plata, al mando del bergogliano Víctor Fernández, ni el Servicio Penitenciario Bonaerense (que le sigue pagando un jugoso sueldo al cura pese a haber renunciado al cargo y cobra sin hacer absolutamente nada), se mantienen callados frente a las, a esta altura, manifiestas muestras de violencia (verbal, simbólica y jurídica) que el cura acusado de crímenes atroces profesa contra quienes lo acusan y contra quienes amplifican esas voces.

Desde ya, si el cura puede seguir haciendo todo lo que hace, es porque el Poder Judicial se lo permite. La jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia aún debe responder al pedido de la querella de detener preventivamente a Lorenzo para que deje de entorpecer la investigación con sus acciones y sus amenazas. ¿Qué está esperando?