ESTADOS UNIDOS. La aberrante distopía de Donald Trump

Los migrantes y sus hijos compartirán la misma suerte en los centros de detención: el hostigamiento por parte de los agentes migratorios, el hacinamiento y la insalubridad, pero juntos. Ya nada podrá borrar el trauma y los maltratos que han vivido los niños que fueron separados de sus familias y encerrados en los centros de detención.

El encarcelamiento de niños migrantes en Estados Unidos es sin duda, la expresión más descarnada y cruel de la política migratoria de Donald Trump. Durante varios días, la prensa estadounidense e internacional ha mostrado ante el mundo a los miembros de ICE y la policía fronteriza deteniendo familias, separándolas y encarcelando menores de edad.

Verdaderos centros de concentración administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos han sido edificados en 17 estados de Estados Unidos para “alojar” a los niños detenidos.

Según las cifras oficiales, hay 12 mil niños en instalaciones del gobierno de Estados Unidos ahora mismo, de los cuales unos 2 mil 342 que ingresaron por la frontera entre mayo y junio fueron separados de sus padres. De acuerdo con medios de prensa como el Washington Examiner, dichos centros de detención están recibiendo 250 niños cada día.

Las imágenes hablan más que mil palabras: los niños son encerrados en jaulas colocadas en grandes galerones o tiendas, obligados a dormir en el piso con apenas una manta térmica rodeados de concreto. Muchos de ellos empezaron a caminar apenas hace un año.

Se trata de una escalofriante distopía ocurriendo en tiempo real. Ante la indignación mundial, Donald Trump expuso el problema tal cual lo ve en un discurso frente a pequeños empresarios: la política de criminalización de la migración es la única salida. No queremos “infestarnos” de delincuentes afirmó el magnate.

Trump miente sin resquemor alguno. Los que migran son trabajadoras y trabajadores. Gente pobre huyendo de la pobreza y la violencia en México y Centro América que al llegar a Estados Unidos deja su vida en el trabajo ilegal ultra precario para sostener a sus familias. Estos “delincuentes” en realidad lavan baños, pisos, son meseros, albañiles, jornaleros, empleadas domésticas, obreros, obreras. Mueven buena parte de la economía de Estados Unidos.

Los demócratas vierten lágrimas de cocodrilo. Ya Obama había enfrentado una crisis similar cuando la prensa ventiló en su segunda administración que niños centroamericanos estaban siendo retenidos en centros de detención y deportó a un gran número de migrantes. Trump desde luego viene recargado.

Detrás de la crisis migratoria están las consecuencias que la penetración imperialista ha generado sobre México y Centroamérica. No hay otro responsable más que el estado imperialista estadounidense.

La verdad está oscurecida detrás de la retórica racista y xenófoba del actual presidente. Y la verdad es que los grandes ganadores de la penetración imperialista en México y Centroamérica son las clases poseedoras de ambos países.

El gobierno mexicano, gendarme de la Casa Blanca

El demócrata Barack Obama batió el récord de deportaciones con más 2.7 millones de personas expulsadas de Estados Unidos. Creó una verdadera industria de las deportaciones, en beneficio de las empresas de seguridad y administradoras de centros de detención, como Correction Corporation of America (CCA) y Geo Group, que no sólo perciben ganancias millonarias de parte del gobierno estadounidense, sino que obligan a las personas detenidas a laborar por salarios miserables para empresas como Boeing, TWA, Konika, Texas Lockhart Technologies, Microsoft, Starbucks y Colgate Palmolive, entre otras.

Bajo la segunda administración de Obama el gobierno de Peña Nieto puso en marcha el Plan Frontera Sur, cuyo objetivo es impedir el avance de los migrantes a través de México en su larga travesía hacia Estados Unidos. Pero el gobierno mexicano no sólo le hizo el trabajo sucio a Obama: también lo hace con Trump.

Según reportó el semanario Proceso, el gobierno estadounidense busca presionar a México para que se convierta oficialmente en centro de detención de migrantes que busquen llegar a Estados Unidos. Esto se suma a las deportaciones llevadas a cabo por las autoridades mexicanas, que en 2017 llegaron a 72,128 por vía terrestre.

Atravesar México se ha vuelto una pesadilla para quienes buscan llegar a la frontera norte con Estados Unidos: quienes migran se enfrentan al abuso de la policía, de agentes de migración y los militares, quienes no sólo los extorsionan, los persiguen y los golpean, sino que son los responsables de entregarlos a cárteles del narcotráfico. Muchos de los desaparecidos en México son centroamericanos, de quienes sus familias no vuelven a saber nada.

Ahora el gobierno de Peña Nieto salió a “repudiar” la detención de los niños migrantes y la separación de familias, pero en realidad secunda las políticas xenófobas dictadas desde Washington, y ha dejado en el desamparo a los migrantes mexicanos que residen en Estados Unidos.

Décadas de opresión imperialista

México comparte cerca de 3.185 kilómetros de frontera con los Estados Unidos. Al norte del Río Bravo, tenemos un dicho que afirma que México y América Central exportan mano de obra, materias primas y narcóticos a su vecino del norte, mientras que Estados Unidos invierte una cantidad masiva de capital en México, que dio origen al corredor maquilador a lo largo de la frontera norte.

La industria minera, la industria petrolera y las empresas agrícolas dependen de este capital y los Estados Unidos han dado vida a las industrias del turismo legal e ilegal como el tráfico, tanto el tráfico de órganos como el de la trata de personas. Los bienes, el capital y las personas cruzan constantemente la frontera, tanto legal como ilegalmente. Este flujo constante otorga a los sectores económicos ilegales características únicas. Específicamente, la demanda estadounidense de mano de obra inmigrante, tráfico sexual y drogas ha creado un nicho económico que existe en los márgenes del estado pero, al mismo tiempo, es directamente respaldado por el Estado.

El crimen organizado usa grupos paramilitares para defender su mercado y, al mismo tiempo, en asociación con el Estado, lleva a cabo una violencia brutal contra los pobres y la clase trabajadora. Un infame ejemplo de esto fue el asesinato y la tortura de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, entregados por policías locales a los cárteles del narcotráfico. Quienes son parte de la oposición política al gobierno, como los 43 estudiantes de Ayotzinapa -que continúan desaparecidos- son otras víctimas del Ejército mexicano, con la ayuda del crimen organizado.

Su papel como distribuidores privilegiados de cocaína y anfetaminas en los Estados Unidos ha conferido un poder exorbitante a los cárteles mexicanos, y ahora operan como grandes corporaciones capitalistas globales en varios países. En última instancia, el mercado de narcóticos y otras industrias ilegales genera rápidamente una cantidad masiva de capital, que luego se pone en circulación a través del lavado de dinero.

La respuesta de los gobiernos mexicano y estadounidense al crecimiento del narcotráfico fue la militarización, que solo aumentó la violencia. La Iniciativa Mérida es el acuerdo de seguridad que el gobierno mexicano y el gobierno estadounidense firmaron para brindar un marco legal a la intervención militar estadounidense en territorio mexicano.

La llamada "guerra contra el narcotráfico" que se libra en México durante más de 10 años fue ordenada por la Casa Blanca bajo la instrucción y el funcionamiento de las agencias de inteligencia de EE. UU. y las fuerzas armadas. Los resultados han sido devastadores. Incluso las cifras más conservadoras estiman que 160,000 personas han sido asesinadas, 25 millones han sido desplazadas, y entre 25,000 y 45,000 han desaparecido y el aumento de los feminicidios, que sólo entre 2007 y 2012 se incrementaron en 138%.

El mantenimiento de la militarización y la guerra contra el narcotráfico en parte del territorio mexicano tiene como uno de sus objetivos mantener la “paz social” que requieren los grandes capitales para mantener la superexplotación en la industria maquiladora en el norte y centro de México y atacar a los sectores más combativos del magisterio mexicano, como en Guerrero y Michoacán.

El presidente Trump quiere imponer más restricciones a la migración desde México y Centroamérica pero, al mismo tiempo, quiere exportar armas de alta tecnología sin restricciones. Como informó The Intercept en abril, los altos representantes de la industria armamentista en Estados Unidos se reunieron con el presidente Trump para acordar cómo aumentar sus ganancias.

Se habían reunido como parte del Grupo asesor sobre comercio de defensa, que asesora al Departamento de Estado sobre cómo facilitar la exportación de armas en todo el mundo. En la agenda de ese día se presentó una propuesta de "presentación por lotes", que permitiría a las compañías de armas presentar múltiples solicitudes de licencias de exportación a la vez.

Muchas de las empresas presentes tenían una participación particularmente grande en México: había representantes de Lockheed Martin, que envía helicópteros Black Hawk a México, y de Textron, que posee helicópteros Bell, también comprados por militares de México. Hubo un representante de Nammo Talley, de la cual el Ejército mexicano compró más de 2.000 armas en 2016 por poco más de 8 millones de dólares. Las víctimas de la militarización y exportación de armas estadounidenses a México son los trabajadores, los pobres, los campesinos y los pueblos indígenas y también se enfrentan a la cada vez mayor militarización de la frontera.

Esta intensificación sistemática del sistema de seguridad de la frontera transforma las fronteras internacionales en zonas de "vigilancia permanente, aplicación y violencia" para citar la Red Nacional de Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados.

Es probable que la asignación cada vez mayor de fondos para la seguridad fronteriza en la frontera entre México y los EE. UU. siga creciendo, ya que los políticos continúan movilizando la amenaza de la actividad delictiva y el terrorismo con este fin.

No es sorprendente que la seguridad fronteriza sea un tema clave en la agenda de Trump. La patrulla fronteriza y las fuerzas militares que ocupan esta zona han demostrado un completo desprecio por los derechos humanos internacionales.

Con el TLCAN (NAFTA), la economía mexicana desarrolló una industria manufacturera que dependía por completo de las empresas trasnacionales. La inversión extranjera directa masiva atrae capital debido tanto a la mano de obra a muy bajo costo (incluso en comparación con los niveles salariales chinos) y la proximidad del país a Estados Unidos.

Mientras la administración Trump presiona al extremo para obtener una renegociación que beneficie aun más a las trasnacionales estadounidenses, lo cierto es que la aplicación del TLCAN implicó para la clase trabajadora y los sectores populares de México, Canadá y Estados Unidos la precarización creciente –a distintos niveles en cada país– de sus condiciones de trabajo y de vida, así como el saqueo y la expoliación de recursos.

En el caso particular de México, con el gobierno de Peña Nieto vino la aplicación de las reformas estructurales, entre ellas la energética y la educativa. Mientras la primera implica una nueva fase de saqueo de recursos, con la apertura de la explotación de hidrocarburos al gran capital privado (como Exxon), la segunda conlleva el ataque a los sindicatos de maestros, sus condiciones laborales, y la subordinación de la educación a los planes del imperialismo estadounidense, anclados en un modelo privatizador.

Un llamado a la acción

Ante el brutal ataque de Donald Trump contra los migrantes se hace imperativo que la izquierda a nivel internacional, las organizaciones obreras, migrantes y de derechos humanos nos movilicemos. En particular las organizaciones que se reclaman socialistas a los dos lados de la frontera, incluyendo al DSA estadounidense, tenemos la obligación de luchar de manera independiente del partido demócrata para frenar este ataque.

Urge exigir en lo inmediato que los 17 centros de detención sean cerrados, que cesen las detenciones y la separación de las familias, que todos los niños presos y sus padres sean liberados y se puedan reunir. Que no se encarcele a las familias migrantes.

Pero urge también que la izquierda levante un programa antiimperialista que dé respuesta a la crisis migratoria:

1. Mientras las mercancías –legales e ilegales, incluyendo el tráfico de drogas y el de armas– circulan libremente a través de las fronteras, se niega el derecho de los seres humanos a decidir dónde vivir. Por el libre tránsito a través de las fronteras, para que los migrantes pasen sin restricciones a los Estados Unidos y dejen de ser perseguidos y extorsionados por las policías, el ejército y los agentes migratorios a ambos lados de la frontera y los grupos del crimen organizado.

2. Las políticas antimigrantes buscan degradar aun más las condiciones de vida y de trabajo de quienes llegan a territorio estadounidense huyendo de la violencia y la miseria de sus países de origen. Se les impuso los salarios más bajos de EEUU, un mecanismo perverso del capital que también presiona a la baja los salarios del conjunto de la clase obrera multiétnica estadounidense. Por eso, es fundamental luchar por derechos plenos para todos los mexicanos, centroamericanos y latinos que laboran en la ilegalidad en Estados Unidos.

3. Con las deportaciones, las detenciones, los asesinatos de migrantes, y con la aberración del encarcelamiento de niños migrantes y la separación de familias, se hace más que evidente el carácter absolutamente reaccionario de la patrulla fronteriza, del ICE (Servicio de Migración y Control de Aduanas de los Estados Unidos) y de la Guarda Nacional enviadas a la frontera. Por eso, es necesario luchar por la abolición del ICE, la patrulla fronteriza y por la salida inmediata de la Guardia Nacional de la frontera sur de Estados Unidos. Al mismo, tiempo, en el lado mexicano hay que imponer con la movilización el regreso de los militares a los cuarteles, la desmilitarización inmediata de la frontera del lado mexicano, tanto en el norte como en el sur, el fin de la “guerra contra el narcotráfico”.

4. Nos pronunciamos por la cancelación inmediata de todos los acuerdos en materia de seguridad entre México, Centroamérica y Estados Unidos que habilitan al ejército estadounidense y sus organismos de inteligencia a actuar en México y los países del istmo centroamericano con total impunidad, como la Iniciativa Mérida a través de la cual las administraciones estadounidenses financian la “guerra contra el narcotráfico”. Por el cierre de las bases militares y el retiro inmediato de los agentes y militares estadounidenses apostados en los países de la región.

5. Son los gobiernos los que promueven el comercio de armas, para desarrollar su industria armamentística y beneficiar los negocios de los empresarios del sector. Son las autoridades las que avalan el tráfico de armas, como se evidenció en la Operación Rápido y Furioso, mediante la cual agentes estadounidenses entregaron armas al cártel de Sinaloa. Por eso exigimos el alto al millonario negocio de armas que nutre los arsenales desde Estados Unidos del ejército mexicano y el crimen organizado, cuyas balas cercenaron la vida de activistas, de jóvenes, de trabajadores y de indígenas.

6. Nos pronunciamos también por la abolición de las leyes antiterroristas que la administración estadounidense obligó a todos los gobiernos de la región a hacer votar e impuso en Estados Unidos, que se aplica para recortar las libertades civiles y para perseguir a los activistas y las organizaciones de izquierda.

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