El Estado de Chile ha encarcelado manifestantes tanto por sus ideas, como por sus actos, los que según estándares internacionales, estarían dentro de la prisión política. Además, muchos de los casos fueron montajes de Carabineros y Policías de Investigación que posteriormente fueron descubiertos; otros simplemente estuvieron presos sin pruebas y cumpliendo largos periodos de prisión preventiva.
Jueves 5 de enero de 2023
Una de las noticias que impactó a la escena nacional durante el fin del 2022 fue la liberación de 12 presos de la revuelta. Una noticia que significó una profunda alegría a las familias que han estado durante años peleando incansablemente por la libertad de sus cercanos y que por fin pudieron compartir el año nuevo junto a sus seres queridos.
Ante esta decisión del gobierno de Gabriel Boric, el que se demoró 10 meses en por fín hacer uso de sus atribuciones presidenciales y cumplir con una de sus promesas de campaña; la derecha de Chile Vamosinició una ofensiva para evitar nuevas conquistas de la movilización de familias y organizaciones. Se trata de una ofensiva reaccionaria tras un discurso “contra la delincuencia” que tiene como objetivo evitar que se amplíe la movilización por la libertad a las y los presos políticos de la revuelta. Hay que recordar que todavía son cientos los casos de procesamientos, muchos de los cuales siguen tras las rejas.
Esto volvió a poner en la mesa el tema de los presos políticos, pues muchos son los comentarios, potenciados por los políticos y personajes de la derecha, que salieron a acusar a quienes fueron liberados de “delincuentes”, reafirmando su postura de que en Chile no hay prisión política.
¿Prisión política o “delincuentes”?
Durante la rebelión popular en 2019, el gobierno de Sebastián Piñera de la mano de Carabineros y militares reprimieron brutalmente al pueblo que se movilizaba: mutilaron, asesinaron, torturaron, violaron y encarcelaron. Quedando los principales responsables de estas violaciones a los DDHH en la más completa impunidad, como lo fue el mismo Piñera, su primo y ex ministro del Interior Andrés Chadwick, Mario Rozas, etc. Luego de su mandato, Boric llegó al gobierno con la promesa de liberar a los presos de la revuelta, los que tuvieron que esperar larguísimos 10 meses para que esta se cumpliera.
Esto abre el debate. ¿Son presos políticos o “delincuentes”? Quienes defienden que no son presos políticos, se basan en el argumento de que “no se les persiguió por las ideas”, sin embargo, es más amplio, debido a que “La legislación internacional vinculada con temas de refugio y asilo reconoce la persecución por razones políticas, pero también por delitos conexos e incluso delitos comunes perseguidos con una finalidad o razón política. Por tanto, la discusión que abre es: ¿El Estado utiliza la violencia y su poder de coerción contra las manifestaciones políticas en oposición al Gobierno de turno? Si es así, no se puede pensar la prisión política como una política de Estado basada exclusivamente en la persecución de ideas.”
Por otra parte, si vamos a la resolución del Parlamento Europeo del 2002, en donde se reconoce que existe prisión política por distintas causas tales como “que por motivos políticos, la duración de la detención o sus condiciones sean manifiestamente desproporcionadas con respecto del delito del que la persona ha sido declarada culpable o de la que se sospecha (...) que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas (...) que la detención sea el resultado de un procedimiento claramente irregular y que esto parezca estar conectado con motivos políticos de las autoridades.
Esto se puede ver en los distintos casos que se han catalogado como de prisión política en Chile, por ejemplo, en quienes tuvieron que pasar largos periodos de prisión preventiva sin tener pruebas concretas ni antecedentes. Incluso, algunos han sido liberados luego de que se haya descubierto que todo se trató de un montaje de Carabineros, como ha sido el caso de Mauricio Cheuque o Kevin Godoy, entre otros.
Por otra parte, es necesario revisar también algunos casos emblemáticos de quienes fueron liberados en esta ocasión, por ejemplo el de Jordano Santander, quien había sido condenado a prisión por el “delito” de ‘’ánimo homicida”, solo con la declaración de un PDI. O el caso de Cristián Cayupán, el que tras una investigación se confirmó que la policía que quedó discapacitada no fue por responsabilidad de Cristián, sino que porque fue baleada por otro policía.
Esto indica cómo el Estado de Chile ha buscado aleccionar a la juventud movilizada al mantener durante largos períodos de prisión y condena a jóvenes que se movilizaron, mostrando que es capaz de hacerlo con gente inocente y manteniendo plena impunidad para los represores.
Benjamín Vidal
Periodista - Universidad de Chile
