Reproducimos la opinión acercada por la Secretaria Gremial de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA con motivo de la arbitrariedad y el escándalo del concurso del cargo del profesor Dr. Juan Graña, realizado por la gestión radical.
Lunes 18 de diciembre de 2017
Lamentablemente, la vasta tradición gremial de Argentina se ha visto acompañada del hostigamiento y castigo de las patronales sobre los dirigentes sindicales. El gobierno de Cambiemos se ha propuesto avanzar todavía más en esta apuesta, buscando amedrentar la organización gremial, reprimir ferozmente toda protesta y hasta avanzar sobre la personería de los sindicatos más combativos. Esta actitud, reprochable sin dudas en cualquier ámbito, resulta todavía más inaceptable en la universidad pública pues ésta supone ser un ámbito de libertad académica y respeto por las diferencias.
La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires es, a este respecto, un ejemplo de intolerancia, hostigamiento, castigo y persecución abierta contra los docentes que hace décadas se organizan no sólo por mejores condiciones de trabajo, sino principalmente por una mejor universidad pública. Desde la llegada de Cambiemos al gobierno nacional, los radicales que gobiernan esta facultad encontraron allanado su camino para reforzar estas prácticas.
El siguiente ejemplo, habla por sí solo. El Secretario General de la Asociación Gremial Docente de Económicas-UBA (AGD-Económicas) e investigador del CONICET, el Dr. Juan Martín Graña, perdió el concurso como profesor de Cuentas Nacionales. La docente que fue dada por ganadora en el dictamen, Mg. Guadalupe Pérez Regueira, participa de la cátedra de uno de los jurados del concurso y su tesis de maestría fue dirigida por otro de los jurados del concurso. Pero esto no es todo, esta docente olvidó incluir en su exposición uno de los temas sorteados para el concurso y realizó un mal uso del tiempo, elementos señalados en el dictamen pero que igualmente no influyen en la resolución favorable a ella.
Adicionalmente, se ocultan los antecedentes del Dr. Graña para dar por ganadora a una docente que no es doctora ni tiene antecedentes de investigación. Este hecho arbitrario evidencia una vez más que los concursos lejos de ser una instancia de evaluación académica, se han convertido en los últimos años una herramienta de control y clientelismo político usados para expulsar a docentes opositores y favorecer a quienes responden a quienes gobiernan Económicas.
¿Cómo es posible que este tipo de situaciones sean moneda corriente en la universidad pública? La respuesta incluye, entre otros factores, la decisión unilateral de la UBA de no aplicar el Convenio Colectivo de Trabajo para los y las docentes universitarios/as. El mismo, asegura la estabilidad laboral para docentes con más de 5 años como interinos en sus cargos y prevé la constitución de una carrera docente. En su lugar, la UBA firmó un acuerdo paralelo con un gremio afín a quienes la gobiernan, ADUBA, en el cual se pierde toda carrera docente, se pierde la prohibición del trabajo ad-honorem y se refuerza que los concursos son el mecanismo más objetivo para garantizar la calidad académica y estabilidad laboral. El caso del Dr. Graña es una muestra de cuán falso es este argumento.
La arbitrariedad en los concursos y la falta del cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo por parte de la Universidad de Buenos Aires no sólo repercuten sobre los docentes que resultan expulsados, sino también sobre toda la comunidad académica que se ve privada de la posibilidad de cursar, investigar y compartir cátedra con profesionales de reconocida trayectoria que apuestan a una mejor universidad pública, gratuita, de excelencia académica y activamente preocupada por dar solución a los principales problemas de nuestra época. Lamentablemente, este es un caso entre muchos que muestran el deterioro de la universidad pública, conducida por sectores que privilegian sus cargos y negocios por sobre la educación pública, gratuita y de calidad.
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