Regimen Policíaco. La UCR amenaza a la comunidad universitaria de Jujuy

En el día de ayer el bloque de diputados de la UCR publicó una solicitada de página entera en los principales diarios de la Provincia. Fue a modo de respuesta a las resoluciones que tomaron las autoridades de la UNJu la semana pasada frente a la represión policial en la Facultad de Ciencias Agrarias y en repudio a la violación de la autonomía universitaria por parte de la policía provincial.

Bajo el título amenazante: “Vergonzosa e irresponsable ruptura de relaciones institucionales de la UNJu con el gobierno de la provincia de Jujuy”, los diputados radicales lanzaron un fuerte apriete sobre las autoridades y, al mismo tiempo, sobre el conjunto de la comunidad universitaria.

Recordamos que en la última sesión de Consejo Superior las autoridades votaron encomendar al Rector, Rodolfo Tecchi, a iniciar acciones legales contra el Gobierno de la Provincia por la violación de la autonomía universitaria y, por presión de un sector de los estudiantes presentes y a propuesta de la directiva del gremio docente, Adiunju, finalmente votaron la exigencia de derogación del Código Contravencional.

Este Código que votó el PJ-FPV durante el gobierno de Fellner en 2014 fue utilizado por el gobierno de Gerardo Morales para legitimar el accionar policial en Agrarias, antes de retractarse por lo sucedido y, claramente, es una herramienta que le otorga mayor poder a la policía, como parte de la política de criminalizar la protesta y regimentar la vida de la juventud. Algo que se encargan de volver a aclarar en la misma solicitada, allí señalan, “ocurre que el nuevo Código incorpora los procedimientos contravencionales frente a los cortes de ruta y quemas de cubiertas entre otras acciones que durante más de una década repudiamos todos los jujeños como modo de convivencia”.

En lo que hace a su amenaza intimidatoria, los legisladores afirman, “es la primera vez en la historia de Jujuy en la que una institución de la envergadura de una Universidad nacional dispone semejante medida que produce un quiebre institucional con un Gobierno Provincial con el que debe coordinar, cooperar y ejecutar acciones conjuntas para hacer efectiva la extensión universitaria”.

La autonomía universitaria en la mira

Según la UCR la Universidad Pública debe estar a disposición de las necesidades del gobierno de turno, justamente lo opuesto a los fundamentos de la autonomía universitaria que el movimiento reformista de 1918, iniciado en la ciudad de Córdoba, transformó en una bandera de lucha en todo el continente latinoamericano y en el mundo. En ese momento, el principal cuestionamiento del movimiento estudiantil se dirigía contra la injerencia de los oscuros poderes de la Iglesia en la educación universitaria y, así mismo, irrumpieron frente a la tiranía de una casta de profesores que oprimían al “demos universitario”, los estudiantes, que deberían (deben) ser quienes principalmente ejercieran el gobierno de la universidad, como expresara el Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria.

Si este movimiento reformista pudo conquistar la autonomía universitaria frente a la Iglesia e instaurar el Co-gobierno universitario, dándole participación directa a los estudiantes dentro de las decisiones sobre el rumbo de la educación superior, puso también en cuestionamiento la intervención política de los gobiernos de turno en la Universidad.

Sin embargo, durante la historia argentina, la autonomía universitaria fue violada en más de una ocasión, sea bajo períodos de gobiernos democráticos o dictatoriales. La detención de los estudiantes en Ciencias Agrarias trajo a la memoria el oscuro episodio en 1966 cuando la policía ingresó en las universidades nacionales deteniendo a investigadores, docentes y estudiantes opositores al gobierno de facto y, luego se encargó de intervenir la Universidad y prohibió a los Centros d Estudiantes hacer política.

Y fue en 1994 cuando la autonomía cobró estatus constitucional y, paradójicamente, lo hizo en el marco de la sanción de la Ley de Educación Superior (LES) que significó una profunda avanzada en la injerencia -por vías legales e institucionales- de la lógica mercado y de las empresas dentro de la Universidad. La firma de convenios con multinacionales, empresas locales o reparticiones del Estado, junto con la instauración del negocio de los títulos de posgrados, tuvieron un auge que se desarrolló de manera ininterrumpida hasta nuestros días.

Se trata de un proceso sistemático de privatización encubierta, aunque formalmente se haya preservado el ingreso gratuito, que incluso no está exento de ataques, frontales como fue durante el gobierno radical de la Alianza, que propuso el arancelamiento cuestión que le valió la renuncia al Ministro de Economía, Ricardo López Murphy. O bajo formas veladas de horadar la gratuidad como es el escenario recesivo y del ajuste que dispara las cifras de la deserción estudiantil en los últimos años.

Casta versus Casta

Sin dudas, el avance sobre la autonomía no podría haber ocurrido sin el visto bueno de las autoridades universitarias que han sido las aplicadoras de la LES, con mayor o menor cercanía a los gobiernos y, como parte de esta colaboración, han logrado conquistar un status de casta privilegiada, percibiendo ingresos de bolsillo por encima de los 170.000 pesos por mes hoy en día, algo que los emparenta con los ricos que conforman el selecto grupo de legisladores nacionales y provinciales.

Los diputados que responden al gobernador Morales ordenan a la Universidad colaborar con el gobierno provincial y denuncian que “algunos quieren convertir la UNJu en un feudo o en una Unidad Básica opositora”. Si bien es el PJ-FPV quien conduce la Universidad Nacional de Jujuy, con mayoría entre las autoridades y con la dirección de los centros de estudiantes de las cuatro facultades, la estrechez del pensamiento de los funcionarios radicales no deja de sorprender. Su lógica binaria, “amigo-enemigo”, sólo reconoce aquellas instituciones que el gobierno puede controlar y disponer a su antojo, todo lo demás pasa a ser parte de sus enemigos.

Pero aquí el Gobierno decidió ubicar en el campo enemigo, no sólo a las autoridades universitarias por su pertenencia al PJ (que, aclaremos, lejos de ser opositores vienen jugando un papel clave en la gobernabilidad del oficialismo en todo el país), sino a los estudiantes. El pedido de disculpas del mismo Gobernador, Gerardo Morales, luego de la represión policial se combina con una campaña de estigmatización sobre la juventud y sus formas de diversión que sostienen los funcionarios cada vez que hacen declaraciones públicas.

Otra vez apuntan contra la juventud

En el caso de los diputados oficialistas se preguntan, "¿Quién controla? ¿Quién ejerce el poder de policía por la venta de vendidas alcohólicas, normas frente a incendios, etc. en la universidad?"

La ignorancia de las estrechas mentes de los legisladores parece no tener límites. En la UNJu no se expenden bebidas alcohólicas, se expenden café, gaseosas, jugos, etc. Y en el caso de realizarse una fiesta, son los estudiantes los que se hacen cargo del expendio de bebidas como de las normas de seguridad, y es algo que así debe ser, autoorganizado por los propios estudiantes y ninguna autoridad debe meterse en el medio.

El desconocimiento de lo que sucede en la Universidad tiene como trasfondo un profundo desinterés (y desprecio) por un sector de la sociedad que recibe los peores trabajos, mal remunerados, en negro y trabajando los fines de semana. Según la DIPEC el año pasado, los jóvenes que no pueden acceder a un trabajo ni a un estudio, alcanzaba los 27.000 en la provincia. Ellos no son preocupación de los diputados.

Tampoco hablan de la situación de la Educación Pública que viene recibiendo un ajuste presupuestario, al igual que la Ciencia y Técnica, la creciente deserción o, el caso de la docencia, que lleva dos meses de paros y registra un 42% de los docentes en la UNJu que, en su mayoría, no alcanzan a cubrir el salario mínimo vital y móvil de 8.060 pesos, teniendo diez años de antigüedad.

Claramente a los diputados radicales los problemas y preocupaciones de los estudiantes, docentes y no docentes, les son ajenos. En su mundo de privilegios, su interés se limita a tener regimentada a la juventud y silenciada a la universidad.

Sin embargo, subestimar a los estudiantes y docentes puede costarles caro. Se trata de sectores de la sociedad que constan de una historia democrática inspirada en el movimiento reformista del ‘18, que levantó en alto también la libertad de cátedra y de pensamiento y, de un sector también, que promovió la alianza obrero estudiantil, con el mayor ejemplo alcanzado durante el Cordobazo que hizo volar por los aires la dictadura de Onganía. Es esta tradición la que hoy estamos llamados a retomar y enriquecer de cara a los desafíos que representa la defensa de la educación pública frente a los planes de ajuste del gobierno y los empresarios que tienen un plan por profundizar las condiciones de explotación sobre los trabajadores, y de contribuir desde la Universidad a la construcción de una salida a favor de las mayorías asalariadas y de los sectores populares en todo el país.