RAZONES DE ESTADO. La Policía asesina, de “campaña” con Vidal y Cambiemos

Foto Big Bang News

Tanto Cambiemos como Unidad Ciudadana, 1País y Cumplir tienen en sus filas personalidades que pueden dar cátedra de “mano dura” y criminalización de la pobreza y de la protesta social.

Sin ir más lejos, el exgobernador Daniel Scioli y hoy candidato a diputado nacional fue uno de los más conspicuos represores de la “democracia” reciente, acumulando récords de casos de gatillo fácil, torturas en cárceles y comisarías y otras modalidades de criminalidad estatal.

Y no hay que olvidar que Sergio Massa tuvo como uno de sus ejes de campaña en 2015 la propuesta de desembarcar con las Fuerzas Armadas en los barrios pobres para combatir (“al narcotráfico”, fingía él).

Inexorablemente el asunto regresa una y otra vez. Hoy está presente en medio de la campaña electoral el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad y la “necesidad” de endurecer penas y de terminar con la (inexistente) “puerta giratoria”. Y allí es donde María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo y todo el elenco gubernamental bonaerense, lejos de renegar de la “pesada herencia” recibida del kirchnerismo, hace uso gustoso del ejército de casi cien mil uniformados, de la infraestructura penitenciaria y del arsenal y la tecnología de punta que el “proyecto nacional y popular” supo conseguir.

A lo sumo, dicen desde Cambiemos, lo que dejó Scioli hay que aumentarlo y usarlo “mejor”.

Chorro de pibes

Hace una semana, el domingo 16 de julio, el adolescente Rodrigo Correa de 14 años fue asesinado de un disparo en la cabeza, en el partido de San Martín, por un efectivo del Grupo de Apoyo Departamental (tropa “todo terreno” de la Policía Bonaerense). Según la versión policial el hecho se produjo en medio de un intento de asalto pero nadie pudo afirmar que el joven siquiera estaba armado.

El día anterior un oficial bombero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acribilló de un tiro en el pecho a Cristian Toledo, de 22 años, en el barrio de Barracas. Según relató el agente, decidió perseguirlos y tirotearse con ellos porque sospechaba que el joven y dos amigos le querían robar.

Hace un mes, en la localidad de Temperley (Lomas de Zamora) Gonzalo Fernández, también de 22 años, murió en la celda de la Comisaría Tercera. Había sido detenido de madrugada por supuestos “disturbios en la vía pública”. A la tarde de ese mismo día, un llamado telefónico desde la comisaría le avisaba a su familia que Gonzalo estaba muerto. “Se ahorcó con su propia remera”, dijo personal policial sin dar más detalles. Pero el padre del joven denunció que cuando fue a reconocer el cuerpo le faltaban dos dientes y estaba marcado por golpes.

A principio de marzo, siete jóvenes detenidos en la Comisaría Primera de Pergamino murieron asfixiados y quemados porque el personal policial no abrió las puertas de sus celdas mientras se desataba un incendio en el interior. Esos jóvenes eran inocentes de los delitos que se les imputaban, ya que no habían tenido aún condenas que demostraran lo contrario.

Ejecuciones sumarias

Decenas de hechos similares, donde lo único que cambian son los nombres, las edades, los lugares y algún que otro detalle, llevaron a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) a elaborar por estos días un “informe preliminar” en el que cuestiona “el uso de la fuerza letal del Estado” para “resolver” hechos considerados “delitos”.

Según el relevamiento, durante 2016 se registraron 110 muertes provocadas por efectivos de fuerzas de seguridad y policiales en la Provincia de Buenos Aires. Siete de cada diez víctimas tenía menos de 30 años. A esas muertes se sumaron otras doce ocurridas bajo custodia estatal en comisarías bonaerenses. Ninguno de los casos relatados arriba pertenecen a esa lista, ya que se dieron en este 2017.

Si bien se aclara que el informe “considera múltiples fuentes”, es razonable decir que puede ser incompleto, ya que toda pretensión estadística en estos casos cuenta con la inestimable no colaboración del propio aparato represivo del Estado. De hecho la misma CPM inauguró un Registro de Casos de Violencia Policial on line para poder centraliar un poco más la información. Pero con los datos que ya se tienen alcanza para decir, de forma general y aproximada, en la Provincia gobernada por María Eugenia Vidal cada 72 horas una persona joven (casi siempre pobre) es asesinada por las balas, los palos o las manos de quienes, en teoría, deberían “cuidarlas”.

Un dato de interés es que, de acuerdo a ese informe, en la mayoría de los casos (el 61 %) los asesinos estaban “fuera de servicio” al momento de los hechos pero sus crímenes fueron cometidos con sus armas reglamentarias y haciendo uso de su “autoridad” declarada previamente ante sus víctimas. Ese dato es acorde con los registros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), según los cuales el promedio de uso de la fuerza fuera de servicio en los últimos diez años (2007/2016) es del 53 % del total de casos, lo que hace afirmar a su titular Horacio Verbitsky que “se observa un aumento del uso de la fuerza letal por policías fuera de servicio”.

El informe de la CPM detalla, además, que del total de los crímenes por uso de la fuerza letal del Estado registrados en 2016 en territorio provincial, en el 64 % de los casos la fuerza involucrada fue la Policía Bonaerense, en el 15 % la Policía Federal, en el 11 % la Policía Local (que depende de la Bonaerense) y en el 3 % la Metropolitana, entre las principales.

Como es de suponer, generalmente los relatos de los victimarios se basan en supuestos hechos en los que había un riesgo de robo o, incluso, de consecuencias mayores. Pero vale remarcar que en esas muertes no hubo videos que registraran a policías enfrentándose a peligrosos delincuentes ni muchos menos. Esos hechos no fueron registrados ni siquiera por las innumerables cámaras de seguridad que pueblan las calles del conurbano.

Eso sí, el ministro Ritondo se la pasa subiendo a las redes sociales de su cartera registros de “operativos exitosos” en los que se detiene a habitantes de villas y barrios humildes (a veces durmiendo en sus casas) y, ¡oh casualidad!, se les secuestran importantes dosis de drogas, armas y celulares.

La familia represiva

El escenario protagonizado por las fuerzas represivas del Estado que asesinan jóvenes de forma sistemática se completa con dos actores cada vez más presentes y determinantes.

De un lado están las empresas periodísticas oligopólicas, que bombardean constantemente con casos en los que adolescentes o jóvenes sospechosos de cometer robos o meros hurtos son colocados de espaldas al paredón de sojuzgamiento para que la llamada “opinión pública” los condene sin pruebas y los acribille sin balas.

Allí está como ejemplo el último de los escándalos mediáticos sobre el tema, personificado en “el Polaquito”, a quien Jorge Lanata (viejo fundador de Página/12) y Rolando Barbano (joven jefe de Policiales de Clarín) utilizaron, en arreglo con la intendencia PRO de Lanús, como muñeco descartable para armar un informe televisivo rayano con la violación a los derechos de la niñez.

Del otro lado, se está generalizando (con un claro impulso estatal) la organización de ligas barriales con marcada impronta fascistoide camuflada de “vecinos por la seguridad”. Ya son varios los grupos de habitantes del conurbano bonaerense y del interior provincial que vienen destinando tiempo y hasta dinero en la formación de “asambleas” que coordinan acciones con los comisarios de las diferentes zonas.

Por el momento, y según los registros al alcance de este cronista, esos sectores “sanos” y “honestos” de la sociedad (según su propia autodefinición) no pasaron de las palabras a los hechos. Pero no hay que descartar que en breve empiecen a registrarse linchamientos o fusilamientos ordenados y/o ejecutados directamente por esas “asambleas” o “tribunales” vecinales.

Hay un tercer elemento que no por obvio debe dejar de ser remarcado. Una vez que esos crímenes de perpetran contra la juventud más plebeya del pueblo trabajador se activa un aceitado dispositivo institucional que buscará garantizarle la impunidad a los asesinos y, así, dar vía libre a futuras ejecuciones sumarias.

Las víctimas (y sus familiares) ya no sólo cargan con la estigmatización social y la marginación política sino que verán alejarse cada vez más el natural pedido de “justicia”. Departamentos de “asuntos internos” que diseñan coartadas seguras para sus colegas; ministros de Seguridad que hipervaloran el accionar policial como acto reflejo para tapar esos crímenes; fiscales y jueces cuyo objetivo exclusivo es decretar “falta de mérito” y archivar causas; y un acompañamiento mediático que envía los casos al olvido sin preguntarse siquiera “¿qué pasó con...?”

Así, al calor de la llamada “lucha contra la inseguridad”, cada semana nuevos cadáveres riegan la superficie del territorio que hoy se disputan de forma rabiosa Macri, Cristina, Massa y Randazzo. Un territorio que todos ellos se ocuparon y ocupan todo el tiempo de armar hasta los dientes. Ahí está la intendente de La Matanza, Verónica Magario, lanzando spots lacrimógenos porque Vidal no le da los patrulleros y las balas que dice que necesita para terminar con la “inseguridad” del pueblo “honesto” y “sano” del conurbano.

Sólo el Frente de Izquierda lleva como bandera la denuncia certera a la violencia institucional que se carga cada vez más vidas jóvenes y pobres. Una denuncia que se combina con la identificación directa de que más y “mejor” Policía significa ni más ni menos que más narcotráfico, más trata de personas, más juego clandestino, más desarmaderos de autos, más prostitución y más contrabando de personas y bienes. Ergo, más violencia y muerte.