En medio del escándalo que salpica la investigación del Lava Jato y al actual ministro de Justicia, la Corte Suprema de Brasil decidió este lunes patear para agosto la revisión de la condena a Lula.
Martes 25 de junio de 2019 10:21
Como si la justicia brasileña no estuviera ya cuestionada por el escándalo desatado en torno al actual ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro, y toda la operación Lava Jato, la Corte Suprema dio este lunes nuevas muestras de su intencionalidad política. Lo hizo al aplazar la revisión del juicio al expresidente Lula da Silva, que se encuentra en prisión como parte de la misma investigación viciada del Lava Jato y de una serie de irregularidades que terminaron por condicionar el escenario electoral del país y dándole el triunfo al ultraderechista Jair Bolsonaro.
Este aplazamiento de la revisión de la condena a Lula, vuelve a confirmar el rol que la Corte Suprema y el Poder Judicial viene cumpliendo desde el golpe institucional a Dilma Rousseff y que tuvo su punto cúlmine en el encarcelamiento de Lula.
La audiencia, que estaba prevista para este martes, fue aplazada el lunes por la Segunda Sala de la Corte Suprema de Brasil. La presidenta de esa Sala, la magistrada Carmen Lúcia Antunes, retiró de la agenda de juicios el proceso de "hábeas corpus" solicitado por los abogados de Lula y no especificó cuándo volverá a ser juzgado.
El caso estaba previsto para ir a juicio en la sesión de este martes 25 de junio, la última antes del receso de julio de la Corte.
Con el aplazamiento, el proceso solo deberá volver a la agenda de la Segunda Sala del Supremo Tribunal en agosto, cuando los magistrados volverán al trabajo.
En el pedido de la defensa, los letrados demandan que sea declarada la parcialidad del exjuez Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil y responsable de la operación Lava Jato en primera instancia en sus cuatro primeros años.
Horas antes de conocer la decisión de la Corte, los abogados de Lula habían solicitado que el caso del expresidente fuera juzgado con prioridad, debido a la avanzada edad del exmandatario, quien lleva 443 días encarcelado.
No obstante, la Segunda Sala certificó que "el proceso fue retirado del calendario de juicio del día 25.6.2019", aunque no dio mayores detalles de la decisión.
El juicio del pedido de "hábeas corpus" solicitado por la defensa de Lula tuvo inicio en diciembre del año pasado, cuando dos de los magistrados, Carmen Lucia Antunes y Edson Fachin, votaron contra el recurso.
Sin embargo, el proceso fue suspendido después de que el juez Gilmar Mendes pidiera más tiempo para analizar la solicitud.
Además de Mendes, quedan por votar los magistrados Ricardo Lewandowski y Celso de Mello.
Lula y el Lava Jato
Como se ve el pedido de nulidad, por los vicios del proceso y la parcialidad del juez Sergio Moro, había sido pedido por la defensa mucho tiempo antes de que se desatara el actual escándalo conocido como "MoroGate" o "VazaJato", por las filtraciones que publicó el sitio The Intercept.
Estas filtraciones muestran la total y absoluta connivencia entre el entonces juez Moro y los fiscales del Lava Jato para llevar adelante las operaciones de forma completamente ilegal y con fines políticos. La publicación de las conversaciones por el chat de Telegram de el exjuez y los fiscales van más allá de los vicios que tuvo el proceso por el que se encarceló al expresidente Lula y muestran que toda la operación Lava Jato había sido manipulada con fines políticos y económicos. Más aún teniendo en cuenta la relación directa del exjuez Moro con el departamento de Justicia de los Estados Unidos y los intereses de las multinacionales imperialistas sobre los activos brasileños.
A pesar de estas evidencias irrefutables, el propio Lula publicó una carta este lunes en la que afirmó que una posible anulación de la sentencia en su contra no invalida el resto de la operación Lava Jato. Se trata de una afirmación que muestra la confianza que el expresidente deposita en las instituciones del régimen brasileño. Esto incluye al parlamento absolutamente corrompido y a un poder judicial totalmente viciado. Así como Lula llamó a confiar en la negociación parlamentaria en el momento en que le estaban dando un golpe a Dilma Rousseff, y luego en la justicia cuando lo estaban por encarcelar, hoy sigue defendiendo a la operación Lava Jato a pesar de las muestras contundentes de ilegalidad y parcialidad. Esto no quiere decir que no haya existido corrupción entre el gobierno y los empresarios, sino que la justicia viene utilizando el caso para sus propios fines políticos y económicos.
El pedido de libertad para el expresidente Lula, sin que eso implique un apoyo a la política del PT, no solo es urgente sino que no se puede separar de del carácter que tuvo toda la operación Lava Jato. Una operación que fue central para el golpe institucional en Brasil, así como todas las acciones del autoritarismo judicial, con la detención arbitraria de Lula en 2018 y su proscripción de la elección del año pasado, lo que fue una clara manipulación del proceso electoral en nombre del proyecto golpista.
