El gobierno nacional propuso ayer en la reunión con los gobernadores eliminar el Fondo del Conurbano, con lo cual aumentarán los fondos que recibe la Provincia. ¿De donde saldran?
Esteban Mercatante @EMercatante
Viernes 10 de noviembre de 2017
El ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, anunció ayer que se está negociando con los gobernadores cubrir "de manera gradual el reclamo de Buenos Aires" en relación al Fondo del Conurbano y a cambio la provincia gobernada por María Eugenia Vidal retirará el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Según Frigerio en la reunión con los gobernadores "se presentó una solución al problema del Fondo del Conurbano Bonaerense", que "no afecta los recursos de las provincias" y que –según dijo– "fue recibido de manera satisfactoria" por los mandatarios provinciales.
De acuerdo a lo difundido, la propuesta consiste en la eliminación del artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias. Dicho artículo establece que el 10 % de lo recaudado por dicho gravamen se destinará a la Provincia de Buenos Aires, con un tope de $ 650 millones, dejando el resto para repartirse entre las demás jurisdicciones. Como el tope no se actualizó a la par de la inflación, lo que originalmente era un "resto" se transformó en la parte mayoritaria, mientras que la PBA recibe hoy con el tope de $650 millones poco más del 1 % del Fondo. El artículo establece destinos específicos para otras cuotas de lo ingresado por Ganancias, que tienen como destino ANSES (20 %), Aportes del Tesoro Nacional (2 %), y aportes a todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de Buenos Aires conforme el Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas (4 %). Con la eliminación del artículo, está en juego entonces una suma de $ 230 mil millones. Aunque lo que tienen para ganar o perder las provincias son los $ 64 mil millones, de los cuales la Provincia de Buenos Aires vería crecer en $ 20 mil millones su participación.
¿De dónde saldrán los fondos? Según trascendió, las provincias no verán afectado el nivel de recursos actual, sino que el aporte surgirá del tesoro nacional. Para que este pueda cumplir con los aportes, en el marco del déficit fiscal que se propone recortar, debería elevar sus ingresos o disminuir sus gastos.
Una vía para hacer esto último podría pasar por avanzar con la propuesta de modificar la fórmula de la movilidad jubilatoria, que le ahorraría al año $ 150 mil millones a ANSES.
Veamos. La movilidad jubilatoria, que el gobierno quiere cambiar apoyándose en el respaldo "técnico" del Fondo Monetario Internacional y la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, dos pilares de las políticas neoliberales y proempresarias, limitaría la actualización de los haberes (y de la AUH, que hoy tiene la misma fórmula), a la inflación acumulada desde la actualización anterior. Esto significaría un definitivo congelamiento del poder adquisitivo de los haberes, cuando en los hechos para la mayoría de los pasivos que cobran la mínime, lo que perciben está muy lejos de cubrir las necesidades básicas. Esto representaría para el ANSES un ahorro de $ 150 mil millones al año, de acuerdo a algunas estimaciones. El cambio de la movilidad jubilatoria debe realizarse por ley, para lo cual el gobierno debe asegurarse el acompañamiento de un sector del peronismo.
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¿Será esta la prenda de cambio utilizada por el gobierno para negociar con los gobernadores la salida al entuerto del Fondo del Conurbano? Es una posibilidad.
Pero hay que señalar que incluso si este toma y daca no fuera parte de las tratativas, la sola eliminación del artículo 104 significaría, al mismo tiempo que poner fin al Fondo del Conurbano, devolver a los fondos coparticipables el 20 % de Ganancias que hoy tiene como destino específico engrosar los recursos de ANSES. Desde el vamos, entonces, los fondos previsionales se verán reducidos. Aunque al mismo tiempo el Tesoro nacional recibiría de esos $ 230 mil millones en juego el 42,34 % que le corresponde por coparticipación, eso es menos que lo que recibe hoy ANSES por el artículo 104.
Este desfinanciamiento de la caja previsional, que se suma al que el gobierno se propone hacer con la reducción de las contribuciones patronales, será seguramente un argumento adicional para afirmar la "insostenibilidad" del sistema si no se modifica la ley de movilidad.
El gobierno, con las medidas que viene impulsando, está creando las condiciones para acelerar la crisis del sistema previsional, a los fines de imponer modificaciones profundas, que empezarán en lo inmediato por la fórmula de actualización de los haberes, pero incluyen a futuro la extensión de la edad jubilatoria.
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