Estado Español. La aprobación del presupuesto, una batalla vital para el nuevo Gobierno español

Sin nuevos presupuestos no habrá nuevo gobierno o éste será un “gobierno zombi”. Tendrán que acordar “hacia dentro” con fuerzas políticas diversas, incluidos los independentistas, y “hacia fuera” disponer del beneplácito de la Unión Europea, en un contexto de beligerante oposición de la derecha y la ultraderecha que dificultará enormemente el objetivo.

La movilización independiente y organizada en la calle de pensionistas, jóvenes, mujeres y trabajadores/as por recuperar derechos, se vislumbra como un factor esencial para modificar la correlación de fuerzas ante un gobierno liberal con algunos tintes sociales del que no se pueden esperar transformaciones esenciales en favor de las clases populares.

Lograr aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que den por finalizados los vigentes desde 2018 y, por lo tanto, reiteradamente prolongados (son los más largos de la historia), será el primer objetivo de importancia vital para la supervivencia del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, a la vez que el obstáculo político de mayor envergadura al que se van a enfrentar a corto plazo.

La situación de manifiesta debilidad del Gobierno de coalición, que apenas reúne a 155 votos favorables asegurados por los socios de gobierno, sobre una mayoría absoluta necesaria para aprobar cualquier medida de este calibre de 176 votos sin tener en cuenta posibles abstenciones que rebajen la exigencia, no ayuda nada a lograr este objetivo sin enormes dificultades.

Todo pasará porque se logre una mayoría de apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos. Algo muy complicado en una cámara tan fragmentada y políticamente polarizada, fundamentalmente ante la radicalidad de los sectores de la derecha y donde el voto nacionalista e independentista tiene un fuerte peso. Sobre todo, teniendo en cuenta que contar con el apoyo futuro de los catalanes de ERC para aprobar los presupuestos se puede complicar más, según avancen o no las negociaciones de la “mesa” cuyo marco se han explicitado en los acuerdos que han posibilitado su abstención en la investidura de Pedro Sánchez.

No obstante, y ante las dificultades que se presentan, quizás también antes de que se desencadene la posible decepción de los socios más vulnerables por las dificultades y contradicciones para generar hechos reales sobre lo negociado (sobre todo con ERC), la estrategia de Pedro Sánchez pasa por acelerar todo lo posible la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020. Al menos eso es lo que señaló la propia ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la ceremonia de toma de posesión como ministra.

Esa prisa tropieza con dificultades que harán que no sea cosa de días y que de no ser franqueados harían que el Gobierno volviera a la casilla de salida en el terreno de los presupuestos, es decir a una inviable prórroga de los presupuestos de Montoro de nuevo. Poniendo, por lo tanto, en enorme riesgo incluso la viabilidad política del propio Gobierno a medio y largo plazo.

La dificultad de superar el compromiso de austeridad de la Unión Europea

El primer problema para el Gobierno es ampliar los márgenes de los objetivos de déficit público previamente comprometidos con Bruselas. Esto pasa por la posibilidad de reducir la exigencia de recortar el gasto en unos 8 mil millones de euros durante este ejercicio. Por lo tanto, todo presupone que será una negociación a cara de perro con las autoridades de Bruselas, sobre todo después de haber desperdiciado casi cinco años de crecimiento económico de cierto vigor para haber reducido en mayor proporción, según las exigencias de Bruselas, el déficit y la deuda pública.

Porque los continuos incumplimientos desde la era del expresidente Mariano Rajoy y luego los propios de Sánchez, no ayudan mucho a favorecer la condescendencia de las autoridades económicas de Bruselas. Hay que tener en cuenta, no obstante, que se fue produciendo una cierta relajación en las exigencias de los recortes impuestos desde la UE, sobre todo al comprobar el carácter procíclico respecto de la crisis que esto implicaba con las consecuencias sufridas en Grecia entre otras cosas. Sin embargo, los incumplimientos se han superado por amplios márgenes y esto inquieta en la UE en caso de que la hubiera un rebrote de la crisis económica y una posible recesión.

El Gobierno de Rajoy, de hecho, se comprometió con Bruselas a bajar el déficit para 2019 nada menos que al 1,3%. Sin embargo, aunque todavía no están cerradas las cifras oficiales se espera que pueda alcanzar el 2,3% finalmente, según las cuentas realizadas por la Unión Europea. Mientras que para 2020 el compromiso era de lograr un déficit de tan solo el 0,5% frente al 2% que estima Bruselas que se alcanzará.

Por lo tanto, lograr ese 0,5% comprometido resultaría algo hoy por hoy impensable a no ser que se produjera un enorme recorte del gasto que repercutiría gravemente sobre los derechos esenciales de las clases populares, sobre todo si tenemos en cuenta que el Estado español se encuentra cinco puntos por debajo de recaudación fiscal al resto de la UE y que la economía viene dando un auténtico frenazo, con crecimiento esperado para este año del 1,6%, según la OCDE. Por ello, seguramente, la UE ya calcula que el déficit se podría ir al 1,1% en 2020.

El propio Pedro Sánchez, estando en funciones, ya traslado en el mes de octubre unas cifras de déficit previstas para 2020 superiores al 1,1% con el que ya contaba Bruselas. Así es como en el Plan Presupuestario para 2020 ya estimaba un déficit público del 1,7%. Sin embargo, con los nuevos compromisos adquiridos para lograr sacar adelante un nuevo gobierno las cifras se han disparado aún más, y desde la UE ya calculan un déficit del 2%, pero es muy probable que si se atienden mínimamente a los compromisos adquiridos con los diferentes aliados de gobierno se supere con bastante esa cifra. De momento ya se van a producir de manera inmediata y con carácter retroactivo, la subida de las pensiones un 0,9% y el sueldo de los empleados públicos un 2%.

Las negociaciones no serán sencillas ni muy breves y, posteriormente, habrá que modificar el techo de gasto, lo que llevará por lo menos hasta el mes de febrero con esas gestiones. Puesto que el Gobierno con toda probabilidad no enviará los presupuestos para su estudio y aprobación si antes no está completamente seguro de que serán aprobados.

Después y sin solución de continuidad, deberá negociar con los diferentes grupos políticos para su aprobación definitiva en el Congreso, tras la modificación del techo de gasto, única manera de hacer posible que durante 2020 no haya que recortar el gasto más de lo deseable, para poder llevar adelante mínimamente las promesas realizadas. Todo ello, además, en el contexto de entrada en vigor durante este año de 2020 de la aplicación de la modificación constitucional del artículo 135 según la cual hay que pagar primero y por encima de cualquier gasto social las deudas financieras contraídas.

El gobierno de coalición ya ha marcado sus límites, tanto en el programa moderado acordado entre el PSOE y Unidas Podemos, como en el nombramiento de ministras y ministros abiertamente tecnócratas, como es el caso del ministro de Seguridad Social procedente de la AIREF (es decir el órgano de control del rigor presupuestario del Gobierno impuesto por Bruselas) con su estricta doctrina presupuestaria, o la propia titula del Ministerio de Economía, Nadia Calviño.

Antes que esperar a que se pongan de acuerdo o no los diferentes grupos políticos parlamentarios y se desenrede la madeja de lo que van a ser las políticas del Gobierno de coalición social liberal progresista, que se plasme en los presupuestos, hay que seguir el ejemplo francés, defendiendo con la movilización en las calles y desarrollado incluso estructuras de lucha permanentes, las conquistas o avanzando sobre nuevas demandas.

A otra escala, la próxima convocatoria de huelga en el País Vasco para el día 30 de enero, convocada por sindicatos y organizaciones de pensionistas bajo el lema: “Trabajo, pensiones y vida digna”, es otro ejemplo a seguir, promoviendo e impulsando movilizaciones unitarias e independientes del Gobierno, partiendo de la idea central de que “gobierne quien gobierne los derechos se defienden”. Porque esa es la vía no solo para conquistar nuestras reivindicaciones, sino también para ponerle un freno a la derecha y la ultraderecha.