BALANCE DE CAMBIEMOS. La Santa Fe del narcosocialismo se sumó al "cambio"

Durante el primer año del gobierno de Cambiemos el Partido Socialista encontró en el macrismo un aliado para profundizar la represión en la provincia donde asesinaron a Franco Casco, Pichón Escobar y Jonatan Herrera. Volvió a instalar a la Gendarmería en los barrios aggiornandose con la llamada “emergencia en seguridad” de Bullrich y arremetió con discutir medidas como elsistema"OJO" o la reforma del Código Procesal Penal para legitimar y recrudecer las políticas de mano dura.

Uniformados con licencia para torturar y matar

El de Franco Casco fue un caso testigo en la ciudad de Rosario: hace dos años, cuando salió a la luz su desaparición luego de estar detenido en la Comisaría Séptima, saltó a la luz la cara más oscura de la policía santafesina: el fusilamiento de los jóvenes en su mayoría entre 18 y 25 años, trabajadores y humildes de las barriadas populares. Se siguieron otros casos emblemáticos como el de Jonatan Herrera o Gerardo "Pichón" Escobar.

Pero estos nombres son solo los que gracias a la lucha de sus familiares, acompañados de organizaciones de Derechos Humanos, políticas y sociales lograron romper el muro de los silencios y entrar en el imaginario colectivo de una provincia mal llamada progresista. Decenas de jóvenes año tras año son asesinados a sangre fría en manos de las distintas fuerzas policiales que operan en Santa Fe: el Registro Provincial de Casos de Tortura, Tratos Crueles, inhumanos y/o Degradantes, Abuso Policial y Malas Prácticas y demás afectaciones a los Derechos Humanos contabilizó en 2015 en Rosario 274 casos de violencia institucional y 15 ejecuciones sumarias, y en toda la Provincia el número de víctimas asciende a 130. Este año el informe anual de la CORREPI hablan de que Santa Fe lidera en todo el país el ranking en los índices de gatillo fácil.

Pero durante el 2016 el socialismo fue más allá y apostó a "educar" y profesionalizar a la santafesina con expertos en la represión callejera: en Septiembre de este año gestionó que autoridades de Carabineros de Chile vengan a la provincia para "compartir experiencias"con la policía local.

Ese mismo mes llegaría un nuevo pacto con el Gobierno Nacional para llenar de verde oliva los barrios rosarinos: luego de tires y aflojes con la Ministra de Seguridad Bullrich, se anunciaba un nuevo desembarco de la Gendarmería Nacional bajo la excusa del combate al narcotráfico. Las políticas que usan todos los gobiernos para justificar las políticas de militarización. Esto no resultó nuevo en la provincia, sino más bien fue una continuidad de lo hecho desde 2013 con el kirchnerismo.

Hoy las calles cuentan con los colores de todas las fuerzas represivas nacionales y locales, donde son mayormente los jóvenes los que sufren todo tipo de hostigamiento: cacheos a cualquier hora del día, detenciones en la vía pública para pedirles documentación e investigación de antecedentes con procedimientos ilegales en el mejor de los casos, si es que no son golpeados o directamente se los llevan detenidos como ocurrió recientemente en la Comisaría Segunda donde uno de los jóvenes fue brutalmente golpeado y llevado al río donde simularon su fusilamiento al grito de "vas a terminar como Franco Casco".

Mano dura en las calles, impunidad en los Tribunales

Al fortalecimiento de la política derechista se le suma su contraparte en la justicia que viene siendo denunciada en los últimos años por su ligazón con el narcotráfico y el gran delito. Ésta es la que mantiene la impunidad en las causas de violencia estatal.

Durante el año 2016, los casos de gatillo fácil de la Ciudad de Rosario sufrieron varios reveses judiciales: en la causa de Gerardo "Pichón" Escobar todos los imputados fueron sobreseídos por el Juez Federal Marcelo Bailaque, medida que se logró revertir con la movilización de los familiares y las organizaciones sociales y políticas. En el caso de Jonatan Herrera la justicia viene de unificar las querellas para apartar a la familia del joven de la causa, entre muchas maniobras que intentan mantener su crimen impune. El crimen de Franco Casco luego de dos años de lucha incansable de su familia, sigue sin ningún imputado: un ejemplo del tratamiento que le da el estado a los crímenes de las fuerzas de seguridad.

Ellos le pusieron nombre a los cientos de casos silenciados en la Provincia y mayormente cajoneados por la justicia,como denunciaron hace unos días varios familiares y organizaciones en las puertas de la Fiscalía Regional N° 2; o con procedimientos completamente irregulares como ocurre con el caso de Pablo Contreras en Santa Fe que sigue impune desde hace 14 años.

En esta línea de acción, preparan una ley más acorde para sus planes represivos. Hoy discuten la modificación del Código Procesal Penal, donde por un lado se le dará más poder a los fiscales para, por ejemplo, autorizar allanamientos por mensaje de voz o tener detenidos hasta cuatro días sin la intervención de un juez, y la creación de un registro público de libertades avanzando sobre cualquier tipo de garantismo constitucional. A su vez crearía figuras como la del "policía encubierto" dando legalidad a la infiltración de las fuerzas de seguridad para “combatir” el delito, como si no fuesen ya parte del mismo. Como lo demuestran cientos de causas contra agentes de la provincia, llegando a casos emblemáticos como el del jefe de la policía santafesina, Tognioli, son parte esencial del crimen organizado y el narcotráfico.

A estas medidas se le suma el Centro Operativo de Información Criminal (OJO): una especie de sistema de datos para aumentar la vigilancia y el control social. Usarían indicadores en base a archivos de la población con la excusa de “prevenir el delito”. Un Gran Hermano que se puede volver contra los trabajadores y todos aquellos sectores que salgan a luchar.

Como parte de esta agenda de giro a derecha, el socialismo embistió contra el Defensor de la provincia que venía siendo parte de las causas de violencia institucional. La destitución de Gabriel Ganon, en acuerdo entre el PS y radicalismo, acusándolo de irregularidades en su cargo, fue parte de la reestructuración más “pro” policía como la designación de Lamberto, ex ministro de Seguridad de Bonfatti, como defensor del Pueblo.

A un año con Macri el poder, Lifstchiz no quiere quedarse atrás, por eso orquesta un escenario cada vez más represivo detrás de una pose de "lucha" contra el narcotráfico. La santafesina tiene la venia para avanzar en la criminalización de la juventud, la Gendarmería para reprimir y la justicia para mantener la impunidad. Todo esto en el marco de despidos y suspensiones en la región que podrían anticipar resistencia por parte de trabajadores y sectores populares que día a día incrementan la precarización con el ajuste.