GUARDIANES DEL ORDEN BURGUÉS. La Policía siempre al servicio... del crimen y el delito

Al cierre de esta edición, más de un día después de que el cuerpo sin vida de Araceli Fulles fuera hallado en los fondos de una casa de José León Suárez, la cuenta de Twitter de Cristian Ritondo no registraba nuevas publicaciones desde la tarde del miércoles 26. Como si el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires no tuviera nada que decir, ¿no?

Casi como una ironía, esos últimos tuits se habían dedicado a festejar que este año egresaron 1942 oficiales de la Escuela de cadetes Juan Vucetich, algo que el propio Ritondo denominó como “el egreso más numeroso de la historia” de la institución.

Este es el egreso más numeroso de la historia de la Escuela Juan Vucetich. pic.twitter.com/E5cLRLY127

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) 26 de abril de 2017

Ritondo no podía saber que 48 horas después de darle la mano a esos nuevos agentes el país entero iba a estar maldiciendo (nuevamente) con bronca y odio a la maldita Policía Bonaerense por sus acciones y sus omisiones, todas deliberadas.

Pero Ritondo sí podía callarse la boca. Y no lo hizo. Por eso, quizás, se quedó sin palabras dos días después, durante el largo viernes en el que el femicidio de Araceli, y la certeza del encubrimiento deliberado del Estado hacia sus asesinos durante un mes entero, se adueñaron de las pantallas y las páginas de los diarios.

Naturalmente, el problema no es Ritondo. Ni siquiera su investidura de mediocre ministro.

Como tampoco el problema es el también mediocre e ignoto Martín Ocampo, a la sazón ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quien esta semana salió de gira por canales, radios y otros medios intentando despegarse de José Pedro Potocar y al mismo tiempo justificar que su designación al frente de la flamante Policía de la Ciudad fue lo mejorcito que consiguieron con Rodríguez Larreta.

José Potocar, Horacio Rodríguez Larreta y Martín Ocampo

El problema son las instituciones armadas que Ritondo, Ocampo y el resto de los ministros de “seguridad” del país (incluyendo Patricia Bullrich) tienen bajo su mando. El problema, al menos para el pueblo trabajador y los sectores populares, es la propia policía.

En concreto, es la numerosa banda pertrechada de balas, escudos, picanas, patrulleros, esposas, candados, rejas y comisarías, a la que le está asignada la función legal de gobernar la calle y decidir sobre nuestras vidas y las funciones no legales pero “necesarias” de regimentar y gerenciar cuanto negocio millonario se establezca por fuera de las normas jurídicas y administrativas.

Para muchas personas lo que esta misma semana relató Ricardo Ragendorfer en este diario puede parecer sólo un tema circunscripto a un puñado de ratis merqueros (“bueno, entre ellos el mismo Pablo Bressi, ¿y qué?”) y a un par de jurisdicciones del sur del Gran Buenos Aires.

Para esas mismas personas (u otras) el escándalo que hizo saltar esta semana a Potocar desde la jefatura de la Policía a un calabozo se reduzca sólo a un caso puntual de “protección” hacia una estructura criminal y corrupta dedicada a coimear a comerciantes y vecinos de un par de barrios de la clase media porteña. Serán quienes adscriben a la tesis del fiscal Campagnoli, a quien nadie podría juzgar seriamente de antimacrista. Es él quien solicitó la cárcel para Potocar con el argumento de que es un mal policía que mancha injustamente a toda la fuerza.

Eso sí, si para esas mismas personas (u otras) no hubo un involucramiento institucional directo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el no hallazgo durante un mes de Araceli Fulles, puede que la cosa se complique. Porque negar que la Bonaerense de conjunto en verdad no quiso encontrar a Araceli con vida sería un liso y llano insulto, no sólo a la honorabilidad de la víctima y de su familia, sino a la de toda una sociedad que sigue mirando absorta el nivel de complicidad con los asesinos, a quienes se los llegó a aguantar varias semanas sin tocarlos.

Fueron las investigaciones de la misma familia de Araceli y el olfato de un perro de los bomberos voluntarios quienes lograron dar con el cadáver de la piba. No fueron ni los departamentos de inteligencia ni los de criminalística los que obtuvieron pistas firmes. Mucho menos fue la oferta de $ 300 mil de recompensa que publicó Ritondo (¿quién se enfrentaría por esa cifra a una mafia que maneja millones y cuenta con el frío metal de las 9 milímetros como herramienta de “trabajo”?).

Cada vez que una nueva chica desaparece, cada vez que una nueva salidera se carga a un vecino o cada vez que un gran robo se consuma ante la mirada de sofisticadas cámaras de seguridad, miles y miles de personas siguen cayendo presas de la campaña burguesa que deslinda responsabilidades y no hace más que echarle culpas a las drogas, a la falta de valores y a la “corrupción” a secas. Teorías de manual que ni rozan los factores profundos que producen lo que algunos sociólogos y comunicadores impusieron como “inseguridad”.

Por eso ahí están, durante días o semanas, decenas de hombres y mujeres de uniforme y cartuchera rastrillando con admirable paciencia lugares donde se sabe que no se va a encontrar nada. Allí se montan, cual circo romano, escenas majestuosas donde personal de todos los departamentos policiales es destinado a entretener con prolongación casi infinita a los móviles de televisión (y por ende a millones de personas en sus casas) obteniendo cero pruebas y menos diez pistas.

Hasta que aparecen los cadáveres. Y con ellos las escuchas telefónicas (siempre aportadas por la fracción contraria de la mafia policial y de los servicios), los allanamientos y las infaltables conferencias de prensa de ministros, secretarios y jefes policiales. Y ahí la otra estrategia, la de intentar por todos los medios que la “opinión pública” no crea que esto es algo sistémico sino que es una excepcionalidad, un grupo de ovejas descarriadas o a lo sumo una pesada herencia que se niega a ajustarse a los nuevos tiempos.

La imagen de Ritondo, orgulloso, saludando a dos millares de nuevos futuros delincuentes no es nueva. Esa misma foto se sacaron todos y cada uno de los jefes políticos de la Bonaerense y de todas las fuerzas policiales y armadas, desde el fin de los tiempos. Y siempre esas fotos fueron acompañadas de discursos llenos de elogios a una fuerza decadente y podrida.

Desde Klodczyk a Bressi, pasando por Paggi, Degastaldi, Matzkin y otros, ningún jefe de la Bonaerense dejó su cargo con un mínimo reconocimiento de la población. Lo mismo puede decirse de cada jefe de la Federal o de cualquier otra fuerza provincial. E idéntico balance le cabe a los jefes de la Gendarmería o de la Prefectura. A lo sumo se fueron silbando bajo tras haber zafado de causas penales.

Hace trece años, en abril de 2004, gobernaba el kirchnerismo (en el país, en la provincia y también en la ciudad de Buenos Aires). Por entonces este cronista entrevistó a Ricargo Ragendorfer para el periódico Nuestra Lucha. Allí el periodista hacía un definición contundente: “Hay una relación indisoluble entre política, policía y delito. Hay un vaso comunicante, que es justamente la policía, entre dos fenómenos aparentemente disociados entre sí: la delincuencia callejera -sobre la cuál la policía recauda- y el delito de guante blanco, que es el que perpetran los políticos”.

En aquellos tiempos Néstor Kirchner promovía y hacía votar las leyes reaccionarias solicitadas por Juan Carlos Blumberg. En ese marco, Ragendorfer aseguraba que “la corrupción policial es la manifestación más brutal y visible de toda una crisis del sistema. Esta sociedad no se sanea disciplinando a la policía”.

Más contundente aún había sido otra definición de Ragendorfer, que quedó estampada en la solapa de su libro La Bonaerense de 1997 (en coautoría con Carlos Dutil): “El lugar de subordinación que ocupa la policía dentro de los poderes del Estado torna imposible creer en su autonomía delictiva; esos son, en todo caso, los verdaderos ejemplos aislados. Punteros barriales, concejales, diputados, gobernadores, son sus mandantes o protectores, según cargos y capacidad de acción. Detrás de todo gran policía corrupto hay siempre un gran político”.

Aquel análisis realizado hace veinte años, de todos modos, tampoco era nuevo. En la investigación de esos autores se reflejaba calcada la serie de crónicas de Rodolfo Walsh sobre la “secta del gatillo alegre” publicada a fines de los años 60.

¿Habrá quienes crean a esta altura que el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, que el secuestro, asesinato y ocultamiento del cuerpo de Luciano Arruga, que el secuestro y femicidio de Candela Sol Rodríguez y que tantos otros miles de casos cosechados por la Policía de la Provincia de Buenos Aires a lo largo de décadas fueron hechos aislados y sus culpables meros corruptos individuales?

Probablemente sí. Probablemente sean muchos quienes crean que el problema es de la formación de los agentes que no los prepara, de los sueldos de las fuerzas que no les alcanza o incluso de la decadencia moral de quienes los mandan que los condiciona. De allí que no falten, a lo largo de estas décadas, los debates acalorados sobre si la Policía debe ser reformada o refundada, remendada o regenerada. Incluso hay quienes desde posturas de hondo compromiso social acusan al “autogobierno” de las fuerzas como causante de todos los males.

Mientras tanto la Policía sigue estando al servicio del crimen y del delito en secuestros, desapariciones y femicidios o en sus encubrimientos; en el robo y contrabando de personas y de cosas; en Buenos Aires y en todo el país. Y siempre lista para cumplir, sin dilaciones, las órdenes de sus jefes empresarios o políticos cuando de reprimir, balear, gasear y detener a quienes luchan en las calles por trabajo, salud, educación y otros derechos se trata.

¿Reformarla, entonces? No, cualquier tipo de reforma de esas bandas armadas al servicio del capital no sería más que una utopía.