Los familiares del joven acribillado por la policía de Acción Táctica el pasado 4 de enero, fueron testigos directos de la complicidad de la Fiscalía y sus propios abogados defensores.
Sábado 26 de septiembre de 2015
Con menos de 24 horas de aviso, la fiscalía convocó a los familiares del joven asesinado por la Policía a una audiencia donde el juez definiría si prorrogaba o no, la prisión preventiva a los cuatro imputados por el asesinato de Jonatán. También, allí mismo, el fiscal Adrián Spelta en acuerdo con los abogados Paul Krupnik y Gustavo Feldman, quienes representan a la querella de la familia pero sin el aval de ellos, iba a solicitar el cambio de carátula para tres de los imputados. Del cargo de homicidio, se aprestaban a solicitar el de abuso de armas, que lógicamente es otra figura penal, con menor pena.
Luego de una hora de espera, los familiares se enteraron en el mismo pasillo que recorrerían para ir a la sala de audiencias, que había un retraso porque uno de los imputados estaba en su domicilio cuando supuestamente todos estaban en la cárcel, detenidos. La indignación, bronca y pedido de explicaciones a los abogados no faltaron. Supuestamente, los abogados que recorren los pasillos del tribunal todos los días, no habían sido notificados de una audiencia realizada el pasado 16 de septiembre por la tarde, donde se le otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al policía Alejandro Gálvez, porque había sido dictaminado por una jueza reemplazante.
Con dolor, impotencia y lágrimas que contagiaban, Maria Elena, madre de Jonathan denunció públicamente la disconformidad con el accionar de la justicia e inclusive de sus abogados defensores. “Nos queda la sensación de que nos están engañando, haciendo tremenda trampa. No puede ser que haya un imputado con prisión domiciliaria y nosotros no sabíamos nada. Nos están pasando por encima abogados, jueces y fiscales, ¿Cómo puede ser que no sepamos que este tipo estaba en la casa mientras mi hijo está enterrado. En qué clase de justicia estamos? Con respecto a nuestros abogados, no sé qué están haciendo. Esto es una trampa grande, para mí y para mi hijo. Buscan dejar en libertad a los responsables, estoy desesperada”, fueron las palabras de una madre con hambre de justicia.
La audiencia más corta de la historia
Ya todos acomodados en la sala 1 del Tribunal, el juez López Quintana llamó a las partes y acordaron suspender la audiencia porque por el retraso, tenían otros asuntos que atender. El resto de los argumentos fueron puro adorno. Próxima audiencia para el lunes 28 a las 11 horas. Todos se levantaron de sus asientos quedando los familiares boquiabiertos. La bronca era incontenible a esta altura de los hechos, pero peor aún, fue cuando María Elena, la mamá de Jonatán, reconoció en la audiencia a los dos abogados de los policías que se habían presentado la semana pasada en su domicilio haciéndose pasar por peritos.
“Si esto no es un carnaval, díganme qué es por favor”, se escuchaba gritar a la mamá de Jonatán. Uno de sus abogados, Feldman, intentaba tranquilizarla pero a la vez, le informaba que iban a pedir perpetua para uno de ellos, pero que para eso se necesitaba el cambio de carátula del resto de los imputados, ya que no se pudo comprobar que habían tenido la intención de matar a su hijo. Imputar los por abuso de armas e ir a un juicio abreviado para que les bajen las penas, era lo que habían acordado con el fiscal sin consultar a la familia.
Un fiscal ex defensor de narcos y abogados defensores de policías
El fiscal jefe de la Unidad especializada en Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, ha sido cruzado en varias oportunidades por el defensor general de la provincia, Gabriel Ganón, quien no duda en afirmar que el fiscal en cuestión fue abogado de integrantes de la banda narco conocida como Los Monos. A su vez, parece que es un fanático de los juicios abreviados que permiten que los imputados, especialmente cuando se trata de la Policía o narcotraficantes, se declaren culpables por lo que se les otorga el beneficio de una pena menor. La idea central sería no llegar al juicio oral para que no se ventile la podredumbre de la fuerza policial y el entramado de complicidades y encubrimiento que existe entre jueces, fiscales, abogados, policías y funcionarios políticos.
Una vez más, se confirma que tanto a nivel provincial como el caso de Jonatán Herrera, Franco Casco, Poro Vivas, Gerardo Escobar, Roberto Arrieta, y a nivel nacional, como emblema, Luciano Arruga y cientos de jóvenes asesinados diariamente por la Policía, sólo la fortaleza, lucha y movilización en las calles de familiares, amigos y organizaciones solidarias pueden desenmascarar este entramado mafioso. Una Comisión Investigadora Independiente conformada por todos ellos y abogados realmente comprometidos con las causas, con plenos poderes para poder investigar sin ser cercenados por el Estado y la justicia, sería un gran avance producto de la movilización, para llegar hasta las últimas de las consecuencias en la búsqueda de justicia.
