Dictada en 1974, reglamentada en 2022, unos días antes de que entre en vigencia la obligatoriedad de "salas de cuidado" en empresas, la Unión Industrial dice que es de “complejo cumplimiento” y rosquea con el Ministerio de Trabajo para limitar sus alcances. Hay que exigir a los sindicatos asambleas en cada lugar de trabajo para que se cumpla ese derecho.
Miércoles 22 de febrero de 2023 10:01
Luego de muchos años, el Gobierno reglamentó una norma que había sido conquistada en 1974, en otro momento del país: que las empresas debían tener "guarderías" y salas maternales para niñes de 45 días a 3 años.
La ley es un avance ante una realidad inocultable. Como analizamos en el momento en que fue aprobada, en nuestro país “las mujeres cobran el 27% menos que los varones por igual tarea, además de verse afectados derechos básicos que van desde el derecho a la lactancia, las ausencias justificadas por familiar enfermo, jardines parentales hasta la licencia por maternidad no se encuentran vigentes o están restringidos. La disponibilidad de estos lugares para las mujeres que trabajan es clave ya que se transforma en la posibilidad o no de trabajar fuera de la casa”.
La “letra chica” de la norma fue esmerilada en la rosca parlamentaria: la obligatoriedad pasó a ser para empresas de 100 (o más) trabajadores y trabajadoras, no rige para la administración pública, ni para informales y precarias, además de que los montos que se deberán pagar en empresas que “no cuentan con espacio físico” son bajos.
Pero igual era demasiado para los empresarios. Por eso la Unión Industrial y distintas cámaras patronales hicieron primero una fuerte campaña en contra de ese derecho elemental. Y ahora, cuando vence el plazo para cumplirlo, empezaron con sus típicos chantajes. Incluso se conoció una reunión en el Ministerio de Trabajo, entre Kelly Olmos y Funes de Rioja. "Hay un diálogo abierto con la ministra para encontrar un camino que haga posible una solución pues el decreto es, a nuestro entender, una norma con complejidades interpretativas y para su posible cumplimiento", le dijo el presidente de la UIA al diario Ámbito.
El lenguaje leguleyo del abogado y jefe de los industriales no puede ocultar su trasfondo antiobrero y machista. Lo que quiere la UIA es evitar que se hagan efectivos derechos elementales, en este caso de la miles de trabajadoras que cobran los peores sueldos, tienen que elegir trabajos parciales y mal pagos para poder realizar las tareas de cuidado, o endeudarse para poder cumplir con jornadas laborales cada vez más largas. Esas tareas demandan esfuerzo físico pero también tiempo: 6 horas por día según los últimos estudios. Eso implica, además, un obstáculo para conseguir empleos de tiempo completo, registrado y con derechos como licencias, aguinaldo y vacaciones.
Esta situación no es ajena al mundo del empleo privado. El Estado tampoco brinda derechos plenos a sus trabajadoras y, como muestra una investigación de Lía Pesaressi y Julia Lorenzo para La Izquierda Diario, no ha avanzado seriamente con los prometidos Centros de Desarrollo Infantil.
El discurso de Funes de Rioja es el mismo de siempre: “hay Pymes que no pueden asumir el costo”. Sería gracioso, si no diera tanta bronca, que los dueños del país siempre utilicen a los “pequeños” empresarios para llorar ante un debate de derechos. El otro argumento es “el difícil contexto económico”. Para ellos no parece. Lo notable es que en los últimos meses de conocieron datos oficiales que reconocen que la transferencia de ingreso de la clase trabajadora a la clase empresaria fue histórica. Un saqueo histórico, claro. Esta semana por ejemplo se supo que desde el acuerdo con el FMI los trabajadores transfirieron U$S 20.250 millones más a los empresario.
O sea que, aún en este “difícil contexto económico” la clase empresaria gana cada vez más.
Otro dato conocido en estos días muestra la contracara de eso: según UNICEF el 90% de los niños y niñas pobres de la Argentina viven en un hogar donde los adultos trabajan.
Más claro imposible.
¿Qué pide la UIA? Antes que nada, amenaza con trabar la aplicación de la ley, por cuestiones “interpretativas”. A pesar de que hay una ley y varios fallos judiciales a favor de la medida. Luego, pide una (nueva) prórroga. ¡Pero si es una ley escrita en 1974! Seguramente buscan limitar su aplicación, diferenciando entre empresas grandes y “pymes” (que muchas veces son las que más precarizan) y afectando las condiciones y montos.
Hay que rechazar el chantaje de la UIA. Si el 23 de marzo de este año, como última fecha, no se aplica, hay que exigirles a los sindicatos que realicen asambleas en los lugares de trabajo para discutir las medidas necesarias para que se cumpla la ley. Tiene que ser una oportunidad además para discutir otros reclamos pendientes de las mujeres y toda la clase trabajadora.
