El jueves a la madrugada el oficial del Comando de Patrulla de La Plata Arturo Salazar asesinó a un joven trabajador en plena calle. El hecho se inscribe en una escalada de violencia en los operativos policiales contra cuidacoches y vendedores ambulantes de esa ciudad.
Viernes 21 de diciembre de 2018 19:51
En el contexto de que el Gobierno habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar sus armas de fuego contra personas desarmadas con total impunidad, a través de la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, se vienen intensificando la represión y el control social a nivel nacional. Y pese a que la resolución solo alcanza a las policías nacionales, cualquier agente se siente “inspirado” para actuar en consecuencia.
Esta vez, se trata de un policía Bonaerense que disparó tres veces con su escopeta de postas de goma a un joven que trabajaba como cuidacoches en el centro platense: dos al pecho de la víctima y a corta distancia. El joven murió unas horas después en el hospital San Martín. Salazar ya fue desafectado de la fuerza y está aprehendido.
Según un informe de Comisión Provincial por la Memoria (CPM) la versión policial señaló que el oficial Arturo Salazar y su compañera de fuerza, Belén López, llegaron a bordo de un móvil del Comando de Patrullas de La Plata para atender un llamado al 911, que alertaba sobre una pelea callejera entre dos cuidacoches. Según los policías, cuando arribaron a 4 y 50, uno de los cuidacoches se escapó corriendo, el otro quiso enfrentarlos con un cuchillo y Salazar disparó para persuadir.
Sin embargo, las primeras pruebas que constan en la causa desmienten esta versión. No hay pruebas en el expediente que acrediten que el joven asesinado tenía un cuchillo, mucho menos un arma que pueda poner en riesgo la vida de los policías o de terceros. Tampoco está acreditado que esa pelea haya existido, el llamado al 911 habría sido luego del ataque policial, no antes, y la víctima sólo tenía las heridas por los disparos de bala de goma.
Cuando la UFI 17, a cargo de María Di Lorenzo, toma el control de la instrucción aplica la resolución 1.390 y aparta la Bonaerense de la investigación. Los resultados de la autopsia al cuerpo de la víctima realizada por Asesoría Pericial de la Suprema Corte de Justicia y las pericias a las armas reglamentarias a cargo de Gendarmería Nacional parecen confirmar que Salazar actuó con intención homicida.
Con la información que consta en el expediente, la fiscal Di Lorenzo ordenó la aprehensión de Salazar y ahora tendrá que resolver si ordena su detención. En paralelo, la Auditoría de Asuntos Internos ya desafectó al oficial Arturo Salazar de la fuerza.
Al tomar conocimiento del hecho, la CPM realizó una presentación en Asuntos Internos y se acercó a la fiscalía interviniente para pedir información de la causa, los hechos y los imputados, y solicitar el estricto cumplimiento de la resolución 1390 y la ley 14.687 para desligar a la Policía Bonaerense de la investigación.
Hasta el momento y como es costumbre en el gobierno de Cambiemos, ni el ministro de Seguridad Cristian Ritondo ni mucho menos la gobernadora María Eugenia Vidal dijeron nada sobre este nuevo crimen a manos de efectivos policiales de la provincia.
Redacción
Redacción central La Izquierda Diario
