Este 28 de julio se conmemoran 200 años de la proclamación formal de la independencia del Perú y juramenta como presidente de la República el docente y ex dirigente magisterial Pedro Castillo. En medio de grandes expectativas, su llamado a la unidad nacional con los empresarios y sus partidos políticos se convierte en uno de los principales límites de su Gobierno, el cual deberá encarar las demandas de los sectores populares y la clase trabajadora quienes padecen las consecuencias de la crisis económica y sanitaria.
Miércoles 28 de julio de 2021 09:17
¿Quién es Pedro Castillo?
Pedro Castillo Terrones, presidente peruano electo para el periodo 2021 - 2026, nació hace 51 años en el centro poblado de Puña en la provincia de Chota de la región Cajamarca. Es docente de primaria donde se destacó como líder sindical del magisterio. Además de ello, Castillo fue miembro de las rondas campesinas, organización comunal encargada de prevenir y sancionar los robos y otras faltas y delitos menores.
Inició su carrera política en el año 2002 cuando se convirtió en miembro del Comité de Cajamarca del partido político Perú Posible, liderado por el expresidente Alejandro Toledo. Con esta organización política participó como candidato a la alcaldía del distrito de Anguía (región Cajamarca).
Castillo alcanzó notoriedad pública a nivel nacional el 2017 al ser uno de los voceros de la gran huelga nacional docente que duró casi tres meses y que exigía mejoras salariales y la eliminación de las evaluaciones al desempeño laboral de los maestros. Durante aquella huelga, Castillo lideró una fracción opositora al tradicional Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep) que es dirigido por la burocracia vinculada al partido comunista Patria Roja sobre la cual pesa un gran desprestigio a nivel de las bases magisteriales.
En las pasadas elecciones presidenciales participó con la agrupación política Patria Libre liderada por el médico Vladimir Cerrón quien se desempeñó en dos oportunidades como gobernador de la región Junín. Como consecuencia de esto, sobre su cabeza penden serias denuncias e investigaciones por malos manejos. Cerron es reconocido entre los sectores de la izquierda por su cercanía ideológica a los denominados “gobiernos progresistas” de Venezuela y Bolivia, además se declara admirador de Rafael Correa y de los gobiernos de China y Corea del Norte.
¿Cómo llega al gobierno?
Con 19% de votos a su favor y con un alto índice de ausentismo, voto nulo y voto blanco, Pedro Castillo resultó ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales desarrolladas el 11 de abril de este año. En la segunda vuelta, llevada a cabo el pasado 6 de junio, Castillo se impuso a Keiko Fujimori por un poco más de 44 mil votos.
Este proceso electoral estuvo atravesado por una profunda crisis económica y sanitaria generada por la pandemia de la Covid-19. A esta situación se sumó una profunda crisis del régimen político, la cual se expresó en el descrédito de las instituciones, los partidos y sus principales figuras públicas.
Esta crisis política, que es una manifestación de la crisis orgánica, se inició a finales del 2016 cuando se hicieron públicos los vínculos de importantes personalidades con los negocios de Odebrecht. Esto llevaría a la posterior caída de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) y a la asunción de Vizcarra, al suicidio del líder aprista Alan García y al encarcelamiento del expresidente Ollanta Humala, su esposa Nadine Heredia, la exalcaldesa de Lima Susana Villaran, entre otras “personalidades” que se sumaron al ya encarcelado Alberto Fujimori y al investigado por corrupción Alejandro Toledo, hoy prófugo en EE. UU. Más tarde también caería Vizcarra por sus vínculos irregulares con empresas constructoras y, Manuel Merino –quien lo reemplazaría en el ejecutivo– también se vio obligado a renunciar ante la presión social expresada en las explosivas movilizaciones de noviembre del 2020, las cuales rechazaban el accionar del parlamento y de los partidos que llevaron a Merino al gobierno.
La causa de fondo de esta crisis orgánica tiene que ver con el agotamiento del neoliberalismo no solo a escala nacional sino también a escala continental, por esa razón hemos podido apreciar últimamente las masivas movilizaciones en Chile, Ecuador y Colombia, donde el denominador común es el rechazo a las políticas de ajuste enmarcadas dentro de los lineamientos del Consenso de Washington.
Esta crisis política vino acompañada de un despertar de las luchas obreras y populares, lo cual es consecuencia del impacto de la crisis económica internacional, por esa razón en 2017 se dan importantes y contundentes huelgas de los trabajadores mineros en la macroregión sur del país, en minas como Southern, Cerro Verde, San Juan de Chorunga, entre otras. Además de la huelga magisterial que enfrentaron las políticas educativas y punitivas del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y a la podrida burocracia sindical de Patria Roja. Paralelamente se desarrollaron importantes movilizaciones a nivel nacional cuestionando el indulto a Alberto Fujimori y la corrupción, lo cual llevaría a que se empiece a hablar de la necesidad de cambiar la constitución política de 1993 a través de una Asamblea Constituyente.
Durante este último año se dieron importantes luchas de las y los trabajadores de salud contra la precariedad laboral y por la exigencia de plenos derechos. En diciembre del 2020 y enero del 2021, los trabajadores agrarios de Ica y del norte peruano protagonizaron una gran huelga contra la precariedad laboral que padecen. Sin embargo, por su efecto político, destaca en este período la lucha mayoritariamente juvenil de noviembre del 2020 contra el ilegítimo gobierno de Manuel Merino el cual renunció después de una semana de intensas movilizaciones y represión policial. Esta lucha, una vez más, volvió a poner sobre la mesa la discusión sobre la posibilidad de acabar con la constitución del 93 a través de una Asamblea Constituyente.
La burguesía, de la mano de los medios de comunicación y contando con la complicidad de la izquierda reformista y neo reformista y la burocracia sindical, desviaron la bronca social institucionalmente y llamaron a dar confianza y sostener al gobierno de Francisco Sagasti quien fue nombrado presidente por el Congreso, mientras que Mirtha Vázquez del Frente Amplio asumió la presidencia del parlamento.
¿A dónde va el gobierno de Pedro Castillo?
Castillo llegó al gobierno porque un sector de la población lo percibió como un personaje ajeno a la cuestionada “clase política” vinculada a la podredumbre del régimen y porque durante la primera vuelta, el eje de su campaña fue el cuestionamiento a la vieja institucionalidad sostenida en la constitución de 1993, ha ello se deben sus críticas al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, el poder judicial y el poder ejecutivo. Esto llevó a que su discurso empalme con la bronca de los votantes de las regiones más empobrecidas y golpeadas por la crisis, fundamentalmente del interior del país.
Además de ello, su conservadurismo en relación a los derechos de las mujeres y la diversidad sexual lo llevaron a empalmar con los sectores conservadores de la sociedad peruana, donde la influencia de las iglesias evangélicas y la iglesia católica es muy fuerte.
Para la segunda vuelta las cosas cambiaron significativamente dándose una paulatina derechización en su discurso y su práctica política. No solo se alió al frente centro izquierdista Juntos por el Perú liderado por Verónika Mendoza el cual se encuentra muy adaptado a la institucionalidad burguesa, sino que también firmó la denominada “proclama ciudadana” donde se comprometió a respetar la constitución del 93 y el estado de derecho. A la campaña racista y macartista que implementó contra él la derecha agrupada en torno a Keiko Fujimori, Castillo respondió llamando a la unidad de todos los peruanos y desmarcandose públicamente de cualquier filiación comunista, marxista o chavista. Esto vino acompañado del abandono del cuestionamiento al modelo neoliberal así como del llamado a implementar una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución de 1993.
Tras conocerse los resultados preliminares que ponían de manifiesto su victoria en la segunda vuelta, lo cual llevó a que el fujimorismo trate de boicotear la proclamación oficial de los resultados electorales, Castillo nunca llamó a la movilización y la lucha social, a pesar que para ese entonces diversos sectores de la población empezaron a movilizarse exigiendo el respeto a la voluntad popular en las urnas e incluso un sector importante de sus simpatizantes de las provincias viajaron a la ciudad de Lima..
En una muestra más de que su gobierno respetará los lineamientos neoliberales llamó públicamente a Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva BCR, a mantenerse en su cargo. Con esto lo que buscaba era darle tranquilidad a los organismos financieros internacionales y a las grandes multinacionales, así como a los medios de comunicación locales y a los grupos empresariales nacionales. Este viraje llevó a que su eventual gobierno sea reconocido por el Departamento de Estado norteamericano y por otras instancias internacionales vinculadas a los grupos de poder económico.
En estos últimos días, Castillo se ha reunido con diferentes figuras de la derecha peruana, dentro de los cuales podemos mencionar a Ollanta Humala, George Forsyth, Julio Guzman y Daniel Salaverry, este último fue militante del derechista partido aprista, luego militó en el fujimorismo y actualmente hace parte de Somos Perú junto al ex presidente Martin Vizcarra. Salaverry fue presentado hace poco como el encargado de la transferencia del ministerio de Transportes y Comunicaciones. En ese marco de amplitud, Castillo hizo recientemente un llamado a Keiko Fujimori a sumarse “a trabajar por el Perú”, este mismo llamado lo hizo extensivo a todas las fuerzas políticas del país,
mientras que en un congreso partidario de su organización les dejaba claro a sus militantes que ellos no le pondrían ni la agenda ni los funcionarios públicos ya que él “no estaba obligado a seguir posiciones radicales” y que “la Constitución se cambiará (solo) si el pueblo lo pide”.
Para corroborar esta tendencia y para que no queden dudas, la congresista Betsy Chavez, una de las parlamentarias más mediáticas del nuevo gobierno, la cual gozaría de la venia de Castillo, dijo hace poco que “no es momento para la asamblea constituyente” y que ahora lo fundamental es salir de la crisis sanitaria y reactivar la economía, mientras que el tema del cambio de constitución se vería más adelante en el Congreso de la República.
Al parecer y como lo reconoce el mismo Castillo, estaríamos entonces ante un gobierno que apuesta por construir un proyecto de unidad nacional con la burguesía, lo cual desnaturaliza cualquier posibilidad de cambio que beneficie a las grandes mayorías explotadas y oprimidas ya que para avanzar hacia una Asamblea Constituyente que nos permita acabar con el régimen político del 93 que legaliza el saqueo neoliberal, necesariamente tendremos que enfrentar con la movilización y la autoorganización de los trabajadores y los sectores populares a esos empresarios que hoy, de la mano de sus partidos y sus técnicos, empiezan a ingresar por la puerta grande al gobierno de Pedro Castillo.
