¿CUARTA TRANSFORMACIÓN? La austeridad y el recorte al gasto de AMLO, una política neoliberal

La política neoliberal proviene de la corriente económica “neoclásica”, una corriente que plantea que, si el Estado no interviene, la economía se puede autorregular.

Esta definición tienen como fin adelgazar la propiedad del estado al exigir la privatización del conjunto de los sectores estratégicos como energía o transporte, incluyendo a la salud y a la educación. Así los capitalistas podrán ofrecer sus servicios a precios elevados a quien pueda pagar para acceder a cuestiones básicas. Y quien no pueda que se quede en la calle.

Para avanzar en las privatizaciones y beneficiar a los futuros poseedores de las empresas estatales los gobiernos usualmente reducen el financiamiento de empresas públicas provocando su ruina, de esta forma es más fácil defender que si se privatizan determinados servicios o rubros serán mejores y más “competitivos”.

El recorte del gasto público es una medida que los organismos financieros internacionales como el FMI o el Banco Mundial, siempre "recomiendan", es decir, imponen. Su objetivo, argumentan los “especialistas” de estas instituciones al servicio de las grandes transnacionales, es que los Estados no gasten más de lo que recaudan para de esta forma no generar déficits que después tengan que cubrirse con deuda.

De este modo, los gobiernos neoliberales ajustan los presupuestos a salud, cultura, educación, investigación, apoyos sociales a sectores vulnerables, gasto en infraestructura, etc. Ajuste que recae sobre los trabajadores de las dependencias estatales, ya sea a partir de despidos o reducciones de salarios y prestaciones.

Esto plantea una necesidad crucial para los sectores directamente afectados por las políticas neoliberales, lo que pasa por organizarse de manera independiente de los patrones, líderes sindicales charros y sus partidos políticos. poniendo en pie un fuerte movimiento que imponga al gobierno las medidas para mantener e incrementar efectivamente el presupuesto destinado a atender las necesidades sociales como salud o educación.

Una de ellas es implementar una reforma fiscal que cobre impuestos progresivos a las grandes empresas. También habrá que imponer la reducción o redireccionamiento de el presupuesto asignado al ejército (el cual, si se mantiene en activo y no en sus cuarteles, aumenta enormemente los gastos), a las policías y otras instituciones como la recién creada Guardia Nacional.

La lucha debe llegar a enfrentar a las causas de la fuerte crisis que vivimos y la principal de ellas que nos mantiene como país dependiente de Estados Unidos y nos impide crecer y progresar económicamente: por ello hay que imponer la suspensión del pago de la Deuda Externa, la cual ya ha sido pagada varias veces producto de la usura que implica pagar anualmente miles de millones solo en intereses.

Hay que obligar a los funcionarios del gobierno a reducir el llamado gasto corriente, que hace referencia a los enormes sueldos y lujos de la burocracia, de los sueldos de los altos funcionarios en las dependencias, los cuales están comúnmente vinculados a los partidos políticos tradicionales, que cada funcionario gane lo mismo que un trabajador promedio.

Pero, estas medidas no las podrá llevar a cabo, ni quiere hacerlo, un gobierno que de ninguna manera está dispuesto a confrontar a las transnacionales de Trump y a su persecución a la mano de obra migrante centroamericana a través de su país y el nuestro. Ni qué decir de contradecir a las calificadoras al servicio del capital financiero transnacional. El esfuerzo tendrá que ser superior para doblegar a los lacayos nacionales del imperialismo yanqui.

Austeridad republicana ¿para quién?

Para cualquier trabajador común, es obsceno el ingreso que reciben quienes integran la llamada casta política, políticos millonarios que viven votando leyes contra el pueblo y viviendo de forma privilegiada muy por encima de la gran mayoría de la población, para no hablar de los multimillonarios sueldos de quienes integran el poder judicial.

Sin embargo, para quienes tenían alguna ilusión en que López Obrador iba aplicar medidas que verdaderamente mejorarían la situación en que vivimos, resulta que los planes del presidente no solo no acabarán con el neoliberalismo sino que lo que está haciendo es descargar la crisis capitalista, mediante el recorte del gasto estatal, sobre las espaldas de los trabajadores del Estado y los usuarios de los servicios públicos.

Atrás quedaron los tiempos de criticar los altos ingresos de los magistrados, ahora lo que se recorta es el presupuesto para investigadores, para el Instituto Mora, para medicinas en hospitales públicos, para la cultura como el intento de recorte al IMER, entre muchos otros.

El neoliberalismo sigue: más despidos y precarización

Es falso que se esté recortando a burócratas privilegiados del Estado o a aviadores ligados a partidos políticos, se está atacando a quienes mueven la ciudad en las dependencias del gobierno, que cumplen una jornada de trabajo y viven del esfuerzo del mismo, trabajadores que en muchos casos cumplen un rol vital como la atención a niños de la calle, a mujeres en situación de violencia, etc.

Al mismo tiempo, este manejo ultra ortodoxo del gasto público está afectando el propio desenvolvimiento de la economía, en sectores como salud, energía o en el campo, la “austeridad” está generando problemas.

La política neoliberal del nuevo gobierno contrasta con su discurso, mientras habla de apoyos a quienes menos tienen, profundiza la precarización de los trabajadores del Estado, con el avance del outsourcing y dejando en el desempleo a miles de empleados.

Es posible enfrentar esta política y defender nuestros derechos

Sin embargo, en este contexto de amenazas de despidos a cientos de miles y de recorte al gasto, son muy importante los pasos que vienen dando los trabajadores del Estado buscando coordinar a distintas dependencias y sectores para hacer frente a los despidos.

En el caso de las trabajadoras y trabajadores del DIF, la campaña que están levantando ellos para pelear por trabajo digno, como estabilidad y prestaciones básicas, es un ejemplo a seguir para miles de empleados públicos. No obstante, esta campaña choca directamente con los intereses del gobierno por lo que hay dos compañeras trabajadoras amenazadas de ser despedidas: Alejandra Sepúlveda y Ameyali Mancilla.

Es muy importante que apoyemos a quienes se organizan para defender sus derechos, pues pueden ser un ejemplo para que otros trabajadores se decidan también a organizarse. Además, no podemos permitir que se siga hablando impunemente de que los recortes son a aviadores cuando claramente no es así. La política neoliberal no se va a acabar con uno u otro gobierno, se va a acabar organizándonos en los centros de trabajo y exigiendo condiciones dignas de empleo.