Conversamos con Salvador Lou, dirigente de la CRT y director de Izquierda Diario. Un recorrido histórico por la relación entre movimiento democrático catalán, crisis del régimen y las tendencias a la revolución y a la contrarrevolución en el Estado español.
Jueves 19 de octubre de 2017

ID: ¿En qué otros momentos en la historia se vivió tanta tensión entre el Estado central y Cataluña?
Salvador Lou: Podríamos irnos muy atrás, desde la revuelta dels Segadors del siglo XVII o la guerra de sucesión, que concluye en 1714 con el triunfo de los Borbones y el fin de las instituciones de autogobierno catalanas. En realidad, nunca dejó de existir tensión, nunca desapareció. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX esta tensión se expresa en el enfrentamiento del Estado central con muchos sectores populares catalanes que protagonizaron motines y levantamientos en contra de las levas forzosas, las quintas, o en contra de las tendencias más regresivas del absolutismo. Y será a comienzos del siglo XX cuando esta tensión llegará a su máximo esplendor, en la década de los años ‘10 y primeros años ‘20, con el surgimiento de los sectores catalanistas en las filas de la pequeña y mediana burguesía. Por último, en la década de los años ‘30, cuando la cuestión catalana fue uno de los ejes que atravesó la segunda República hasta la guerra civil.
¿La lucha por la independencia catalana reapareció en el siglo XX muy relacionada a la lucha por la República?
Claro, como parte de las demandas democráticas que motorizaron el 14 de abril de 1931, en Catalunya tuvo una especial importancia recuperar las instituciones de autogobierno que habían quedado anuladas en 1714. Por eso cuando se proclama la República en 1931, la fórmula que adopta Maciá será la de la República catalana en el marco de la República federal española. Lo cierto es que fue una proclamación que buscaba encontrar una negociación con el gobierno provisional republicano español. Una negociación que logrará la restitución de la Generalitat y un nuevo estatuto de autonomía, pero que dejará de nuevo en el cajón la lucha por el derecho de autodeterminación, es decir, que los catalanes pudieran decidir democráticamente cuál tenía que ser su relación con el resto del Estado.
¿En qué contexto se producen los hechos de 1934, la comuna de Asturias y la proclamación de la República catalana por parte de Companys?
El bienio negro, el gobierno de la derecha, asume después de las elecciones de noviembre de 1933. Es un gobierno reaccionario con ínfulas recentralizadoras que ataca tanto la autonomía catalana como una de las reformas que se habían aprobado desde la Generalitat. En concreto se ataca una ley de reforma agraria, la Ley de cultivos catalana, que quedará anulada por parte del Tribunal constitucional de la época, el Tribunal de garantías constitucionales de la República. La Generalitat se negará a obedecer, se negará a asumir esa anulación, aprobará una nueva ley con un contenido muy similar y el gobierno volverá a anulársela. En ese clima de tensión entre las dos administraciones, con amenazas de suspensión y anulación de la autonomía, se producen los hechos de octubre del ’34.
¿Es decir que los hechos del ’34 son una respuesta a una tendencia reaccionaria en el régimen republicano?
Sí, son producto del temor del movimiento obrero a que en el Estado español se pudiera vivir algo parecido a lo que ya se había vivido en Alemania con el ascenso de Hitler. El gobierno de la derecha se estaba proponiendo la inclusión de ministros de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), un partido protofascista. Ante esto, las organizaciones obreras, sobre todo la UGT y el Partido Socialista, amenazaban con la huelga general o la insurrección en caso de que eso sucediera. Cuando finalmente el presidente de gobierno Lerroux accedió a que los ministros de la CEDA entraran al gobierno, tomaran posesión, se llamó a la huelga general. Los trabajadores pararon las actividades en gran parte del territorio, en las principales ciudades, si bien no contaron con el respaldo de las direcciones de las organizaciones reformistas que habían estado prometiendo esa insurrección. En ciudades como Madrid estos dirigentes desaparecieron. Cuando la policía fue a detener a Largo Caballero, lo encontraron en bata.
Las dos principales excepciones, donde la insurrección tomó forma, fueron Asturias, donde los obreros y campesinos mantuvieron en pie durante quince días la gloriosa comuna, y en segundo lugar Catalunya y especialmente Barcelona, donde la Alianza Obrera proclamó la huelga general, tomó algunos edificios, como la sede de la patronal, Foment Nacional del Traball.
¿Y cómo actúa la dirección independentista catalana?
El gobierno de Companys, presionado por la movilización popular, saldrá al balcón para proclamar nuevamente la República catalana. Pero será una República que se mantendrá en pie solamente durante 10 horas, el tiempo que tardará el ejército en desplegarse por la ciudad, acabar con los focos de resistencia, tanto de la Generalitat como de los trabajadores de la Alianza Obrera.
Los hechos de octubre del ’34 lo que pusieron en evidencia es que Companys no estaba dispuesto a tomar las medidas necesarias para derrotar ese golpe y para hacer viable esa República catalana, que podría haber abierto el camino para una revolución obrera en contra de la CEDA. Se negaba a tomar medidas urgentes como el armamento del proletariado, para combatir al ejército que estaba desplegándose ya por la ciudad.
Esto es algo que no nos puede extrañar, el proyecto de Companys no era el de una revolución obrera, ni de una Catalunya obrera y socialista, tenía bastante más miedo a las masas obreras armadas que al golpe, que a los militares que venían incluso a detenerle, y que lo mantendrían en prisión durante más de dos años hasta febrero de 1936. Este pavor a la revolución obrera lo repetirá Companys en 1936, cuando se inicie la revolución de julio después de la derrota del golpe y su gobierno sea el encargado de ir preparando el aplastamiento de esta revolución obrera, hasta llegar a mayo de 1937 cuando sea sanguinariamente aplastada su vanguardia en las calles de Barcelona.
Hemos visto hace unos días el discurso del Rey alineado por competo con la represión del Régimen del 78. ¿En qué otros momentos de la historia la monarquía se pegó de este modo al destino de un régimen autoritario?
Lo que vimos en el discurso del Rey fue a la Casa Real llamando a filas, llamando al orden a todos los agentes del régimen para que se pusieran detrás de una salida autoritaria frente a la crisis catalana. Una salida que pasará por la aplicación del 155 como estamos viendo en estos días. Pero que no solo será una suspensión de la autonomía, sino que para que esta pueda pasar implicará también la adopción de medidas liberticidas y de estado de excepción nunca vistas en estos 40 años de régimen del ’78. Desde la realización de ese discurso, la monarquía ata su destino a esta apuesta por una salida reaccionaria de la crisis catalana, que intenta ser también punta de lanza de algún tipo de restauración -en clave conservadora y regresiva- de un régimen que está en crisis por lo menos desde mayo del 2011.
Esta no deja de ser una apuesta arriesgada, hay otros ejemplos en la historia en los que la monarquía se embarcó en salidas autoritarias para que el régimen de turno pudiera sobrevivirse a sí mismo. El último ejemplo más claro fue el apoyo monárquico a la dictadura de Primo de Rivera en 1923, que fue la salida autoritaria que tuvo el decadente régimen de la Restauración para intentar sobrevivirse. Esto llevó a que cuando Primo de Rivera colapsó y cayó en diciembre de 1930, y quedaran por delante solamente cuatro meses más dictadura en manos del general Berenguer, cuando ésta cayó producto de las grandes movilizaciones obreras y de las manifestaciones posteriores a las elecciones municipales del 12 de abril, y a la agitación también en el campo, no solamente cayó la dictadura, sino que cayó con ella la monarquía y se proclamó la Segunda República.
Volviendo a la crisis actual, ¿qué dimensión histórica tiene el momento que estamos atravesando en el Estado español y en Catalunya?
Hoy por hoy es la principal brecha que tiene abierto el régimen del ’78. La unidad indisoluble del Estado español, aunque tenga que ser por la fuerza, es uno de los pilares fundacionales de este régimen. Cuando se elaboró la constitución, el artículo 2, que es el que consagra esta unidad reaccionaria, fue elaborado por el alto mando del ejército franquista y entregado a la mesa redactora de la Constitución como una condición para evitar un posible golpe de Estado. Por lo tanto, el hecho de que este derecho pueda ser conquistado por medio de una gran movilización popular, esa sola posibilidad, implicaría un terrible riesgo para la supervivencia misma del régimen del ’78 y de la monarquía. La monarquía se juega todo a la carta de ser la garante de la unidad de España. En el caso de no poder garantizar dicha unidad y no poder ejercer ese rol bonapartista estaría puesta en cuestión su propia continuidad.
¿Qué relación hay entre la dinámica del movimiento democrático catalán y una intervención más radicalizada del movimiento obrero y las masas populares?
Lo cierto es que el movimiento democrático catalán solo puede conseguir sus propias metas por medio de unos métodos de lucha que implicarían la movilización y la autoorganización de la clase trabajadora y del conjunto de los sectores populares, por medio de grandes manifestaciones, de cortes de carretera, de huelgas, y sobre todo de la creación de organismos de autoorganización en los barrios, en las facultades y en los centros de trabajo. Solamente así se podrá detener la embestida represiva del estado, solamente así se podrá imponer un proceso constituyente libre y soberano donde poder proclamar la independencia como es la voluntad expresada el pasado 1 de octubre por el pueblo catalán. Al mismo tiempo un proceso así permitirá abordar las demandas democráticas y sociales que siguen pendientes: cómo acabar con el paro, con la precariedad, el desmantelamiento de los servicios públicos, con medidas que necesariamente tendrían que afectar a los grandes capitalistas como el reparto de las horas de trabajo, la nacionalización de la banca, etc. Es decir, el movimiento democrático catalán podría plantearse la consecución de sus demandas centrales como es el derecho a la autodeterminación, la posibilidad de abrir un proceso de transformación radical de la sociedad, y que el tipo de República que se conquistara fuera no una república burguesa como la que quieren Puigdemont y el PDeCat, sino una República de los trabajadores, una república socialista.
Como revolucionarios internacionalistas, ¿cómo pensar la relación entre el movimiento democrático catalán y la lucha por la unidad de la clase trabajadora de todo el estado español?
Una movilización de este tipo necesariamente tiene que buscar la alianza con el resto de los sectores del Estado español. Por otro lado, si es la clase trabajadora la que disputa la hegemonía del movimiento democrático, la que disputa la dirección, a los sectores de la mediana y pequeña burguesía que hoy la ostentan, sería mucho más sencillo establecer esa unidad con la clase trabajadora del resto del Estado. Que pudieran ver en la lucha del pueblo catalán una oportunidad para acabar con el régimen del ’78, que se estableciera una lucha común contra el régimen y por establecer procesos constituyentes en todo el Estado, acabar con la monarquía, y pelear por la perspectiva de una Federación Libre de Repúblicas socialistas en todo el Estado español. Para ello, es condición sine qua non que la izquierda y las organizaciones obreras de todo el Estado español asuman en primer lugar la defensa del derecho a la independencia de los catalanes, una voluntad que quedó expresada contundentemente el 1 de octubre y con la huelga general del 3 de octubre.