El gobierno federal, en vez de dialogar con la disidencia magisterial, que en diversos estados del país enfrenta la “reforma educativa”, pretende aplastarla. Amenaza con despidos masivos a los maestros que paren y ocupar las escuelas con gendarmes y policías. Los maestros disidentes deliberan si iniciarán o no el ciclo escolar, se preparan para nuevas jornadas de lucha y llaman a otros sectores a impulsar la huelga nacional.
Jueves 13 de agosto de 2015
Luis E. Miranda, subsecretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), ratificó este miércoles la negativa de esta dependencia a reabrir el diálogo con la Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación, hasta que los integrantes de la Coordinadora magisterial “no se flexibilicen y no se acuerden las cosas de manera institucional”. También dijo desconocer si existen o no órdenes de aprensión en contra de los dirigentes de la CNTE, pero que la dependencia actúa con “apego a derecho”.
El día anterior, el titular de la dependencia, Miguel A. Osorio Chong, aseguró que el próximo ciclo escolar iniciará, en todo el país, en la fecha programada en el calendario oficial (24 de agosto), ante la posibilidad que se está discutiendo al interior de varias secciones identificadas con la CNTE de no reiniciar clases sino irse a paro. Respaldando a su jefe, el subsecretario Miranda afirmó que la SEGOB será “garante” de que empiecen los cursos, sin especificar cómo lo harán si los maestros se oponen.
Por lo pronto, Oaxaca sigue ocupada por miles de elementos de la Gendarmería y la Policía Federal, de los cuales se designaron mil para participar en el programa de “remozamiento” de escuelas, con miras a legitimar ante los padres de familia y la “opinión pública” su permanencia en el estado. Estas fuerzas represivas en realidad están destinadas a reprimir la organización y la protesta magisterial y popular, que ha ido en ascenso tras la reciente reforma del Instituto de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), donde había logrado derechos e influencia la Sección XXII de la CNTE.
“Son empleados”
Luego de que la Sección XXII impulsara, por acuerdo de su asamblea estatal, la toma de las sedes del IEEPO en las diferentes regiones de Oaxaca, el gobernador del estado, Gabino Cué, afirmó que el inicio del ciclo escolar en la entidad no está en riesgo. “Los conozco [a los maestros], su vocación es el servicio”. “Las escuelas son del gobierno del estado y éste paga a los trabajadores de la educación. Nosotros pagamos a los maestros, quienes son empleados y servidores públicos”, aseguró.
El titular del gobierno estatal amenazó así veladamente con descontarles el sueldo a los maestros que paren, dándoles a entender que a partir de ahora deben considerarse a sí mismos no ya como profesionales, especialistas o trabajadores de la educación con derechos laborales, sino como “empleados públicos”, precarizados y súper explotados.
Cabe recordar que Cué, el cual llegó al cargo producto de una alianza entre el PRD y el PAN, no sólo garantizó impunidad para su antecesor, el odiado ex gobernador priísta Ulises Ruiz, contra el que se levantó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), encabezada por la Sección XXII, en el 2006.
El gobernador también ha dejado claro que tiene total acuerdo con el ataque del gobierno federal a la Sección XXII y la CNTE, evidenciando que sólo estaba esperando el momento oportuno y el respaldo necesario para imponer en el estado, bastión del magisterio combativo, la “reforma educativa” de Peña Nieto.
Esto demuestra -a decir de la agrupación magisterial Nuestra Clase- que “no se puede confiar en los políticos de los partidos patronales, aunque posen como ‘opositores’ en tiempos de elecciones, ni en las instituciones del Estado que siempre terminan avalando el ataque contra los derechos de los trabajadores y el pueblo”.
Quieren derrotar al magisterio
Gobernación y Gabino Cué les exigen a los maestros disidentes que renuncien incondicionalmente a su lucha contra la “reforma educativa” y que acepten como un hecho consumado la liquidación de sus derechos sindicales y laborales, amenazándolos para “convencerlos” con represión, sanciones y despidos.
El gobierno federal se sabe respaldado en su cruzada contra la CNTE por los empresarios nacionales y extranjeros, que controlan los medios masivos de comunicación y quieren poner aún más la educación pública a su servicio; por el PRI y el resto de los partidos del Pacto por México que aprobaron la “reforma educativa” y las demás reformas estructurales; por las fuerzas armadas, el Congreso de la Unión, los gobiernos y congresos estatales, la Corte Suprema y el resto de las instituciones del Estado; así como por el charrismo sindical, que usurpa la organización de los trabajadores y entrega sus conquistas.
Se evidencia así -a decir de Nuestra Clase- “el carácter antidemocrático, pro patronal y anti obrero del régimen de la ‘alternancia’, que sostiene al cuestionado gobierno de Enrique Peña Nieto. Ante su falta de legitimidad, éste busca acallar el creciente descontento popular con más autoritarismo y represión, para poder avanzar sin oposición con las reformas estructurales dictadas (al pie de la letra) por el imperialismo, como la educativa y la energética.
Por un paro nacional en apoyo a la CNTE
Está por definirse si las secciones que adhieren a la CNTE y los diferentes sectores del magisterio que se oponen a la “reforma educativa” y a las evaluaciones punitivas que ésta implica iniciarán o no el ciclo escolar. De concretarse esta medida, “Nuestra Clase propone “un paro unificado, bien preparado, que inmediatamente convoque al conjunto de los trabajadores de la educación afiliados al SNTE, a enfrentar a sus líderes charros para sumarse a esta lucha por la defensa de sus derechos laborales y la educación pública”.
Los maestros tienen el desafío de convencer firmemente para su causa a los padres de familia, que también se verán afectados por la reforma al tener que garantizar el sostenimiento material de las escuelas, gracias a la llamada “autonomía de gestión”. De iniciar el paro, podrían surgir Comités de maestros y padres de familia, donde estos definan conjuntamente cómo enfrentar la reforma educativa y la embestida represiva del Estado.
Cínicamente, la SEP trata de convencer o comprar a los padres que mandan a sus hijos a las escuelas públicas con el discurso de que la reforma es para mejorar la “calidad” de la educación. En Oaxaca, con el fin de legitimar el ataque a la Sección XXII, destinaron gendarmes y recursos extraordinarios para dar mantenimiento a las escuelas, recursos que no alcanzan para subsanar sus enormes carencias.
La CNTE ha llamado a otros sectores a impulsar la huelga nacional en contra de las reformas estructurales impuestas por Peña Nieto. Para “Nuestra Clase”, “es urgente que los sindicatos opositores’, en especial los del sector educativo, como el STUNAM, el SITUAM, el SUTIEMS y otros, coordinen con la CNTE y el resto de las organizaciones en lucha, un plan de acción escalonado para llegar a la huelga nacional en contra de las reformas estructurales”.
