Una nueva coyuntura cruza la realidad de varios planteles universitarios, tanto de Santiago como en regiones. Tras muchos años de organización de mujeres en nuestras diferentes corrientes, se consolida un nuevo elemento en la conciencia del movimiento estudiantil: el feminismo.
Lunes 7 de mayo de 2018
Iniciando mayo del 2018, en un segundo gobierno de derecha post dictadura, y tras la salida a las calles de millones de mujeres en todo el mundo al grito de #Niunamenos y las masivas marchas del último 8 de marzo, es posible hablar de un nuevo elemento en la conciencia del movimiento estudiantil: el feminismo.
Hoy se expresa en una incipiente movilización, donde universidades como la Católica de Temuco, Universidad de Chile, UTEM o la Universidad Austral mantienen diversos niveles de lucha, como tomas o paros en contra de la violencia machista. La mayoría de las movilizaciones se iniciaron por casos particulares de acoso y abuso sexual, a medida que se van trenzando las redes de acción y discusión, se comienzan a articular ejes para una profundización a nivel programático: ¿cómo transformar la universidad en un espacio libre de violencia machista? ¿es posible? ¿Qué mecanismos necesitamos para avanzar en esa perspectiva?
La rabia y frustración honestas, tanto de la experiencia cotidiana de opresión como ejemplificado en casos horrorosos que en las últimas semanas se tomaron el debate y la prensa, se han traducido en la organización de cientos de nosotras en cada uno de nuestros espacios, como por ejemplo en la asamblea de mujeres de la Universidad de Chile con casi mil compañeras, que constituyó un hito político por su masividad y participación de la mayoría de los campus y facultades del plantel.
Esta fuerza hasta ahora se ha centrado en un análisis crítico de los protocolos y en el rol que han jugado las autoridades de las universidades para que se hagan efectivos. Por supuesto que debemos tomar medidas frente a los casos de acoso y abuso en las universidades. Pero estos protocolos por sí solos son insuficientes, y no dan abasto a las necesidades de los espacios educativos, considerando que es una estructura social completa la que potencia, valida y reproduce la violencia machista en todos sus niveles.
Entender que el patriarcado se entrelaza de manera intrínseca con el capitalismo neoliberal, implica asimilar que nuestras estrategias deben procurar no aglutinarse bajo la hipocresía de las autoridades y los gobiernos de turno.
Y pese a que en la mayoría de las naciones, durante las décadas recién pasadas, han cooptado exitosamente algunas de las demandas del movimiento de mujeres, muchas de ellas se encuentran con que el capitalismo está diseñado para resguardar los privilegios de esos empresarios millonarios que se enriquecen a costa de las grandes mayorías trabajadoras. Mayorías compuestas principalmente por mujeres: el 70% de las personas que viven en extrema pobreza son mujeres y niñas. La feminización de la pobreza radica precisamente en esta violencia sistémica, donde el acceso a los servicios básicos como educación, salud y vivienda, y a oportunidades de empleo dignas, es lo que sostiene en concreto que la mitad de la humanidad viva relegada en un nivel u otro a la miseria.
En el mundo educativo, pese a lo que se sostiene en las declaraciones institucionales, son las autoridades universitarias, elegidas por una minoría privilegiada de académicos, quienes han sido los principales sostenedores de la violencia tanto en las aulas como en los pasillos y jardines universitarios. Pues es bajo su mandato que se perpetúan las desigualdades no sólo en razón de género, sino también de raza y clase. Nuestras casas de estudio así son una pequeña muestra de los grandes problemas de la sociedad, y es desde esa posición como también podemos jugar un rol clave en transformaciones que excedan las paredes del mundo estudiantil.
La universidad, como institución, cumple un rol muy claro en este sistema: es la encargada de certificar el conocimiento, de validar el dominio de un saber y de administrar la producción de nuevos conocimientos y tecnologías. Según el enunciado de la mayoría de las universidades estatales, en esta responsabilidad social reside el rol de lo público. Bajo el antifaz de la neutralidad de esta labor, esconden varios secretos: que dicha producción, validación y certificación del conocimiento está orientado con lógicas mercantiles o que directamente está ligado a los intereses de grandes empresarios, quienes en su condición de financistas indirectos, hacen pesar sus propias preocupaciones en el quehacer académico. La Universidad reproduce las lógicas de dominación, jerarquía y competencia, donde el abuso de poder y el autoritarismo se convierten en la principal arma para imponer su voluntad.
La institución universitaria reproduce precariedades para las mujeres y otros sectores oprimidos y explotados presentes en el conjunto de la sociedad: violencia económica, relegando a las funcionarias y docentes a contrata a la inestabilidad laboral, salarios bajos y no equitativos entre hombres y mujeres. No hay un reconocimiento efectivo de las identidades trans. Empuja a las estudiantes a hacer malabares para poder costear la educación, más aún si son madres; y a la violencia sexual, al amparar a abusadores y acosadores dentro del espacio educativo, sin considerar tanto mecanismos preventivos como protocolos con medidas cautelares, de acompañamiento y resolución expedita, de manera triestamental. No contamos tampoco con atención garantizada en casos de ITS/ETS. Además, de violencia simbólica en cuanto al currículum, que valida algunos conocimientos por sobre otros, excluyendo lenguas y saberes no hegemónicos, por sólo mencionar algunas de las problemáticas que aquejan el espacio universitario.
Es que la gran ficción de la Universidad como garante de la democratización del conocimiento y la igualdad de derechos se cae a pedazos: la forma autoritaria y antidemocrática de los rectores elegidos entre una minoría de profesores de las más altas jerarquías, es una expresión más del patriarcado. El modelo de administración, con la figura del rector como un pequeño monarca, requiere pocos quienes toman las grandes decisiones, poniendo así las preocupaciones de las mujeres, la mayoría de la comunidad universitaria y la sociedad en segundo plano. Y esta, es una decisión política, que se intenta maquillar con excusas burocráticas. Nada dicen del peligro que acarrea el sostener una tesis unilateral del problema, donde se utilizan los casos por parte de las autoridades como “chivos expiatorios” de su propio machismo. El problema de la violencia machista requiere un abordaje en forma dual para buscar una solución real al mismo, incorporando políticas ante todo preventivas: sino, se convierte en el aniquilamiento por la pura fuerza, de estos chivos expiatorios, por quienes se alzan del lado de la moral “correcta”.
El cuestionamiento profundo que empieza a nacer en nuestros espacios sobre el machismo y su violencia, es precisamente lo que nos abre el camino para erradicar el patriarcado en todas sus formas, la acción que nosotras podamos generar puede transformar esta realidad. La movilización que hoy estamos emprendiendo nos muestra el camino si anteponemos la unidad de quienes no tenemos voz ni voto en las decisiones de nuestras universidades. Si ya sabemos que las autoridades no son nuestros aliados ¿Quiénes sí lo son? Claramente las fuerzas que como estamento estudiantil podemos articular no bastan para hacerle frente a una institución que perpetúa el machismo. Todas las “ganadas” que nos vayan a entregar las autoridades serán para lavarse la cara y no abordar el problema de la violencia de género de manera transversal y democrática. Precisamente esa maniobra es la que debemos evitar.
Para esto se vuelve clave aliarnos con quienes la universidad también oprime: las y los funcionarios, tanto de planta como a honorarios; lo mismo el estamento docente, quienes debido a las jerarquías académicas no tienen participación equitativa en las elecciones de rector. Conquistar esa unidad desde las bases, desplegada en paros, claustros e instancias de movilización como asambleas y marchas, puede proponerse conquistar organismos con representación de todos los estamentos, comisiones triestamentales que puedan tomar los casos de violencia machista independiente de las autoridades, abriendo el camino al cogobierno universitario como mecanismo democrático real para construir la universidad que queremos: financiamiento integral para una educación pública, gratuita y no sexista, que barra con toda la herencia de la dictadura, y que plantee la universidad como herramienta más para acabar con este sistema capitalista y patriarcal.
