El Sename es uno de los legados de la dictadura que más se ha cuestionado y rechazado furiosamente en las calles durante las actuales movilizaciones comenzadas en octubre. ¿Cuál rol juega las reformas del gobierno y cuál la masa movilizada?
Sábado 14 de diciembre de 2019
El estallido social ha traído consigo cuestionamientos profundos al régimen político, al gobierno, pero por sobre todo a los pilares fundamentales de la herencia de la dictadura, como las AFP, la privatización de la salud, educación y recursos naturales entre otros. Uno de estos cuestionamientos va dirigido al Sename.
Esta institución ha tenido graves casos de abuso físico, sexual, maltrato y muerte de niños en sus recintos. Sin ir más lejos, en julio de este año, el Diputado René Saffirio (ex DC) acusó al ministro Larraín y al fiscal Jorge Abbott de ocultar información sobre maltratos en el Sename, teniendo conocimiento de un informe de la PDI al respecto. Incluso, Saffirio habló de tráfico de órganos dentro de la institución. Si bien el gobierno desmiente esta información, el anterior nombrado informe de la PDI revela que en el 2017 constataron 2.071 casos de abusos en los cuales se incluye 310 de connotación sexual. Así mismo, un informe entregado por el Ministerio de Justicia da cuenta de un registro de 15 muertes de niños y adolescentes bajo la supervisión del Sename, sólo entre enero y marzo de este año.
Es importante destacar que el Servicio Nacional de Menores fue creado en 1979, plena dictadura y es dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el fin de criminalizar y judicializar a los niños y adolescentes pobres, que viven las más precarias y violentas condiciones de vida que les arroja el sistema neoliberal impuesto por Pinochet en esta misma dictadura. Más aún, con la “vuelta de la democracia” los diversos gobiernos de la Concertación y la derecha han sido (y siguen siendo) cómplices de la constante pauperización de la institución y de las graves violaciones a los Derechos de los Niños. Sin ir más lejos, a principio de este año, el gobierno impulsó un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a 15 años, aunque son datos conocidos que el 50% de la población penal adulta pasó en su niñez por algún centro del Sename y que cerca de 1.600 niños y niñas entran al año a la justicia juvenil por haber empezado a delinquir mientras estaban bajo la tutela de esta institución. También han surgido diversas denuncias de prácticas antisindicales, acoso y agobio laboral hacia los trabajadores de sus centros. En última instancia, los centros del Sename funcionan como verdaderas cárceles para los niños y niñas que están más expuestos a las miserias del sistema capitalista neoliberal y como trinchera de la naturalización del trabajo precario de los funcionarios públicos que está en directo contacto con los sectores más empobrecidos de la población.
Entonces, ¿Qué hay que hacer con el Sename?
Hasta ahora, todos los proyectos presentados por los distintos gobiernos para “mejorar” esta institución, han sido parches que no cambian en nada su estructura ni objetivos. El pasado 2 de octubre, el Senado despachó un proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este pretende reemplazar al Sename generando más centros de internación para menores infractores de ley, habilitando fiscales y jueces especializados en delito juvenil (incluso promete un gasto de 900 millones de dólares en este proyecto) y aplicando reformas varias que en el fondo sólo refuerzan el carácter punitivo actual de la institución sin tocar un pelo el problema de fondo que es la pobreza generada por el sistema político y económico de brutal explotación que defiende este gobierno en complicidad con los partidos tradicionales.
Pero ¿es todo esto suficiente para dar una verdadera solución a todos los niños, niñas y jóvenes tutelados por el Sename? Definitivamente no, es necesario que exista un sistema educacional y de hogares que sean directamente administrado por profesionales y trabajadores de la educación y la salud, que garantice alimentación, cuidados y tratamientos médicos y sicológicos, educación acorde a las necesidades específicas de estos niños, separado de las instituciones de justicia que los encarcela por ser pobres pero que exculpa y protege a los ricos y a sus hijos. Que al mismo tiempo garantice condiciones laborales que respeten los derechos de los trabajadores. Todo esto financiado directamente por el Estado.
Mirando aún más allá, para solucionar de fondo este problema, hay que acabar con la pobreza generada por la explotación de este sistema capitalista. El Ingreso Mínimo Garantizado aprobado recientemente en el parlamento, anunciado por Piñera como un gran aporte para luchar contra la pobreza, es realmente una miserable migaja que ni siquiera se acerca al valor de la canasta básica familiar.
Las actuales movilizaciones traen a la palestra el tema del Sename porque es también una herencia nefasta de la dictadura que durante estos 30 años de “democracia” ha colaborado a la precarización de la vida del conjunto de la sociedad chilena. Una Asamblea Constituyente libre y soberana es la instancia para que el pueblo pobre y explotado discuta y decida en su totalidad el destino del Sename como también del sistema completo.
"La vida es hermosa. Que las futuras generaciones la libren de todo mal, opresión y violencia y la disfruten plenamente." -León Trotsky.
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